La economía global avanza hacia una etapa marcada por una combinación de incertidumbre persistente, transformaciones tecnológicas aceleradas y reconfiguraciones geoeconómicas profundas. Tras décadas de relativa estabilidad, las empresas operan ahora en un entorno caracterizado por tensiones comerciales, fragmentación política, cambios en los flujos de inversión y una rápida difusión de tecnologías digitales. En este contexto, las decisiones estratégicas se vuelven más complejas, dado que los riesgos se interconectan y los beneficios potenciales emergen de manera menos predecible.

Por una parte, el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas autónomos redefine los procesos productivos, los modelos de negocio y los mercados laborales. La adopción tecnológica puede impulsar incrementos de productividad y abrir oportunidades de innovación, aunque también intensifica disrupciones en el empleo, tensiones distributivas y debates sobre gobernanza, ética y uso indebido de herramientas digitales. Al mismo tiempo, la velocidad y profundidad de esta adopción no es homogénea entre sectores ni territorios, lo que amplía brechas entre economías, empresas y trabajadores. De forma paralela, la geoeconomía adquiere mayor peso en la configuración del orden global. Las relaciones comerciales, las cadenas de suministro y los flujos de capital se reorganizan alrededor de intereses estratégicos, consideraciones de seguridad y alianzas políticas. Como resultado, el comercio internacional deja de basarse únicamente en eficiencia económica y comienza a responder a lógicas de resiliencia, control tecnológico y acceso preferencial a recursos. Esta dinámica altera la arquitectura de los mercados globales y obliga a las empresas a replantear su exposición a riesgos regulatorios, arancelarios y geopolíticos.

La interacción entre tecnología y geopolítica da lugar a futuros alternativos con implicaciones diferenciadas. En escenarios donde predomina la estabilidad internacional y la adopción tecnológica es amplia, se observan mayores niveles de crecimiento económico, expansión del comercio digital y modernización de infraestructuras productivas. Sin embargo, estos entornos también presentan tensiones sociales derivadas de la automatización, la polarización salarial y la desinformación amplificada por tecnologías digitales. En contraste, contextos de estabilidad con adopción tecnológica limitada tienden a mostrar menor dinamismo económico, retornos reducidos de la inversión en innovación y una difusión desigual de los beneficios tecnológicos. Cuando la volatilidad geopolítica se combina con una rápida adopción tecnológica, el entorno económico se vuelve más fragmentado y riesgoso. Las empresas recurren a la digitalización para compensar interrupciones logísticas y restricciones comerciales, mientras enfrentan mayores amenazas cibernéticas, costos energéticos elevados y presiones inflacionarias. Aun así, surgen oportunidades asociadas a la relocalización productiva, la diversificación de proveedores y el fortalecimiento de capacidades regionales. En escenarios donde la fragmentación geopolítica coincide con una adopción tecnológica concentrada, el crecimiento se debilita, la inversión se contrae y la innovación queda restringida a sectores estratégicos respaldados por los Estados, profundizando desigualdades entre grandes corporaciones y pequeñas empresas.

Ante esta diversidad de trayectorias posibles, la preparación estratégica se orienta hacia acciones transversales que mantienen relevancia bajo distintos contextos. El fortalecimiento de operaciones básicas proporciona margen financiero y organizacional para adaptarse a choques externos. De igual manera, el desarrollo de capacidades internas para analizar riesgos geopolíticos y anticipar cambios regulatorios mejora la toma de decisiones en entornos inestables. El uso de herramientas prospectivas, datos en tiempo real y análisis predictivo facilita la identificación temprana de tendencias y puntos de inflexión. Asimismo, la resiliencia de las cadenas de suministro adquiere mayor relevancia mediante estrategias de diversificación, regionalización y uso de tecnologías digitales para monitoreo y optimización. La inversión selectiva en tecnologías emergentes, acompañada de marcos de gobernanza adecuados, permite capturar beneficios sin amplificar riesgos. La alineación entre desarrollo tecnológico y capital humano, junto con alianzas estratégicas entre empresas, gobiernos y otros actores, contribuye a construir ecosistemas productivos más adaptables. En conjunto, estas orientaciones configuran una base para navegar una economía global cada vez más incierta y transformada.

