El gasto público orientado al cambio climático se ha convertido en un tema central para la gestión fiscal contemporánea. La necesidad de contar con sistemas de clasificación y marcación presupuestaria surge de la importancia de identificar, cuantificar y evaluar los recursos destinados a la mitigación, adaptación y gestión de riesgos climáticos. En este contexto, disponer de información estandarizada y comparable permite mejorar la eficiencia técnica y asignativa, evaluar el impacto de las políticas y analizar los riesgos fiscales asociados al clima.

La identificación del gasto climático se realiza mediante dos instrumentos principales: los clasificadores y los marcadores presupuestarios. Los clasificadores son herramientas normativas que organizan las transacciones y flujos económicos del sector público, integrando categorías como objeto del gasto, clasificación económica y funciones de gobierno. En este marco, la ampliación de la clasificación COFOG resulta relevante, pues incorpora la dimensión climática en las funciones gubernamentales. Por otro lado, los marcadores presupuestarios se orientan a objetivos específicos, como el cambio climático, y permiten identificar gastos relevantes mediante metodologías como los marcadores de Río o el CPEIR. La coherencia con los sistemas estadísticos internacionales es esencial para garantizar comparabilidad. Por ello, se busca que los sistemas de clasificación y marcación se alineen con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, el Sistema de Cuentas Nacionales y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Esta integración asegura que la información sobre gasto climático se inserte en una arquitectura estadística reconocida globalmente, lo que facilita el análisis y la investigación.

En América Latina y el Caribe se han desarrollado diferentes enfoques metodológicos. Los marcadores de Río, creados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, clasifican las actividades según su propósito climático, distinguiendo entre principal, significativo o sin incidencia. Aunque esta metodología ha sido ampliamente utilizada, enfrenta limitaciones por la discrecionalidad en su aplicación y la falta de integración con otros sistemas estadísticos. El CPEIR, impulsado por el PNUD, constituye una herramienta de diagnóstico que evalúa estrategias nacionales, cuantifica gastos climáticos y analiza la institucionalidad vinculada al financiamiento climático. Su marco analítico se basa en tres pilares: análisis de políticas, análisis institucional y análisis del gasto público climático. Además, incorpora ponderaciones de relevancia climática y considera dimensiones de pobreza y género, lo que amplía su alcance.

La metodología COFOG ampliada, propuesta por el BID, busca compatibilidad con los sistemas estadísticos internacionales y permite identificar tanto gastos de incidencia positiva como negativa. Su aplicación puede realizarse de manera ex ante, incorporando la dimensión climática en los registros contables, o de forma ex post, reclasificando gastos ya ejecutados. Esta flexibilidad facilita la integración de la perspectiva climática en los sistemas presupuestarios vigentes sin alterar su estructura básica. La comparación de metodologías muestra que todas permiten identificar gastos climáticos de propósito principal y aplicarse de manera ex post. Sin embargo, la COFOG ampliada ofrece ventajas adicionales al reconocer gastos de propósito secundario y aquellos con incidencia negativa, como los vinculados al uso de combustibles fósiles. De esta manera, se logra una visión más completa del impacto fiscal en relación con el clima.

En la región, algunos países ya han implementado sistemas de marcación presupuestaria, mientras otros exploran la aplicación de la COFOG ampliada. Este panorama evidencia avances, pero también diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los sistemas, lo que plantea la necesidad de convergencia. Para ello, se proponen principios operativos orientados a la estandarización, como la coherencia con marcos internacionales, la transparencia en la metodología y la participación de instituciones relevantes. Asimismo, se plantean líneas de acción que incluyen la capacitación de funcionarios, la integración de la dimensión climática en los sistemas de administración financiera y la promoción de redes de cooperación regional. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de los países para registrar y evaluar el gasto climático, mejorar la rendición de cuentas y facilitar el acceso a financiamiento internacional.

Siendo así, la convergencia de los sistemas de clasificación y marcación presupuestaria en América Latina y el Caribe representa una oportunidad para optimizar el uso de los recursos públicos frente al cambio climático. Al integrar metodologías diversas bajo principios comunes, se favorece la comparabilidad internacional, se mejora la eficiencia del gasto y se refuerza la capacidad de respuesta de los gobiernos ante los desafíos ambientales.

Para leer más ingrese a:

https://publications.iadb.org/es/gasto-publico-climatico-notas-para-la-convergencia-de-los-sistemas-de-clasificacion-y-marcacion

https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Gasto-publico-climatico-notas-para-la-convergencia-de-los-sistemas-de-clasificacion-y-marcacion-presupuestarias.pdf