El mercado emergente del hidrógeno (H2) limpio y/o bajo en carbono en América Latina y el Caribe (ALC) está plagado de oportunidades, aunque acompañado de desafíos en medio del impulso global a la descarbonización. Uno de ellos gira en torno a la certificación del H2 y sus derivados, incluyendo el amoníaco, el metanol y los combustibles sintéticos. El objetivo principal de esta certificación es proporcionar a los posibles compradores (off-takers) información exhaustiva sobre los atributos clave de estos productos de primera calidad. Esta información detallada se refiere a atributos cruciales del producto, garantizando la claridad de factores como la intensidad de las emisiones, así como los detalles específicos relativos al lugar, tiempo y forma de producción. Informar sobre los atributos específicos del producto resulta decisivo para establecer la confianza y la voluntad de compra de los compradores, especialmente cuando el producto presume de ser neutro en carbono o de tener una huella de carbono inferior en comparación con soluciones alternativas. También es importante adherirse a los marcos normativos de mercados específicos, como los establecidos por la Unión Europea, en sus estrategias de descarbonización para los sectores de la industria y el transporte. En toda la región de ALC, varios países están comprometidos en el desarrollo de proyectos de H2 y derivados, impulsados por la abundancia y la alta calidad de recursos renovables competitivos en costos. Esto posiciona a ALC como una geografía atractiva para la exportación de H2 y una región con un inmenso potencial para desplegar H2 para descarbonizar sus propias economías. Para aprovechar plenamente este potencial, los productores de H2 de ALC deben cumplir rigurosamente las regulaciones y normas establecidas por los diversos mercados y clientes. Aunque cada país tiene autoridad para establecer sus propias normas y sistemas de certificación, este informe aboga por un enfoque regional para la certificación del H2 en el contexto de ALC. La razón de ser de esta propuesta es mitigar los esfuerzos redundantes entre países y evitar el desarrollo de sistemas de certificación divergentes que carecen de armonización. También busca racionalizar los esfuerzos en los mercados intrarregionales e internacionales, maximizando el valor del producto y mejorando su elegibilidad en varios mercados y para diversos consumidores. El sistema de certificación previsto se ajusta a las tendencias mundiales de desarrollo de sistemas de certificación H2. Se aparta de la asignación de etiquetas o categorías de productos preestablecidas, dando prioridad a la notificación transparente de atributos clave del hidrógeno y sus derivados. Esto responde a las lecciones aprendidas de sistemas operativos como CertifHy, que utilizan colores o calificativos («hidrógeno amarillo») que pueden ocultar diversas intensidades de emisión.

Dicha terminología ha demostrado ser poco práctica a la hora de servir de base para tomar decisiones de contratación o financiación, disuadiendo a posibles inversores. Hacer hincapié en la notificación de la intensidad de las emisiones sin etiquetas predefinidas también fomenta la flexibilidad a la hora de dar cabida a diversas tecnologías de producción, incluidas las híbridas. Este enfoque también garantiza que las normativas y estándares nacionales establecidos por los gobiernos para el hidrógeno se alineen, evitando conflictos derivados de las diferentes definiciones de hidrógeno limpio y/o bajo en carbono. Además, esta ampliación del ámbito de aplicación permite que el sistema de certificación se adapte a los requisitos específicos de los distintos mercados destinatarios. El paso inicial hacia el establecimiento de un sistema de certificación en ALC estuvo marcado por la firma de la Declaración Conjunta para la Implementación del Sistema de Certificación de Hidrógeno Limpio y/o Bajas Emisiones en América Latina y el Caribe («Declaración CertHILAC») el 8 de noviembre de 2023. Anticipando el escenario potencial en el que algunos países de ALC podrían establecer metas y estándares para el hidrógeno y derivados limpios y/o bajos en carbono, el sistema propuesto está diseñado con una estructura flexible para asegurar la compatibilidad con futuras regulaciones nacionales. Aunque de naturaleza voluntaria, el sistema incorpora representantes del sector público en su gobernanza. Esta inclusión pretende garantizar que el diseño del sistema complemente las políticas y estrategias gubernamentales de descarbonización. Además, facilita la sinergia con los sistemas de certificación existentes para otras fuentes de energía, como la electricidad renovable, y se alinea con las bases de datos e inventarios nacionales de emisiones. Inspirándose en el Sistema de Certificación de Carbono Cero voluntario de Australia, en el que participan con éxito representantes de los sectores público y privado, este enfoque garantiza un sistema que no sólo se alinea con las directrices gubernamentales, sino que también apoya estrategias nacionales más amplias. La implementación de un sistema de certificación de hidrógeno H2 en América Latina requiere la designación de actores clave que asumirán responsabilidades relacionadas con el desarrollo, la implementación y el funcionamiento sin fisuras del sistema. En este contexto, son concebibles varias combinaciones de roles dentro del sistema de certificación que pueden ejercerse a nivel regional o nacional. En otras palabras, la estructura de gobernanza debe definir qué procesos se desarrollarán a nivel regional y cuáles a nivel nacional.