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https://www.weforum.org/publications/four-futures-for-the-new-economy-geoeconomics-and-technology-in-2030/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Four_Futures_for_the_New_Economy_Geoeconomics_and_Technology_in_2030_2025.pdf

El gasto público orientado al cambio climático se ha convertido en un tema central para la gestión fiscal contemporánea. La necesidad de contar con sistemas de clasificación y marcación presupuestaria surge de la importancia de identificar, cuantificar y evaluar los recursos destinados a la mitigación, adaptación y gestión de riesgos climáticos. En este contexto, disponer de información estandarizada y comparable permite mejorar la eficiencia técnica y asignativa, evaluar el impacto de las políticas y analizar los riesgos fiscales asociados al clima.

La identificación del gasto climático se realiza mediante dos instrumentos principales: los clasificadores y los marcadores presupuestarios. Los clasificadores son herramientas normativas que organizan las transacciones y flujos económicos del sector público, integrando categorías como objeto del gasto, clasificación económica y funciones de gobierno. En este marco, la ampliación de la clasificación COFOG resulta relevante, pues incorpora la dimensión climática en las funciones gubernamentales. Por otro lado, los marcadores presupuestarios se orientan a objetivos específicos, como el cambio climático, y permiten identificar gastos relevantes mediante metodologías como los marcadores de Río o el CPEIR. La coherencia con los sistemas estadísticos internacionales es esencial para garantizar comparabilidad. Por ello, se busca que los sistemas de clasificación y marcación se alineen con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, el Sistema de Cuentas Nacionales y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Esta integración asegura que la información sobre gasto climático se inserte en una arquitectura estadística reconocida globalmente, lo que facilita el análisis y la investigación.

En América Latina y el Caribe se han desarrollado diferentes enfoques metodológicos. Los marcadores de Río, creados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, clasifican las actividades según su propósito climático, distinguiendo entre principal, significativo o sin incidencia. Aunque esta metodología ha sido ampliamente utilizada, enfrenta limitaciones por la discrecionalidad en su aplicación y la falta de integración con otros sistemas estadísticos. El CPEIR, impulsado por el PNUD, constituye una herramienta de diagnóstico que evalúa estrategias nacionales, cuantifica gastos climáticos y analiza la institucionalidad vinculada al financiamiento climático. Su marco analítico se basa en tres pilares: análisis de políticas, análisis institucional y análisis del gasto público climático. Además, incorpora ponderaciones de relevancia climática y considera dimensiones de pobreza y género, lo que amplía su alcance.

La metodología COFOG ampliada, propuesta por el BID, busca compatibilidad con los sistemas estadísticos internacionales y permite identificar tanto gastos de incidencia positiva como negativa. Su aplicación puede realizarse de manera ex ante, incorporando la dimensión climática en los registros contables, o de forma ex post, reclasificando gastos ya ejecutados. Esta flexibilidad facilita la integración de la perspectiva climática en los sistemas presupuestarios vigentes sin alterar su estructura básica. La comparación de metodologías muestra que todas permiten identificar gastos climáticos de propósito principal y aplicarse de manera ex post. Sin embargo, la COFOG ampliada ofrece ventajas adicionales al reconocer gastos de propósito secundario y aquellos con incidencia negativa, como los vinculados al uso de combustibles fósiles. De esta manera, se logra una visión más completa del impacto fiscal en relación con el clima.

En la región, algunos países ya han implementado sistemas de marcación presupuestaria, mientras otros exploran la aplicación de la COFOG ampliada. Este panorama evidencia avances, pero también diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los sistemas, lo que plantea la necesidad de convergencia. Para ello, se proponen principios operativos orientados a la estandarización, como la coherencia con marcos internacionales, la transparencia en la metodología y la participación de instituciones relevantes. Asimismo, se plantean líneas de acción que incluyen la capacitación de funcionarios, la integración de la dimensión climática en los sistemas de administración financiera y la promoción de redes de cooperación regional. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de los países para registrar y evaluar el gasto climático, mejorar la rendición de cuentas y facilitar el acceso a financiamiento internacional.

Siendo así, la convergencia de los sistemas de clasificación y marcación presupuestaria en América Latina y el Caribe representa una oportunidad para optimizar el uso de los recursos públicos frente al cambio climático. Al integrar metodologías diversas bajo principios comunes, se favorece la comparabilidad internacional, se mejora la eficiencia del gasto y se refuerza la capacidad de respuesta de los gobiernos ante los desafíos ambientales.

