La guía introduce la regulación basada en el rendimiento (PBR) para las compañías eléctricas, explicando su necesidad, objetivos, herramientas e implementación. A diferencia de la regulación tradicional basada en el costo del servicio (COSR), la PBR busca alinear los incentivos de las empresas eléctricas con los intereses de los clientes y la sociedad. La guía describe el modelo de negocio de las empresas eléctricas y cómo influye en sus decisiones y resultados. En el modelo COSR tradicional, el proceso de fijación de tarifas se centra en los gastos de capital, lo que genera problemas que requieren una reforma del modelo de negocio de las utilidades, incluso con la implementación de la Ley de Reducción de la Inflación. La PBR se presenta como un conjunto de herramientas diseñadas para compensar a las utilidades según su rendimiento en comparación con los objetivos establecidos, en lugar de basarse únicamente en los costos. Se mencionan otras herramientas de regulación alternativa y los procesos de PBR, incluyendo estudios de caso y lecturas adicionales para proporcionar ejemplos del mundo real y recursos adicionales. La guía está estructurada para lectores con diversos niveles de conocimiento sobre PBR, desde principiantes hasta aquellos que buscan un repaso de conceptos específicos, y su objetivo es apoyar la comprensión de los conceptos básicos de PBR, sus ventajas y desventajas, y consideraciones importantes para su implementación. La evolución de la regulación de utilidades y la necesidad de reformas para cumplir con los objetivos energéticos modernos es un tema central. La regulación tradicional del costo del servicio (COSR) fue diseñada para objetivos del siglo XX, que difieren significativamente de las prioridades energéticas actuales, como la reducción de emisiones de carbono, la flexibilidad del sistema, la equidad energética y la justicia, además de los objetivos tradicionales de fiabilidad y asequibilidad. COSR crea incentivos perversos que obstaculizan la transición hacia una energía limpia y asequible, como la sobreinversión en proyectos de capital y la preferencia por proyectos intensivos en capital sobre los gastos operativos. Además, incentiva el aumento de ventas de energía y la resistencia a soluciones de terceros y de propiedad del cliente. Estos incentivos minan la inversión en alternativas rentables como las tecnologías de mejora de la red (GET) y la gestión del lado de la demanda (DSM). La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) ofrece nuevas oportunidades para que las utilidades inviertan en recursos limpios, pero se necesita la regulación basada en el rendimiento (PBR) y otras reformas regulatorias para alentar a las utilidades a aprovechar estas oportunidades y asegurar que los clientes se beneficien de estos cambios. La regulación evolutiva es esencial para alinear los incentivos de las utilidades con los objetivos energéticos modernos y maximizar los beneficios de los cambios legislativos recientes como la IRA.

La regulación basada en el rendimiento (PBR) tiene el potencial de incentivar a las utilidades a adoptar prácticas más rentables y sostenibles. PBR puede fomentar la inversión en tecnologías de mejora de la red (GET) y la gestión del lado de la demanda (DSM) mediante la creación de nuevos incentivos para minimizar costos y mejorar la asequibilidad, fiabilidad y equidad social de la energía. Entre las herramientas de PBR se destacan el desacoplamiento de ingresos, que separa los ingresos de las utilidades de las ventas de energía, eliminando el incentivo de aumentar las ventas y mejorando la estabilidad de los ingresos. Este mecanismo asegura que las utilidades recuperen sus costos fijos aprobados, sin más ni menos, ajustando las diferencias entre los ingresos permitidos y los reales. Los planes de tarifas plurianuales, la igualación de capex y opex, los indicadores de rendimiento y las tarjetas de puntuación, los mecanismos de incentivos de rendimiento y la evaluación comparativa también son parte de PBR. El desacoplamiento de ingresos, en particular, se centra en la recuperación de costos fijos y no compensa a las utilidades por la energía no entregada, beneficiando tanto a las utilidades como a los clientes al mantener las tarifas estables y eliminar los desincentivos para la eficiencia energética y la generación distribuida. Sin embargo, una desventaja clave es que puede reducir las oportunidades de ganancias asociadas con la electrificación beneficiosa, requiriendo posiblemente herramientas adicionales como mecanismos de incentivos de rendimiento para motivar a las utilidades. Los mecanismos de desacoplamiento de ingresos (RDM) y los planes de tarifas plurianuales (MYRP) son conceptos clave en la regulación de utilidades. Los RDM están diseñados para alinear las ganancias de las utilidades con los objetivos regulatorios, separando los ingresos del volumen de ventas y ajustando las diferencias entre los ingresos reales y autorizados, impidiendo que las utilidades se beneficien del aumento de ventas y asegurando que recuperen los costos fijos aprobados cuando las ventas disminuyen. Protegen a los clientes de pagar de más y reducen el riesgo de las utilidades de no recuperar costos prudentes. Los MYRP, por otro lado, establecen el requerimiento de ingresos y las tarifas base de una utilidad para varios años, incluyendo una moratoria en los casos de tarifas y un mecanismo para ajustar los ingresos con el tiempo. Estos planes fomentan la eficiencia de costos y reducen la frecuencia de los casos de tarifas, aunque pueden ser complejos y contenciosos. Componentes clave de MYRP incluyen topes de ingresos o precios, provisiones de desvío para ajustes a mitad del plan y mecanismos de arrastre de eficiencia para mantener los incentivos de eficiencia de costos. Las fórmulas basadas en índices en MYRP suelen utilizar una estructura I-X, donde I representa la inflación y X el crecimiento de la productividad, incluyendo un posible «factor de estiramiento». Este factor X se determina a través de estudios de productividad de factor total (TFP) de utilidades pares y estudios de evaluación comparativa. Interpretar el factor X requiere comprender las tendencias de crecimiento de productividad de la industria, razones legítimas para el crecimiento de insumos que superan el crecimiento de producción y la relación entre los factores I y X, junto con las limitaciones en la medición de la producción de la industria. En general, estos mecanismos buscan equilibrar la estabilidad financiera de las utilidades con la protección del cliente y fomentar la eficiencia operativa en el sector de utilidades.