El informe ofrece un detallado marco para establecer un sistema de certificación de hidrógeno en la región. El documento comienza presentando un contexto claro sobre la creciente importancia del hidrógeno como vector energético limpio y su potencial impacto en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Destaca los beneficios y desafíos asociados con la adopción de esta tecnología en la región latinoamericana y caribeña. A lo largo del informe, se proporciona una estructura metodológica exhaustiva para la implementación del sistema de certificación de hidrógeno. Se detallan los pasos clave, desde la planificación inicial hasta la ejecución y el monitoreo continuo del sistema. Se enfatiza la importancia de la colaboración entre múltiples partes interesadas, incluyendo gobiernos, industrias, y organizaciones no gubernamentales, para establecer estándares claros y garantizar la integridad y confiabilidad del sistema de certificación. Además, el informe aborda aspectos técnicos y regulatorios específicos que deben considerarse al implementar un sistema de certificación de hidrógeno en la región. Esto incluye la definición de criterios de calidad, la infraestructura necesaria para la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno certificado, así como los marcos legales y normativos requeridos para respaldar y hacer cumplir el sistema de certificación. Se destaca la necesidad de capacitación y educación para todos los actores involucrados, así como la importancia de la transparencia y la trazabilidad en todo el proceso de certificación. Además, el informe subraya el potencial económico y las oportunidades de crecimiento que puede brindar la implementación exitosa de un sistema de certificación de hidrógeno en la región, fomentando la innovación y el desarrollo sostenible. En resumen, el informe ofrece una guía completa y detallada que aborda los aspectos técnicos, regulatorios y colaborativos necesarios para implementar con éxito un sistema de certificación de hidrógeno en América Latina y el Caribe, destacando su importancia en el panorama energético actual y futuro de la región.

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https://publications.iadb.org/en/guide-implementation-hydrogen-certification-system-latin-america-and-caribbean

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Guide-for-the-Implementation-of-a-Hydrogen-Certification-System-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

El sector de la construcción al 2021 fue responsable del 37% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), valor que supera el máximo histórico de emisiones mundiales registrado en 2019, en vinculación con la recuperación económica post pandemia COVID-19. En su último informe el IPCC resalta cómo las emisiones totales de efecto invernadero están agravando inequívocamente el calentamiento global y afectando a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo, con mayores impactos observados en muchos lugares de África, Asia, América Latina y el Caribe (ALC). El cambio climático es un fenómeno de múltiples escalas por tanto la evaluación de sus impactos y de los riesgos climáticos exige un enfoque regional y cambios reales a escalas locales. ALC es altamente expuesta, vulnerable, y fuertemente afectada por el cambio climático, situación exasperada por la desigualdad, la pobreza, el crecimiento de la población y la alta densidad de población, el cambio de uso de la tierra. Se estima que en la región la aceleración del cambio climático está desencadenando el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que pueden provocar o agravar otros fenómenos