Para leer más ingrese a:

https://publications.iadb.org/es/gasto-publico-climatico-notas-para-la-convergencia-de-los-sistemas-de-clasificacion-y-marcacion

https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Gasto-publico-climatico-notas-para-la-convergencia-de-los-sistemas-de-clasificacion-y-marcacion-presupuestarias.pdf

La transformación urbana en ciudades intermedias de Kenia y Mozambique se produce en un escenario de crecimiento demográfico acelerado, expansión territorial intensa y sistemas institucionales aún en formación. En este contexto, las decisiones actuales sobre transporte, uso del suelo y gobernanza configuran trayectorias de largo plazo que influyen directamente en las emisiones, la equidad social y la calidad de vida. Aunque ambos países presentan niveles reducidos de emisiones globales, los costos locales de los sistemas intensivos en carbono (congestión, contaminación atmosférica, ineficiencia energética y desigualdad espacial), condicionan de manera profunda el bienestar urbano y la resiliencia futura.

El aumento sostenido de la movilidad motorizada acompaña el crecimiento económico y urbano. En Kenia, las emisiones del sector transporte se triplicaron en dos décadas, mientras que en Mozambique se cuadruplicaron. A la vez, la motorización privada y el auge de motocicletas se consolidan incluso en escenarios de inestabilidad económica, reforzando patrones de desplazamiento dependientes del automóvil y de servicios informales. Esta dinámica se ve amplificada por la expansión física de las ciudades: hacia 2050, el área urbanizada de Kenia casi se duplicará y la de Mozambique se triplicará, lo que incrementa distancias, costos de provisión de servicios y presiones ambientales. Sin embargo, la urbanización no representa por sí misma una amenaza. Cuando se gestiona de manera planificada, con densidades adecuadas, movilidad sostenible y espacios públicos seguros, genera beneficios ambientales y sociales. El problema surge cuando el crecimiento se produce sin coordinación institucional ni visión territorial, situación frecuente en las ciudades intermedias analizadas. De allí emerge un círculo de dependencia motorizada, congestión creciente y emisiones en ascenso, acompañado de fragmentación espacial y acceso desigual a oportunidades.

Frente a estas tendencias, el enfoque de pensamiento sistémico permite comprender las raíces estructurales de los problemas urbanos. En lugar de reaccionar ante síntomas visibles, esta perspectiva examina las interacciones entre infraestructuras, normas, comportamientos y decisiones de inversión. Mediante ejercicios participativos y herramientas de análisis sistémico, las ciudades de Nakuru, Kiambu, Beira y Quelimane construyeron visiones de futuro hacia 2050 centradas en accesibilidad, transporte público eficiente, movilidad activa, espacios públicos inclusivos y entornos urbanos saludables. Estas visiones, sorprendentemente similares entre contextos distintos, revelan aspiraciones compartidas de bienestar y sostenibilidad. El contraste entre esas aspiraciones y las trayectorias actuales expone dinámicas preocupantes. En Kenia, la expansión vial destinada a aliviar la congestión genera un efecto de demanda inducida que termina incrementando el tráfico. Esta situación se agrava por la proliferación de servicios de transporte informal —matatus y boda bodas— que, aunque indispensables para la movilidad cotidiana, intensifican la congestión y las emisiones. La expansión urbana dispersa, con desarrollos de baja densidad en la periferia, multiplica este efecto al aumentar las distancias entre vivienda, empleo y servicios.

En Mozambique, el legado de una planificación colonial con avenidas sobredimensionadas en Beira ha creado una ilusión temporal de fluidez vehicular. No obstante, esta condición oculta una trayectoria hacia una dependencia creciente del automóvil y de motocicletas, mientras los asentamientos informales alrededor del centro urbano restringen futuras opciones de expansión ordenada. Quelimane, por su parte, ofrece una experiencia singular: su fuerte cultura ciclista y la amplia presencia de taxi bikes han limitado el crecimiento del transporte motorizado y las emisiones. Aun así, el aumento poblacional, la expansión territorial y los riesgos climáticos amenazan este equilibrio frágil. Ante este panorama, se identifican puntos de alto impacto capaces de reorientar los sistemas urbanos. Estas áreas de transformación incluyen la redistribución del espacio vial hacia peatones, ciclistas y transporte público; el tránsito desde ciudades diseñadas para desplazamientos largos hacia ciudades organizadas en torno a la accesibilidad; la construcción de sistemas integrados de movilidad pública; y la modificación de aspiraciones sociales que hoy asocian progreso con el automóvil privado. Estas transiciones no solo reducen emisiones, sino que fortalecen cohesión social, salud urbana y resiliencia económica.

