El almacenamiento de energía se ha posicionado como una pieza estratégica para transformar los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe, debido a la creciente incorporación de energías renovables y a la necesidad de contar con infraestructuras capaces de gestionar la variabilidad asociada al sol y al viento. A medida que la región avanza hacia metas de descarbonización, se hace evidente la importancia de tecnologías que permitan equilibrar la oferta y la demanda, mejorar la confiabilidad del suministro y extender el acceso energético hacia zonas remotas donde las redes convencionales resultan insuficientes. En este contexto, el almacenamiento adquiere relevancia tanto en la gestión de excedentes renovables como en la optimización del despacho eléctrico y el fortalecimiento de la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

El panorama regional muestra una matriz energética diversa, con amplia presencia hidroeléctrica y una rápida expansión de la capacidad solar y eólica. Sin embargo, la integración efectiva de estas fuentes enfrenta desafíos inherentes a su naturaleza variable. Por ello, diversas tecnologías de almacenamiento ofrecen alternativas complementarias. Entre ellas destacan las baterías de ion-litio, cuya reducción de costos e incremento en densidad energética han favorecido su rápida adopción. Asimismo, soluciones mecánicas como el bombeo hidráulico y los volantes de inercia, junto con opciones térmicas o químicas como las sales fundidas, el hidrógeno verde y el amoníaco, enriquecen el abanico de posibilidades según las características del sistema eléctrico y la duración requerida para almacenar energía. El avance tecnológico ha permitido que estos sistemas evolucionen desde aplicaciones piloto hacia proyectos de mayor escala. Aun así, la región mantiene brechas importantes en infraestructura, digitalización y acceso a tecnologías modernas, especialmente en zonas rurales o redes débiles. Paralelamente, la falta de estandarización y de marcos regulatorios actualizados dificulta la inserción de estos sistemas como recursos plenamente reconocidos dentro del mercado eléctrico. En numerosos países aún persisten vacíos legales respecto de su definición, lo que genera incertidumbre sobre su rol y limita su participación en esquemas de remuneración.

La dimensión regulatoria emerge entonces como un elemento decisivo. Países como Chile, Brasil y México han avanzado mediante definiciones legales específicas, mecanismos de pago por capacidad y adaptación de reglas de interconexión. Estos avances ofrecen ejemplos que permiten visibilizar cómo la claridad institucional habilita la inversión y reduce el riesgo percibido. Junto con ello, la estabilidad normativa logra atraer proyectos bancables y facilita el diseño de subastas híbridas que integran renovables y almacenamiento. Desde la perspectiva financiera, persisten obstáculos significativos. Aunque los costos han disminuido, las inversiones iniciales siguen siendo elevadas y la banca local raramente dispone de instrumentos adaptados a esta tecnología. La participación de organismos multilaterales ha sido decisiva en la etapa de pilotos, pero el despegue a gran escala requiere ampliar el acceso a capital concesional, garantías, mecanismos de mitigación de riesgos y fuentes de financiamiento verde. Esto se complementa con la necesidad de fortalecer capacidades locales en estructuración de proyectos, análisis técnico y gestión de riesgos.

Además de los elementos técnicos y financieros, la dimensión social ocupa un lugar central. La percepción pública del almacenamiento aún es limitada y, en algunas comunidades indígenas y rurales, la ausencia de procesos de diálogo o consulta ha generado resistencia. Por ello, la inclusión comunitaria, la transparencia y la comunicación clara resultan esenciales para asegurar la legitimidad social de los proyectos. En paralelo, la gestión ambiental del ciclo de vida, incluyendo reciclaje, manejo de residuos y gobernanza de minerales críticos, se convierte en una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad del sector. A medida que la región se proyecta hacia escenarios de mayor penetración renovable, el almacenamiento surge como un habilitador de flexibilidad, seguridad energética y planificación integrada. Sus beneficios no solo se relacionan con la eficiencia operativa del sistema, sino también con la posibilidad de impulsar nuevos modelos de generación distribuida, microrredes comunitarias y soluciones que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles. A través de políticas coherentes, inversión sostenida, cooperación regional e innovación tecnológica, América Latina y el Caribe pueden consolidar un sistema energético más resiliente, sostenible y alineado con las metas climáticas globales.

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https://www.olade.org/publicaciones/libro-blanco-del-almacenamiento-en-america-latina-y-el-caribe-2025/

https://www.olade.org/wp-content/uploads/2025/10/LIBRO_ESPANOL_FINAL.pdf