El aumento en la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales ha transformado la inversión federal en recuperación, que dejó de limitarse a reparar y reemplazar. Durante décadas el mandato fue restaurar lo perdido con la mayor rapidez posible, pero con cada evento se vuelve más difícil justificar el costo de reconstruir con estándares del pasado ante más inundaciones, vientos más intensos e incendios forestales más comunes. En 2015, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) lanzó una competencia nacional que, por primera vez, vinculó los fondos de recuperación con resultados de resiliencia, con exigencias de planeación por fases, diseño informado por el riesgo y restauración de ecosistemas. Ese estándar se institucionalizó con el componente de mitigación de CDBG-DR, de 15% de las asignaciones y elevado a 18% en la nueva legislación, y con programas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) como BRIC. Los estados enfrentan, sin embargo, demoras excesivas tras los desastres, escasez recurrente de fondos que obliga a priorizar necesidades urgentes y poca capacidad para justificar y cuantificar el retorno de los proyectos de mitigación.
La nueva ley, la 21st Century ROAD to Housing Act, busca resolver parte de estos problemas. Al autorizar CDBG-DR por tres años, permite que HUD asigne fondos a las comunidades afectadas dentro de los 90 días siguientes a un desastre declarado por el presidente, frente a los 18 a 24 meses que tomaba el Congreso en aprobar asignaciones suplementarias. La norma exige a HUD definir las zonas propensas a amenazas y a los beneficiarios cumplir estándares de construcción y requisitos de compra de seguros en ellas; obliga a incluir la mitigación en las asignaciones y a planear actividades de reducción de riesgo como parte de la recuperación; permite construcción nueva de vivienda con estos fondos; y autoriza retener una parte de los recursos remanentes para preparar al personal antes del desastre y planear la mitigación de largo plazo. Los beneficiarios pueden usar estos recursos para invertir en datos y planeación confiables, estrategias de participación que atraigan otras fuentes de financiamiento, análisis de costo-beneficio rigurosos y monitoreo de desempeño.
El análisis define cuatro prácticas de recuperación resiliente. La primera es la planeación y el diseño basados en datos: los planes de acción deben incorporar datos de riesgo científicos que consideren las condiciones futuras proyectadas y no solo los eventos pasados, lo que implica ir más allá de los mapas de inundación de FEMA, y varios estados invierten en medidores de ríos y quebradas para monitorear niveles en tiempo real. La segunda es la participación comunitaria significativa, que ya es un requisito de cumplimiento, con compromiso documentado con poblaciones vulnerables y ciclos de retroalimentación que moldeen el diseño de los programas. La tercera es el análisis de costo-beneficio riguroso, con metodologías aprobadas que resistan el escrutinio federal y demuestren retornos en reducción de riesgo, actividad económica y calidad ambiental. La cuarta es la medición de beneficios y resultados de múltiples dimensiones: los proyectos deben reducir la exposición a amenazas, mejorar la calidad y asequibilidad de la vivienda, estimular la economía y restaurar sistemas naturales, y HUD exige reportar medidas de desempeño de mitigación durante toda la vida de la subvención.
La ejecución a este nivel exige con frecuencia capacidad técnica especializada: analistas de datos climáticos, especialistas en costo-beneficio, equipos de participación comunitaria, expertos en cumplimiento de subvenciones y arquitectos de medición de desempeño. Los casos citados incluyen un plan regional de recuperación de vivienda para 17 jurisdicciones de Hampton Roads, que se activó semanas después de su adopción tras un tornado, y el uso de 2,8 millones de dólares de fondos de mitigación para actualizar el mapeo de zonas inundables en Anchorage, Alaska. El documento le aporta al sector energético un marco de planeación de la resiliencia basado en datos de riesgo proyectados, evaluación económica de inversiones de mitigación, participación de las comunidades y seguimiento de resultados, aplicable a la protección de infraestructura de distribución y transmisión frente a eventos climáticos extremos.
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