de gran impacto, como inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y aludes. En este contexto, ante una relación causa efecto, el sector de la construcción y las edificaciones se ven afectados de forma directa por los impactos del cambio climático, al mismo tiempo de ser uno de los principales responsables de las emisiones que causan el cambio climático. A medida que se prevén cambios del clima o de los patrones de desastres naturales, tanto los estándares de diseño como la selección de materiales de construcción tendrán que cambiar para resistir nuevas condiciones climáticas y fortalecer su capacidad de adaptación, mientras se alinean a los esfuerzos para descarbonizar. La infraestructura escolar es un factor relevante para el aprendizaje de los estudiantes, al tener un impacto positivo en la asistencia de docentes y estudiantes a la escuela, y en que se mantengan saludables en ella. La evidencia sugiere que la calidad de la infraestructura escolar puede generar aumentos en las tasas de asistencia estudiantil de hasta 60% además de contribuir a mayores índices de graduación y mayor participación en actividades extracurriculares, con efectos más significativos en estudiantes vulnerables. Asimismo, la infraestructura escolar con buenas condiciones en términos de confort, flexibilidad, personalización y cuyo diseño favorece la utilización de prácticas pedagógicas efectivas tiene un efecto positivo en los resultados académicos de los estudiantes, con estudios asignando hasta un 16% de la variación en el aprendizaje de los estudiantes a diferencias en la infraestructura escolar.

Así, al mejorar la calidad de la educación, las inversiones en infraestructura educativa contribuyen a mejorar la productividad, capital humano y el desarrollo. No obstante, a pesar de la escaza información disponible, estudios sugieren que las brechas de acceso a condiciones mínimas de infraestructura escolar de la región son considerables. Por ejemplo, más del 40% de los estudiantes de 3er grado de la región asisten a escuelas con escaso acceso a agua y saneamiento y un tercio asisten a escuelas sin conexión a electricidad y teléfono y con aulas que no cuentan con el equipamiento adecuado para el aprendizaje (como una mesa y una silla para cada estudiante), necesidades que presentan brechas de más de 30 puntos porcentuales entre los estudiantes del cuantil más pobre y los estudiantes del sectoriales que fortalezcan los procesos constructivos de la infraestructura escolar e impulsen la mejora de la durabilidad y la resistencia cuantil más rico. A pesar de las brechas, ALC ha mejorado significativamente el acceso a la educación a todos los niveles educativos, pero aún requiere financiar estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación, en base a acciones a largo plazo y con políticas. La mitigación efectiva de los gases de efecto invernadero (GEI) y la resiliencia frente al cambio climático puede avanzar en cada una de las etapas de diseño, construcción, ampliación, uso y eliminación de infraestructura escolar verde y resiliente. Las intervenciones incluyen acciones desde etapas tempranas de planificación como por ejemplo el uso de tecnologías y modelos de información, diseños bioclimáticos, selección de materiales bajos en carbono, procesos de construcción sostenible, o la integración de soluciones de energía renovable. Además, es posible proyectar actividades para la fase de operación como por ejemplo el uso y mantenimiento de equipos de alta eficiencia energética, uso y mantenimiento de aparatos sanitarios que optimizan el consumo de agua, la gestión y optimización del uso de energía o el reciclaje y reutilización de residuos sólidos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya a los países de ALC a promover la enseñanza efectiva y el aprendizaje de todos los niños y jóvenes de la región. En este sentido, gracias a un esfuerzo colaborativo entre el Grupo de Infraestructura Social (GIS) y la División de Educación (EDU), la presente guía presenta la actuación simultánea de estrategias de mitigación dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), impulsando la concepción de proyectos de infraestructura escolar baja o neutra en carbono; y estrategias de adaptación dirigidas a fortalecer la resiliencia de la infraestructura frente a los impactos de cambio climático, para fomentar el diseño de escuelas verdes y resilientes y reducir brechas de infraestructura escolar.

