La expansión del comercio digital ha generado nuevas dinámicas que requieren respuestas regulatorias adaptadas a un entorno transfronterizo, automatizado y en constante evolución. En este contexto, la disponibilidad de información estructurada sobre marcos normativos permite identificar tendencias, vacíos y oportunidades para fortalecer la gobernanza digital. La recopilación sistemática de datos sobre leyes y regulaciones vinculadas al comercio digital en 121 economías, incluyendo 95 países en desarrollo, ofrece una base empírica para analizar cómo se configuran las condiciones jurídicas que habilitan o restringen las transacciones digitales. El enfoque adoptado se organiza en torno a tres pilares: transacciones electrónicas, regulación orientada a generar confianza y regulación de plataformas. Cada uno de estos pilares se descompone en nueve áreas temáticas que abarcan desde el reconocimiento legal de documentos electrónicos y firmas digitales, hasta la protección de datos personales, la ciberseguridad, la regulación de la inteligencia artificial y la responsabilidad de intermediarios. Esta estructura permite observar no solo la existencia de normas, sino también su alcance, aplicación y coherencia con las necesidades del entorno digital.

La trazabilidad de los datos recopilados constituye un elemento distintivo. Al vincular cada medida regulatoria con su disposición legal específica, se garantiza la transparencia y la posibilidad de verificación, lo que fortalece la utilidad del análisis para formuladores de política, investigadores y actores institucionales. Esta característica permite distinguir entre la mera existencia de una norma y su contenido concreto, facilitando comparaciones entre países y regiones. El comercio digital no se limita a la venta de bienes físicos a través de plataformas electrónicas. También incluye servicios que se ordenan y entregan digitalmente, como publicidad, almacenamiento en la nube, servicios financieros, atención médica virtual o análisis de datos. Por ello, las regulaciones relevantes no siempre se presentan como normas específicas para el comercio internacional, sino como disposiciones generales que afectan tanto a proveedores locales como extranjeros. La naturaleza transfronteriza de estas actividades hace que cualquier regulación nacional tenga implicaciones más allá de sus fronteras.

La protección del consumidor en línea, por ejemplo, requiere marcos que contemplen mecanismos de resolución de disputas, transparencia en las condiciones de venta y garantías sobre la calidad de los productos o servicios. La ausencia de estas normas puede generar desconfianza, limitar la participación de usuarios y obstaculizar el crecimiento de los mercados digitales. De igual forma, la regulación sobre protección de datos debe equilibrar la necesidad de privacidad con la fluidez de los intercambios, evitando restricciones innecesarias que fragmenten el ecosistema digital. La regulación de plataformas digitales plantea desafíos adicionales. La responsabilidad de los intermediarios, la gestión de contenidos, la interoperabilidad y la transferencia de datos entre jurisdicciones son temas que requieren enfoques coordinados. La base de datos permite observar cómo distintos países abordan estos temas, qué soluciones han adoptado y qué elementos aún están ausentes en sus marcos normativos.

Este tipo de análisis resulta especialmente útil para países en desarrollo que buscan integrarse a la economía digital sin replicar modelos que exigen capacidades institucionales difíciles de alcanzar. La información recopilada puede servir como referencia para adaptar buenas prácticas, diseñar reformas normativas y priorizar áreas de intervención. Además, permite evaluar el grado de alineación con compromisos internacionales, como acuerdos de comercio electrónico o tratados multilaterales. La regulación digital, entendida como un conjunto de herramientas jurídicas que habilitan, ordenan y protegen las transacciones electrónicas, debe evolucionar al ritmo de la tecnología. Contar con datos verificables, comparables y actualizados sobre el estado de estas regulaciones es un paso necesario para construir entornos digitales más seguros, inclusivos y eficientes.

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https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/820a4c41-d404-43c3-a3a1-faae5c949858

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2c3f227c-7265-40e7-aef4-b7a2cf9d275d/content