La transición energética en el Sudeste Asiático se encuentra en un momento decisivo, marcado por el crecimiento acelerado de la población, la urbanización y la industrialización. Este contexto ha duplicado la demanda energética desde el año 2000 y proyecta que la región representará una cuarta parte del incremento mundial en la próxima década. Frente a este panorama, la diversificación hacia fuentes renovables se convierte en una estrategia que no solo busca reducir emisiones, sino también generar beneficios sociales y económicos de amplio alcance.

En primer lugar, la planificación energética adquiere relevancia porque permite anticipar los impactos de la transformación del sistema. A través de escenarios como el de Políticas Declaradas (STEPS) y el de Compromisos Anunciados (APS), se observa cómo la dependencia de combustibles fósiles puede disminuir progresivamente si los países cumplen sus metas climáticas. Mientras que el carbón aún sostiene cientos de miles de empleos, especialmente en Indonesia, las proyecciones muestran un descenso significativo en su demanda hacia mediados de siglo. En contraste, las energías renovables podrían cubrir hasta dos tercios de la matriz energética en 2050, siempre que se logre multiplicar la inversión en proyectos de bajas emisiones. Asimismo, el desarrollo de empleos vinculados a la energía limpia refleja un cambio estructural en el mercado laboral. Desde 2015, la proporción de trabajadores en sectores de bajas emisiones ha crecido de manera constante y se espera que alcance más de la mitad del total en 2035. Sin embargo, este proceso exige políticas de protección social y programas de capacitación que acompañen la reconversión de quienes dependen de industrias fósiles. La expansión de la manufactura limpia, con fábricas de baterías y vehículos eléctricos en países como Indonesia y Tailandia, abre nuevas oportunidades de empleo de mayor valor agregado, aunque también plantea retos relacionados con la informalidad laboral en la minería de minerales críticos.

Por otra parte, la distribución equitativa de los beneficios energéticos constituye un aspecto central. El acceso a electricidad ha alcanzado al 95% de la población, pero aún persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. La cocina limpia ha avanzado notablemente, aunque más de 130 millones de personas continúan utilizando biomasa o queroseno, lo que mantiene altos niveles de contaminación doméstica. Además, el aumento proyectado en la demanda de refrigeración, impulsado por el crecimiento de ingresos y el cambio climático, puede intensificar las preocupaciones de asequibilidad. En este sentido, garantizar que los hogares de menores ingresos puedan acceder a tecnologías modernas resulta indispensable para evitar que las transiciones energéticas profundicen brechas sociales. La participación social también se convierte en un eje de acción. La inclusión de jóvenes, mujeres e indígenas en los procesos de decisión fortalece la legitimidad de las políticas y ayuda a prevenir impactos negativos en comunidades vulnerables. En el caso de los minerales críticos, cuya extracción se concentra en territorios indígenas, la gestión responsable es necesaria para evitar degradación ambiental y riesgos sanitarios. De igual manera, los diálogos sociales y la consulta con actores locales permiten diseñar estrategias que reflejen las realidades diversas de la región.

En el plano financiero, el costo de capital elevado constituye un obstáculo para ampliar la inversión en energías limpias. En comparación con economías avanzadas, los proyectos en el Sudeste Asiático enfrentan tasas de retorno más altas, lo que encarece su viabilidad. Factores como procesos de permisos complejos, riesgos percibidos y limitada infraestructura de transmisión dificultan la expansión. Reducir estas barreras no solo favorecería la atracción de capital privado, sino que también permitiría que la región aproveche su potencial como centro manufacturero de tecnologías limpias. La adopción de principios internacionales, como los diez acordados por el G20 en 2024, ofrece un marco para orientar las transiciones hacia la equidad y la sostenibilidad. Estos principios abarcan desde la planificación energética hasta la creación de empleos de calidad, pasando por la protección social y la participación inclusiva. Al integrarlos en políticas nacionales y regionales, los países del Sudeste Asiático pueden avanzar hacia un futuro energético que combine seguridad, asequibilidad y justicia social. En consecuencia, la transición energética no se limita a un cambio tecnológico, sino que se convierte en un proceso de transformación social y económica que requiere coordinación, inversión y compromiso colectivo.

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https://www.iea.org/reports/southeast-asia-indicators-handbook-for-just-and-inclusive-transitions

https://iea.blob.core.windows.net/assets/07f46fca-36a0-4993-aa72-17a800105c02/SoutheastAsiaIndicatorsHandbookforJustandInclusiveEnergyTransitions.pdf