El informe es un documento que aborda la importancia de desarrollar infraestructuras educativas que sean sostenibles, ecoamigables y resistentes, con un enfoque particular en la reducción de emisiones de carbono. Este informe propone directrices específicas para el diseño y la construcción de escuelas que no solo sean ambientalmente responsables, sino que también promuevan la resiliencia frente a desastres naturales y otros desafíos. El documento resalta la necesidad urgente de adoptar estrategias para minimizar la huella de carbono de las instituciones educativas, considerando aspectos como la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles, la gestión adecuada de residuos y la implementación de tecnologías verdes. Asimismo, subraya la importancia de integrar sistemas de energía renovable, como la solar o eólica, para reducir la dependencia de fuentes de energía no sostenibles. Además, el informe hace hincapié en la resiliencia de las estructuras escolares ante eventos extremos, como terremotos, inundaciones o huracanes. Propone pautas para el diseño y la ubicación de edificaciones que minimicen los riesgos y mitiguen los impactos de desastres naturales, asegurando la seguridad de los estudiantes, el personal y las instalaciones en situaciones de emergencia. En resumen, el informe proporciona un marco integral para el diseño y la construcción de infraestructuras escolares que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, reduzcan las emisiones de carbono y fomenten la resiliencia frente a desastres, brindando así entornos seguros y saludables para la comunidad educativa.

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https://publications.iadb.org/es/escuelas-verdes-lineamientos-para-el-diseno-de-infraestructura-escolar-sostenible-baja-en-carbono-y

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Escuelas-verdes-lineamientos-para-el-diseno-de-infraestructura-escolar-sostenible-baja-en-carbono-y-resiliente.pdf

El informe analiza aspectos críticos relacionados con el desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC). El informe ofrece recomendaciones políticas para movilizar y atraer inversiones que ayuden a avanzar hacia un mejor modelo productivo, crear empleos de calidad y mejorar el bienestar de los ciudadanos. La edición de 2023 analiza las tendencias socioeconómicas y de inversión, presenta mecanismos de financiación innovadores y concretos y destaca el papel clave de la gobernanza y las instituciones para promover nuevas inversiones, respondiendo al mismo tiempo a las demandas de los latinoamericanos. Por último, el informe subraya la necesidad de reforzar las alianzas internacionales para impulsar una mejor inversión y potenciar el desarrollo regional. América Latina y el Caribe (ALC) tiene un enorme potencial para asegurar una trayectoria de desarrollo más sólida y sostenible. Para aprovechar este potencial, la región necesita una agenda de inversiones más ambiciosa y completa. La 16ª edición de Perspectivas Económicas de América Latina: Invertir en desarrollo sostenible propone estrategias para impulsar la inversión en la región de ALC, con el fin de ayudar a los responsables políticos, al sector privado y a los socios internacionales. La región cuenta con activos únicos. ALC cuenta con una gran riqueza en recursos naturales, biodiversidad y energía verde. Tiene una población joven y culturalmente diversa, y su economía ofrece oportunidades en sectores tan variados como la agroindustria, el turismo sostenible, las energías renovables y la fabricación relacionada con la salud. Tiene un gran mercado interior sin explotar y está bien situada para integrarse aún más en las cadenas de valor mundiales. A pesar de estas ventajas, el progreso socioeconómico de la región se ha estancado en los últimos años. La pobreza, con un 29%, y la pobreza extrema, con un 11,2%, se mantienen por término medio en los niveles anteriores a la pandemia, y las desigualdades son elevadas. Los persistentes retos estructurales limitan la región de ALC. Los países de ALC necesitan invertir en educación y capacitación y crear más y mejores empleos formales, dado que en alrededor del 43% de los hogares de la región todos sus miembros trabajan de manera informal. Necesitan aplicar políticas ambiciosas de desarrollo productivo para aumentar el valor añadido local, aprovechar el potencial de crecimiento de nuevos sectores, maximizar los beneficios de la transformación digital y ayudar a afrontar los retos mundiales, en particular la transición ecológica. Para alcanzar estos objetivos, los países de ALC deben aumentar masivamente la inversión nacional y extranjera, tanto de fuentes públicas como privadas. Con sólo el 20% del producto interior bruto, la inversión total en ALC representa uno de los porcentajes más bajos de todas las regiones del mundo. Estas Perspectivas ponen de relieve cómo los países de ALC pueden hacer frente a sus déficits de inversión. Las reformas fiscales pueden aumentar los ingresos y hacer que los sistemas tributarios y de gasto sean más eficientes y equitativos. Las instituciones financieras de desarrollo y las herramientas de financiación innovadoras pueden desempeñar un papel clave para ayudar a impulsar la inversión.

