Legisladores de Nueva Jersey aprobaron un proyecto que ordena a la Junta de Servicios Públicos establecer estándares tarifarios para centros de datos con demanda mínima de 50 megavatios. La medida busca proteger a los demás usuarios frente a costos de conexión, refuerzos de red y expansión causada por la aceleración de la inteligencia artificial. El texto aplica a instalaciones nuevas y existentes, reduce el umbral que en una versión anterior era de 100 megavatios y queda pendiente de decisión por parte de la gobernadora Mikie Sherrill, cuya agenda ha priorizado asequibilidad energética.
El proyecto se enfoca en centros de datos y no en todas las cargas grandes. La autoridad regulatoria deberá determinar qué costos son atribuibles a estos clientes y podrá agrupar demandas máximas mensuales de instalaciones bajo propiedad común, ubicadas en el mismo sitio o con infraestructura compartida, para evitar fragmentación artificial. También exige programas de respuesta de demanda y eficiencia, compromisos de flexibilidad, reportes de desempeño y prioridad de desconexión de grandes centros de datos antes que usuarios residenciales durante emergencias del sistema. Los solicitantes deberán demostrar que sus proyectos no son duplicativos y entregar garantías financieras para tomar o pagar al menos 85 por ciento del servicio solicitado durante diez años.
El componente digital se convierte en asunto regulatorio porque la demanda de cómputo ya no es marginal. Centros de datos pueden concentrar consumos comparables con cargas industriales pesadas, presionar redes locales y trasladar riesgos de inversión a usuarios cautivos si no existen señales tarifarias adecuadas. La iniciativa premia proyectos que incorporen generación limpia o almacenamiento propio mediante prioridad de interconexión. Para empresas eléctricas, el aprendizaje está en diseñar reglas de conexión con trazabilidad de costos, flexibilidad operativa verificable y garantías de uso de capacidad. La expansión de inteligencia artificial debe integrarse en la planeación del sistema, evitando que la digitalización deteriore equidad tarifaria o confiabilidad.
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