Las ciudades intermedias de Kenia y Mozambique se encuentran en una coyuntura decisiva. Las estructuras urbanas del futuro no dependerán exclusivamente del crecimiento poblacional o económico, sino del rumbo que adopten hoy las políticas públicas, las inversiones y las formas de gobernanza. La adopción de una visión sistémica ofrece una vía para construir ciudades más accesibles, equitativas y ambientalmente sostenibles, capaces de ofrecer bienestar duradero a sus habitantes.

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https://www.oecd.org/en/publications/climate-mitigation-in-intermediary-cities_3bdd564f-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/climate-mitigation-in-intermediary-cities_4c211417/3bdd564f-en.pdf

La urbanización en los países insulares del Pacífico ha adquirido una velocidad sin precedentes durante las últimas décadas y está reconfigurando de manera profunda sus estructuras económicas, sociales y territoriales. Este proceso ocurre en territorios pequeños, dispersos y altamente vulnerables a amenazas naturales, lo que produce una combinación compleja de oportunidades y tensiones. En este contexto, las ciudades concentran funciones económicas, administrativas y logísticas, al mismo tiempo que absorben crecientes flujos migratorios provenientes de zonas rurales y de islas periféricas. De esta forma, los espacios urbanos se convierten en nodos donde confluyen aspiraciones de bienestar, presiones ambientales y limitaciones institucionales. El crecimiento urbano responde tanto a la migración interna como al aumento natural de la población. Las disparidades en niveles de vida, empleo y acceso a servicios entre áreas rurales y urbanas estimulan el desplazamiento hacia las ciudades. A ello se suman factores culturales, educativos y ambientales que refuerzan dicha movilidad. En consecuencia, las ciudades del Pacífico reciben poblaciones jóvenes y relativamente más educadas que buscan integrarse en economías urbanas que, sin embargo, no generan empleo formal al ritmo necesario. Esta brecha favorece la expansión de mercados informales, el desempleo y la persistencia de actividades de subsistencia en entornos urbanos, reproduciendo condiciones de precariedad.

A medida que la población urbana aumenta, los sistemas de provisión de servicios muestran señales claras de saturación. El financiamiento municipal resulta limitado, los gobiernos locales dependen de transferencias centrales y las inversiones en infraestructura suelen ser fragmentadas. La consecuencia directa es una cobertura incompleta de servicios básicos como agua, saneamiento, drenaje y gestión de residuos, junto con un deterioro acelerado de la infraestructura existente. Esta restricción fiscal y administrativa alimenta un círculo de bajo crecimiento económico, escasa generación de ingresos públicos y dificultades para mejorar la calidad de vida urbana. Al mismo tiempo, la concentración poblacional incrementa la exposición a riesgos climáticos y desastres naturales. Las ciudades del Pacífico figuran entre las más expuestas del planeta a ciclones, inundaciones, terremotos, tsunamis y aumento del nivel del mar. La ubicación costera de numerosos asentamientos y la expansión hacia zonas inundables o inestables intensifican la vulnerabilidad. De este modo, los eventos extremos no solo provocan pérdidas humanas y materiales, sino que además interrumpen los procesos de desarrollo, obligando a destinar recursos escasos a la reconstrucción y debilitando las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Este escenario de riesgo se entrelaza con profundas desigualdades sociales. Los hogares de menores ingresos y los migrantes recientes suelen establecerse en áreas de mayor exposición y con menor acceso a servicios. La precariedad de la tenencia de la tierra, la expansión de asentamientos informales y los conflictos asociados al uso del suelo refuerzan estas tensiones. Sin embargo, las comunidades urbanas del Pacífico conservan elevados niveles de cohesión social, redes de apoyo y capital comunitario, lo que fortalece su capacidad de respuesta frente a crisis y contribuye a sostener la vida urbana en condiciones adversas. Frente a estos desafíos, la planificación urbana orientada al riesgo emerge como una estrategia estructurante. La articulación entre gestión territorial, inversión en infraestructura resiliente, fortalecimiento institucional y participación comunitaria ofrece un camino para transformar la vulnerabilidad en capacidad adaptativa. La incorporación sistemática de información sobre amenazas, exposición y vulnerabilidad en la toma de decisiones permite orientar el crecimiento urbano hacia configuraciones más seguras, inclusivas y sostenibles.