El informe subraya la importancia de unas instituciones públicas eficaces y de un diálogo sólido entre los agentes socioeconómicos para garantizar que la inversión se ajuste a las estrategias nacionales de desarrollo y atienda las prioridades sociales. Las asociaciones internacionales pueden ayudar a promover una nueva agenda de inversión, reuniendo a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras de desarrollo y el sector privado. El Programa Global de Inversiones UE-ALC constituye un paso adelante fundamental. Los países de América Latina y el Caribe están dispuestos a colaborar para apoyar los esfuerzos de la región y confían en que esta Perspectiva proporcione una base sólida para definir un programa de inversiones que encamine a la región hacia un mayor bienestar para todos. La estructura productiva de ALC se caracteriza por bajos niveles de productividad. Las inversiones en capital físico, conocimiento e innovación, tanto de origen nacional como extranjero, serán un motor fundamental de la transformación productiva. La inversión en I+D se ha mantenido baja en las dos últimas décadas, en torno al 0,65% del PIB de media, muy por debajo de la media de la OCDE, que rondaba el 2,7% del PIB en 2022, y casi el 60% es impulsada por los gobiernos. Además, la inversión en sectores estratégicos permitirá a la región aprovechar oportunidades sin explotar, especialmente las asociadas a la transición ecológica y la transformación digital. Estos sectores pueden agruparse en cuatro grandes áreas, interrelacionadas entre sí y en las que existen nuevas oportunidades de inversión y creación de empleo: i) la transición verde; ii) la transformación digital; iii) la salud y la economía de los cuidados; y iv) la agricultura sostenible y los sistemas alimentarios. En términos de creación de empleo verde, varias actividades muestran un alto potencial, incluyendo la fabricación sostenible de alimentos, la administración pública (por ejemplo, en relación con la planificación y aplicación de políticas sostenibles); la construcción sostenible; el transporte sostenible; y el comercio sostenible (por ejemplo, vinculado a modelos de negocio más sostenibles y circulares). Dado que las nuevas ocupaciones verdes están relacionadas en su mayoría con conocimientos y competencias científicas avanzadas, es más probable que se asignen a hombres con un alto nivel educativo y tienden a ser empleos formales. Esto significa que los empleos verdes tienen una importante contribución potencial al aumento de la formalización en ALC, especialmente si se combinan con políticas activas del mercado laboral y con políticas para mejorar la empleabilidad femenina.

El informe ofrece un análisis detallado de la situación económica en América Latina, presentando una visión general de los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la región. Este informe destaca la compleja interacción entre factores internos y externos que impactan en el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Entre los aspectos abordados se encuentran las tendencias macroeconómicas, la evolución del comercio internacional, la inversión extranjera, así como también los desafíos sociales y políticos. Se destaca que, si bien algunos países de la región han experimentado un crecimiento económico moderado, persisten desafíos significativos, como la desigualdad, la pobreza, la inestabilidad política y la falta de diversificación económica. La dependencia de materias primas y la volatilidad de los precios internacionales continúan siendo preocupaciones centrales para varios países latinoamericanos, afectando su estabilidad económica y fiscal. Asimismo, el informe resalta la importancia de la implementación de políticas económicas sólidas y sostenibles que promuevan la diversificación económica, la innovación y la inclusión social. Se hace hincapié en la necesidad de fortalecer la infraestructura, mejorar la educación y fomentar la creación de empleo para estimular un crecimiento más equitativo y sostenible en la región. Además, se exploran posibles vías para aprovechar mejor el potencial económico de América Latina, destacando la importancia de la integración regional, el desarrollo de cadenas de valor agregado y la promoción de la inversión en sectores clave como la tecnología, la energía renovable y la industria manufacturera. El informe concluye subrayando la relevancia de políticas colaborativas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar los desafíos económicos y sociales en la región latinoamericana.

