La incorporación de sistemas avanzados de inteligencia artificial en actividades cotidianas está transformando la manera en que las personas interactúan con los mercados digitales. Mientras que las herramientas actuales suelen asistir a los usuarios mediante recomendaciones o comparaciones de productos, una nueva generación de soluciones está comenzando a ejecutar tareas de forma autónoma. Estos agentes inteligentes pueden buscar información, comparar alternativas, realizar compras, contratar servicios o cambiar de proveedor sin que el usuario participe directamente en cada etapa del proceso. Este cambio representa una transformación significativa en las relaciones entre consumidores, empresas y plataformas digitales, generando nuevas oportunidades de eficiencia, pero también importantes desafíos regulatorios.

El estudio plantea que gran parte de las normas de protección al consumidor vigentes fueron diseñadas bajo la premisa de que una persona es quien recibe la información relevante, evalúa las opciones disponibles y toma la decisión final de compra. Cuando un agente inteligente interviene como intermediario entre el consumidor y el proveedor, muchos de estos supuestos dejan de cumplirse. Aspectos fundamentales como la entrega de información previa, la aceptación de condiciones contractuales, la autorización de pagos o el reconocimiento explícito de determinadas obligaciones pueden volverse difíciles de aplicar en contextos donde las decisiones son delegadas a sistemas automatizados. 

La investigación identifica múltiples riesgos asociados a estos nuevos entornos digitales. Entre ellos se encuentran la falta de transparencia en los criterios utilizados por los agentes para seleccionar productos, posibles conflictos de interés cuando los sistemas favorecen determinadas ofertas, dificultades para verificar la calidad de las recomendaciones y vulnerabilidades derivadas de intentos de manipulación externa. Asimismo, se advierte que los consumidores podrían enfrentar mayores dificultades para determinar responsabilidades cuando una transacción es ejecutada incorrectamente o genera resultados distintos a los esperados. Estos desafíos adquieren mayor relevancia a medida que aumenta la autonomía y capacidad de decisión de los sistemas basados en inteligencia artificial. 

El análisis también examina la interacción entre la protección al consumidor y otros ámbitos regulatorios relacionados con inteligencia artificial, responsabilidad por productos, servicios digitales y contratación electrónica. En este contexto, se destaca la necesidad de construir marcos normativos coherentes que permitan distribuir de manera clara las responsabilidades entre consumidores, desarrolladores de agentes inteligentes, plataformas digitales y proveedores de bienes y servicios. Asimismo, se propone incorporar mecanismos de protección directamente dentro de la arquitectura tecnológica de los sistemas, evitando depender exclusivamente de requisitos informativos diseñados para interacciones humanas tradicionales. 

Desde una perspectiva estratégica, el estudio concluye que la expansión de la inteligencia artificial agéntica requerirá una adaptación progresiva de los marcos regulatorios para garantizar niveles adecuados de protección sin obstaculizar la innovación. La construcción de entornos digitales confiables dependerá de la capacidad para equilibrar autonomía tecnológica, transparencia, responsabilidad y derechos de los usuarios. Los hallazgos ofrecen orientaciones para responsables de política pública, organismos reguladores, empresas tecnológicas y organizaciones de protección al consumidor interesadas en preparar sus marcos de actuación para una economía digital crecientemente impulsada por agentes inteligentes.

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