El documento discute diversos conceptos y herramientas relacionadas con la regulación de servicios públicos y la fijación de tarifas basada en el desempeño (PBR). En primer lugar, introduce el Factor X, un componente en las fórmulas de límite de precios o ingresos que representa las mejoras de productividad esperadas, el cual puede ser controvertido en los procedimientos regulatorios. La igualdad entre gastos de capital (capex) y gastos operativos (opex) es otro tema relevante, ya que se busca reducir o eliminar el sesgo hacia los capex mediante estrategias como la capitalización de opex, mecanismos de incentivo al desempeño (PIMs), mecanismos de traspaso de eficiencia (ECMs) y la fijación de tarifas basada en el gasto total (totex). Este último, implementado en el marco RIIO de Gran Bretaña, aún no ha sido adoptado en Estados Unidos. Asimismo, se destacan las métricas de desempeño y las tarjetas de puntuación, que son herramientas para medir y reportar el desempeño de las utilidades, aumentando la visibilidad y reduciendo la asimetría de información, aunque carecen de incentivos financieros. Además, los Mecanismos de Incentivo al Desempeño (PIMs) combinan métricas, objetivos e incentivos financieros para motivar mejoras en áreas específicas del desempeño de las utilidades, pudiendo estructurarse de diversas maneras, como penalidades por no alcanzar objetivos o mecanismos de ahorro compartido. La relación entre métricas, tarjetas de puntuación y PIMs se manifiesta en la creación de incentivos reputacionales para las utilidades a través de paneles de datos. Los mecanismos de compartición de costos de combustible son otro tipo de PIM que abordan los problemas creados por las cláusulas de ajuste de combustible (FACs), incentivando una gestión más eficiente de los costos de combustible. Es crucial que los participantes en discusiones regulatorias comprendan estos conceptos para evaluar tanto los beneficios como las posibles desventajas de cada enfoque. En otro aspecto, el texto menciona mecanismos y estructuras tarifarias adicionales, como los Mecanismos de Compartición de Ganancias (ESMs), que dividen los excedentes de ganancias entre utilidades y clientes, reduciendo riesgos para ambas partes pero debilitando los incentivos para la contención de costos. Los Años de Prueba Prospectivos, que usan costos y ventas proyectados para establecer tarifas, reducen el retraso regulatorio, pero son desafiantes de evaluar con precisión. Las Tarifas Fijas Variables Directas (SFV) recuperan costos fijos a través de cargos fijos y costos variables a través de cargos volumétricos, eliminando el incentivo de throughput pero desalentando la conservación de energía y afectando desproporcionadamente a los clientes de bajo consumo. Los Mecanismos de Ajuste de Ingresos Perdidos (LRAMs) compensan a las utilidades por los ingresos perdidos debido a programas de eficiencia energética, aunque son difíciles de estimar con precisión y no abordan completamente el incentivo de throughput. Finalmente, los Seguimientos de Costos y Tarifas de Fórmula permiten a las utilidades recuperar costos específicos fuera de los casos tarifarios, asegurando una recuperación oportuna de costos, pero pudiendo debilitar los incentivos de contención de costos y reducir el escrutinio regulatorio. Cada mecanismo presenta sus propios beneficios y desventajas, impactando de diversas maneras los incentivos de las utilidades, el comportamiento de los clientes y los procesos regulatorios.