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https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2023_8c93ff6e-en

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/8c93ff6e-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F8c93ff6e-en&mimeType=pdf

El documento presenta la comprensión y las actitudes hacia el cambio climático y las políticas climáticas en Ucrania, utilizando una encuesta sobre una muestra representativa de más de 1 500 ucranianos. La encuesta se llevó a cabo entre octubre de 2021 y febrero de 2022 y presenta la situación antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La encuesta analiza en detalle el apoyo a tres políticas climáticas principales: un programa de infraestructuras verdes, un impuesto sobre el carbono con transferencias de efectivo y la prohibición de los coches con motor de combustión. Muestra que el apoyo a las políticas climáticas depende de tres factores clave: cómo perciben los ciudadanos la eficacia de las políticas para reducir las emisiones, cómo perciben los impactos distributivos en los hogares con menores ingresos (preocupaciones por la desigualdad) y si creen que su hogar saldrá ganando o perdiendo con la política. La encuesta también muestra que cuando los ciudadanos reciben información que aborda específicamente estas preocupaciones, muestran un mayor apoyo a la política. El diseño de la política también es importante: Los ucranianos aceptan ampliamente un impuesto sobre el carbono cuando sus ingresos financian inversiones ecológicas y/o compensan a los hogares con rentas más bajas. El documento destaca siete consideraciones para que los responsables políticos ucranianos diseñen medidas que sean eficaces y cuenten con el apoyo de los ciudadanos. Tras la guerra de agresión de Rusia y una vez que se den las condiciones adecuadas, los responsables políticos ucranianos también pueden utilizar los resultados de la encuesta para orientar la reforma del sistema fiscal medioambiental, uno de los objetivos de la agenda de recuperación y reforma de Ucrania. Comprender las actitudes de los ciudadanos ayuda a los responsables políticos a diseñar y aplicar estrategias eficaces para llevar a cabo la acción por el clima. Tres creencias clave determinan si los ucranianos apoyan una medida concreta de política climática: i) si creen que la política es eficaz, ii) si creen que la política tiene repercusiones distributivas en los hogares con menos ingresos, y iii) si creen que la política podría afectarles a ellos mismos. El diseño de la política también es importante: Los ucranianos aceptan ampliamente un impuesto sobre el carbono cuando sus ingresos financian inversiones ecológicas y/o compensan a los hogares con rentas más bajas. Los resultados orientan a los responsables políticos ucranianos sobre cómo diseñar instrumentos eficaces de política climática que cuenten con el apoyo de los ciudadanos. En primer lugar, sugiere proporcionar a los ciudadanos ucranianos más información, preferiblemente a través de una institución independiente, sobre cómo funcionan las políticas climáticas específicas y sus efectos. En segundo lugar, habría que centrarse a más corto plazo en reforzar los programas que ofrecen a cada hogar alternativas al consumo de combustibles fósiles. En tercer lugar, los responsables políticos ucranianos deberían considerar la posibilidad de aumentar el apoyo financiero a los hogares con rentas más bajas mediante mejoras de la eficiencia energética de los edificios e inversiones en vehículos eléctricos, así como más inversiones públicas en infraestructuras con bajas emisiones de carbono (transporte público, ferrocarriles, etc.).