La urbanización del Pacífico constituye una transición histórica que redefine el futuro de sus sociedades. Las ciudades concentran tanto los mayores riesgos como las mayores posibilidades de prosperidad. Cuando el crecimiento urbano se acompaña de políticas coherentes, financiamiento adecuado y gobernanza integrada, se abren oportunidades para mejorar las condiciones de vida, diversificar las economías y fortalecer la resiliencia colectiva. Así, el desafío no reside en frenar la urbanización, sino en conducirla hacia modelos urbanos capaces de ofrecer bienestar, estabilidad y seguridad frente a un entorno ambiental cada vez más incierto.

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https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/60e27039-fd9a-4b1e-a0d2-74e043066f85

https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/47a3c57a-c275-4367-b669-fefda668a6e6/download

Las desigualdades territoriales en Colombia constituyen un rasgo persistente del desarrollo económico del país y se manifiestan en contrastes profundos en productividad, empleo, acceso a oportunidades y capacidad de crecimiento regional. Estas diferencias no solo reflejan trayectorias históricas divergentes, sino que también influyen de manera directa en los resultados agregados de la economía nacional. A su vez, dichos resultados tienden a reforzar las brechas existentes, configurando un círculo de divergencia territorial que limita el potencial de crecimiento inclusivo. Desde una perspectiva macroeconómica, el análisis territorial permite comprender cómo las barreras espaciales afectan la asignación de recursos y la generación de empleo. La conectividad limitada, la concentración de actividades productivas y la heterogeneidad institucional entre regiones condicionan la capacidad de los territorios para integrarse a los mercados nacionales e internacionales. En consecuencia, las regiones no avanzan de forma homogénea en los procesos de transformación estructural, lo que da lugar a patrones diferenciados de especialización y productividad.

A partir de esta caracterización, se identifican trayectorias regionales distintas según el nivel de desarrollo económico alcanzado. Algunas regiones muestran señales de convergencia hacia mayores niveles de ingreso y diversificación productiva, mientras otras permanecen atrapadas en dinámicas de bajo crecimiento y escasa generación de empleo formal. Estas divergencias se explican tanto por factores estructurales como por restricciones espaciales que limitan el aprovechamiento de oportunidades económicas. El análisis de la convergencia regional revela que el crecimiento agregado del país no garantiza, por sí mismo, una reducción de las brechas territoriales. Por el contrario, en ausencia de políticas diferenciadas, el crecimiento puede concentrarse en regiones ya favorecidas, ampliando las desigualdades existentes. En este contexto, la comprensión de las restricciones espaciales adquiere relevancia para diseñar intervenciones que permitan desbloquear el potencial productivo de los territorios rezagados.

Sobre esta base, el estudio se orienta hacia dos áreas de oportunidad que influyen de manera directa en las dinámicas territoriales. En primer lugar, el entorno cambiante del comercio internacional abre posibilidades para reconfigurar la inserción productiva del país. El análisis de microdatos y tendencias recientes permite evaluar hasta qué punto la reorganización de las cadenas globales de valor puede traducirse en mayores niveles de productividad y empleo, siempre que las regiones cuenten con las condiciones necesarias para integrarse a estos flujos. En segundo lugar, el Sistema General de Participaciones emerge como un instrumento central en la discusión sobre desigualdad territorial. Como principal mecanismo de transferencias interdepartamentales, su diseño y funcionamiento inciden tanto en el desarrollo económico regional como en la reducción de brechas de oportunidad. El examen de este sistema se enmarca en el proceso de reforma de la descentralización, donde se debate la capacidad de las transferencias para responder a las heterogeneidades territoriales y fortalecer las capacidades locales.

La articulación entre comercio, transferencias fiscales y desarrollo regional permite cerrar vacíos analíticos relevantes. Al considerar de manera conjunta estas dimensiones, se obtiene una visión más completa de los factores que condicionan la trayectoria de desarrollo del país. Además, este enfoque facilita la identificación de oportunidades de reforma orientadas a promover una mayor convergencia territorial. El análisis de las disparidades territoriales desde una perspectiva macroeconómica revela la necesidad de políticas que reconozcan la diversidad regional y aborden las restricciones espaciales al crecimiento. La comprensión de estas dinámicas constituye un insumo para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, capaz de reducir desigualdades persistentes y ampliar las oportunidades económicas en todo el territorio colombiano.