La regulación basada en el desempeño (PBR) en el sector de servicios públicos aborda múltiples enfoques y herramientas regulatorias alternativas, destacando la importancia de su implementación adecuada para lograr la eficiencia y equidad en los servicios. Entre estas herramientas se encuentran los mecanismos de compartición de ganancias (ESMs), que reducen riesgos en los planes tarifarios de varios años (MYRPs), aunque pueden debilitar los incentivos para la contención de costos. Los años de prueba prospectivos permiten adaptarse a condiciones cambiantes, pero pueden fomentar la manipulación de pronósticos. Las tarifas fijas variables directas (SFV) eliminan el incentivo de throughput pero son criticadas por su escasa capacidad de incentivo. Los mecanismos de ajuste de ingresos perdidos (LRAMs) pueden reducir la resistencia de las utilidades a la eficiencia energética, aunque pueden alentar prácticas oportunistas. Los rastreadores de costos aseguran la recuperación oportuna de costos específicos, pero pueden derivar en una fijación automática de tarifas basada en costos. Las tarifas de fórmula, aunque garantizan la recuperación de costos, son criticadas por no incentivar la eficiencia. En este contexto, la PBR se presenta bajo dos enfoques: la PBR incremental, que añade herramientas a la regulación tradicional basada en costos de servicio (COSR), y la PBR integral, que reestructura fundamentalmente el marco regulatorio. La PBR integral se fundamenta en cuatro pilares: incentivar la eficiencia de costos, eliminar el incentivo de throughput, igualar los incentivos para gastos de capital y operativos, y fomentar resultados específicos. Aunque la PBR incremental es más sencilla y rápida de implementar, solo contrarresta incentivos perversos existentes, mientras que la PBR integral, aunque más compleja y lenta de ejecutar, elimina estos incentivos y crea nuevas motivaciones. El avance de las reformas PBR puede realizarse a través de vías legislativas, regulatorias, ejecutivas y de las propias utilidades, cada una con sus particularidades y desafíos. En Estados Unidos, la adopción de herramientas PBR varía entre estados, con más de 15 adoptando mecanismos de incentivo al desempeño (PIMs) ligados a resultados emergentes como la equidad social, la resiliencia de la red y la flexibilidad de la demanda. Ejemplos como los de Colorado y Hawái ilustran diferentes aproximaciones: Colorado, con una implementación incremental, y Hawái, con un marco más comprehensivo y legislativamente impulsado, que incluye planes tarifarios de varios años, mecanismos de compartición de ganancias y PIMs orientados a diversos resultados. Estos casos demuestran la complejidad y la importancia de diseñar PBR de acuerdo con las necesidades y prioridades locales, destacando la intersección de la PBR con otras políticas y la necesidad de un proceso de reforma cuidadoso y prolongado para lograr los objetivos deseados en la regulación de servicios públicos.

En definitiva, la guía sobre la regulación basada en el rendimiento (PBR) para compañías eléctricas presenta un enfoque innovador y necesario para alinear los incentivos de las empresas con los intereses de los clientes y la sociedad. A diferencia de la regulación tradicional basada en el costo del servicio (COSR), que se centra en los gastos de capital y puede generar incentivos perversos, la PBR propone un conjunto de herramientas diseñadas para recompensar el rendimiento en función de objetivos específicos, como la eficiencia energética, la equidad y la reducción de emisiones de carbono. Este enfoque incluye mecanismos como el desacoplamiento de ingresos, planes de tarifas plurianuales y mecanismos de incentivos de rendimiento, que buscan fomentar la inversión en tecnologías de mejora de la red y la gestión del lado de la demanda. Además, la PBR integral, aunque más compleja de implementar, promete eliminar los incentivos negativos y crear nuevos motivadores positivos para las utilidades. Los estudios de caso y las experiencias de estados como Colorado y Hawái ilustran la diversidad de enfoques y la necesidad de adaptar la PBR a las condiciones y prioridades locales. En resumen, la implementación adecuada de la PBR es esencial para avanzar hacia un sistema energético más sostenible, eficiente y justo, maximizando los beneficios de recientes cambios legislativos y reguladores.

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