Esto ayudará a los ucranianos a prepararse para una economía que ponga un precio más alto al carbono, sea segura desde el punto de vista energético y proteja a los hogares especialmente vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía a medida que Ucrania se reconstruye. Y, por último, encuestas posteriores y periódicas permitirían seguir y comprender las preocupaciones de los ciudadanos ucranianos y permitirían a los responsables políticos responder adecuadamente a estas preocupaciones. En consonancia con los compromisos internacionales contraídos en virtud del Acuerdo de París de 2015, para limitar el aumento de la temperatura media a un nivel muy inferior a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales es necesario reducir las emisiones mundiales a cero neto en torno a mediados de siglo. En cuanto a los compromisos a largo plazo, los gobiernos parecen tomarse muy en serio este imperativo científico: más de 100 países, que representan más del 80% de la economía mundial, han anunciado objetivos de neutralidad de carbono para mediados de siglo. Ucrania es uno de ellos y se ha fijado el objetivo de la neutralidad de carbono para 2060. Sin embargo, mientras se intensifican las ambiciones de mitigación del cambio climático, las medidas políticas reales para conseguirlo siguen retrasadas. Con las políticas aplicadas actualmente, aún se prevé que la temperatura media aumente hasta aproximadamente 2,7 °C en 2100, lo que aumentaría la probabilidad de impactos catastróficos para las sociedades y las economías. Las políticas climáticas y su diseño desempeñan un papel crucial en este contexto. No sólo son herramientas clave con las que Ucrania alcanzará los objetivos climáticos y energéticos que se ha fijado, sino que -diseñadas y aplicadas adecuadamente- también ayudarán a Ucrania a convertirse en una nación más resiliente y más moderna, alineada con la Unión Europea (UE). En general, los precios fuertes del carbono junto con políticas complementarias han demostrado ser instrumentos eficaces de política climática: pueden reducir las emisiones a escala al tiempo que ofrecen la oportunidad de reducir los costos para los hogares con menores ingresos. Un precio sobre las emisiones crea un incentivo para que los productores reduzcan la contaminación y para que los consumidores compren menos bienes y servicios contaminantes. Para ser eficaces, las políticas climáticas deben hacer frente a varios retos, entre ellos impedimentos estructurales como las barreras a la innovación, la financiación y la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono, así como barreras relacionadas con la economía política y la aceptabilidad pública de las políticas climáticas. Comprender las condiciones de la aceptabilidad pública es clave para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y los posibles conceptos erróneos, y para diseñar políticas climáticas exitosas.

El informe examina las preferencias de los ucranianos en relación con el uso de los ingresos generados por la implementación de políticas climáticas, específicamente aquellos derivados de la reducción de emisiones de carbono. Se centra en comprender cómo la población ucraniana percibe y desearía que se asignen estos ingresos provenientes de medidas destinadas a mitigar el cambio climático. Para abordar esta cuestión, el informe ha llevado a cabo una serie de encuestas y análisis de opinión entre los ciudadanos ucranianos. Los resultados revelan una diversidad de preferencias en cuanto al destino de estos ingresos. Una parte significativa de la población muestra interés en que los fondos se utilicen para financiar programas de energías renovables y eficiencia energética. Esto sugiere un fuerte respaldo a la inversión en tecnologías sostenibles y en la reducción de la dependencia de fuentes de energía no renovables. Sin embargo, también se observa un considerable apoyo para destinar estos ingresos a programas sociales, como la mejora de la salud pública, la educación o la asistencia a comunidades vulnerables. Esto indica una preocupación por abordar las necesidades sociales inmediatas y mejorar la calidad de vida de la población. En resumen, el informe subraya la diversidad de opiniones entre los ucranianos en cuanto al uso de los ingresos generados por políticas climáticas. Estas preferencias abarcan desde la inversión en energías renovables y la eficiencia energética hasta programas sociales y medidas de adaptación al cambio climático. Esto resalta la importancia de considerar las opiniones y prioridades de la población al diseñar políticas que busquen abordar el cambio climático en Ucrania.