Para leer más ingrese a:

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/256b152b-b5bf-4941-9471-d7d835c35872

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/422e8310-4a93-477f-914d-358dee3acf13/content

El sector industrial consume aproximadamente 30% de la energía global, siendo responsable de 18% de las emisiones directas de CO₂ relacionadas con energía. Mientras la atención en descarbonización industrial se ha concentrado tradicionalmente en sectores como acero y cemento, existen oportunidades significativas en industrias menos intensivas energéticamente, incluyendo alimentos y bebidas, textiles, químicos, papel y otras manufacturas. Estas industrias ofrecen posibilidades inmediatas y costo-efectivas para descarbonización mediante electrificación de calor de baja temperatura y vapor. Las tecnologías eléctricas comercialmente disponibles, particularmente bombas de calor industriales y calderas eléctricas, pueden satisfacer la mayor parte de la demanda térmica en estos subsectores. Las bombas de calor industriales están bien establecidas para entregar calor hasta 150°C, mientras que las calderas eléctricas generan vapor hasta 350°C y presión cercana a 70 bar. Sin embargo, el despliegue permanece limitado debido a ratios desfavorables entre precios de electricidad y gas, largos tiempos de espera para conexiones de red y ausencia de marcos políticos claros.

La electrificación del calor industrial acoplada con creciente despliegue de suministro eléctrico renovable proporciona múltiples beneficios. Además de reducir el uso de combustibles fósiles y emisiones asociadas, mejora la seguridad energética disminuyendo la exposición a precios volátiles de gas y petróleo. Cuando se integra con almacenamiento térmico, crea flexibilidad de demanda facilitando mayor participación de generación renovable variable. El almacenamiento térmico constituye la tecnología habilitadora conectando suministro eléctrico renovable variable de bajo costo con demanda continua de calor industrial. En la Unión Europea, electrificar procesos industriales mediante bombas de calor y calderas eléctricas posee potencial técnico para reducir el uso de combustibles fósiles industriales en casi 3.000 PJ. El uso directo de gas natural para calor industrial podría reducirse en 35 mil millones de metros cúbicos anuales, diversificando el uso energético y mejorando la seguridad energética continental. Sustituir gas natural y otros combustibles fósiles con electricidad a esta escala implicaría aproximadamente 600 TWh anuales de demanda eléctrica adicional, comparable al consumo eléctrico anual combinado de Alemania y Países Bajos.

Las bombas de calor industriales resultan económicamente atractivas comparadas con calderas de gas existentes en varios estados miembros de la UE, aunque el rango varía ampliamente entre 41-74 EUR/MWh, reflejando diferencias en precios eléctricos y enfoques tributarios. Las calderas eléctricas permanecen más costosas debido a menor eficiencia, aunque encuentran mercados crecientes en Europa del Norte gracias a ratios electricidad-gas bajos y tributación favorable. Agregar almacenamiento térmico mejoraría la competitividad de costo de las calderas eléctricas reduciendo exposición a precios pico de potencia, mientras mejora flexibilidad operacional y eficiencia energética general. China está acelerando la electrificación del uso industrial de calor mediante diversas políticas. La electrificación de calor y vapor de baja temperatura posee potencial técnico para reducir el uso de combustibles fósiles industriales en casi 9.000 PJ. El uso directo de gas natural podría reducirse en 48 mil millones de metros cúbicos, disminuyendo la fuerte dependencia de importaciones. Paralelamente, realizar el potencial técnico incrementaría la demanda eléctrica en 1.700 TWh, comparable al crecimiento proyectado en generación eléctrica solar fotovoltaica de China entre hoy y 2030.

El uso directo de solar fotovoltaica y eólica, acoplado con almacenamiento térmico, crea nuevas oportunidades para electrificación de calor en China. Conectar consumidores industriales directamente a generadores de energía renovable cautivos podría casi reducir a la mitad los costos de electrificación de calor para vapor desde USD 70-100/MWh (conectado a red) hasta aproximadamente USD 50/MWh en las provincias examinadas. Los parques industriales desempeñan rol central en el paisaje industrial de ASEAN y podrían convertirse en impulsores de electrificación de calor en la región. Las visiones y planes regionales apoyan renovables, eficiencia energética y centros industriales verdes, aunque aún se concentran en sectores energéticamente intensivos. Costos de capital, restricciones de red y acceso limitado a financiamiento obstaculizan el despliegue.

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