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https://www.oecd-ilibrary.org/environment/ukrainians-and-climate-policies-what-are-ukrainians-preferences-for-using-carbon-revenues_00c8ec08-en

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/00c8ec08-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F00c8ec08-en&mimeType=pdf

El mercado mundial del carbón ha vivido tres años turbulentos. La demanda se redujo drásticamente durante la pandemia de Covid, para volver a dispararse durante el repunte post-Covid y tras la invasión rusa de Ucrania. En 2022, la demanda mundial de carbón alcanzó el nivel más alto de su historia. En la actualidad, el carbón sigue siendo la mayor fuente de energía para la generación de electricidad, la siderurgia y la producción de cemento, manteniendo un papel central en la economía mundial. Al mismo tiempo, el carbón es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de origen humano, y frenar su consumo es esencial para cumplir los objetivos climáticos internacionales. Un punto de inflexión histórico podría llegar pronto. Según las últimas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de carbón alcanzará su punto máximo en esta década con las políticas actuales, principalmente como resultado del descenso estructural del uso del carbón en las economías desarrolladas y de unas perspectivas económicas más débiles para China, que también se ha comprometido a alcanzar un pico de emisiones de CO2 antes de 2030. Sin embargo, sigue habiendo cuestiones clave, como cuándo se producirá el pico de demanda, a qué nivel y con qué rapidez disminuirá el consumo después de ese momento. Desde su primera publicación en 2011, el Informe anual sobre el carbón de la AIE ha servido de referencia mundial para la previsión a medio plazo de la oferta, la demanda y el comercio de carbón. Su análisis también abarca los costos, los precios y los proyectos mineros a nivel regional y nacional por grado de carbón. Su análisis también abarca costos, precios y proyectos mineros a nivel regional y nacional por grado de carbón. Dado el impacto del carbón en el suministro energético y las emisiones de CO2, este informe es una lectura indispensable para quienes siguen de cerca las cuestiones energéticas y climáticas. En 2022, la demanda de carbón alcanzó un nuevo máximo histórico de 8 415 Mt, con un aumento del 4%. El aumento se debió principalmente al crecimiento en países que dependen en gran medida del carbón, como China y la India. Además, los precios extraordinariamente altos del gas y una producción de energía nuclear e hidroeléctrica generalmente más débil impulsaron el crecimiento de la demanda de carbón para generar energía. Con más de la mitad de la demanda mundial de carbón, China es, con diferencia, el mayor consumidor de carbón del mundo. En 2022, la demanda global de carbón del país aumentó un 4,6%, hasta un total de 4 520 Mt, con una cuota del carbón superior al 60% en la generación de electricidad. India, el segundo mayor consumidor de carbón del mundo, con cerca del 14% de la demanda mundial, registró un aumento del 9%, con un total de 1 162 Mt. En 2023 se prevé un descenso de la demanda de carbón en casi todas las economías avanzadas. Las mayores caídas del consumo se producirán en la Unión Europea y Estados Unidos, donde se prevén descensos anuales récord de alrededor del 20%. Otras economías avanzadas -como Corea, Japón, Canadá y Australia- registrarán tasas de descenso menores.

Se prevé que el consumo de carbón en China descienda en 2024 y se estabilice hasta 2026, con una recuperación de la producción hidroeléctrica y un aumento significativo de la generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica y eólica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento económico de China y su consumo de carbón en los próximos años están sujetos a incertidumbre. La economía del país está experimentando importantes cambios estructurales a medida que llega al final del crecimiento impulsado por las infraestructuras e intensivo en energía, pero la velocidad a la que cambie de marcha y siga ampliando la capacidad de energías limpias influirá significativamente en las perspectivas del carbón. La disponibilidad de energía hidroeléctrica es una variable clave en las perspectivas a corto plazo del carbón. Se prevé que India, Indonesia y otras economías emergentes y en desarrollo dependan del carbón para impulsar un fuerte crecimiento económico, a pesar de los compromisos para acelerar el despliegue de energías renovables y otras tecnologías de bajas emisiones. En cambio, debido a su diferente contexto económico y energético, no vemos un riesgo importante de que el uso del carbón vuelva a aumentar entre las economías avanzadas. En estas economías se están cerrando regularmente centrales eléctricas de carbón, y el consumo industrial de carbón va a disminuir debido a la debilidad de la producción industrial, la mejora de la eficiencia y el aumento del cambio a otros combustibles. En general, prevemos que la demanda mundial de carbón descienda en 2024 y se estabilice hasta 2026, incluso en ausencia de gobiernos que anuncien y apliquen políticas energéticas y climáticas más limpias. Como resultado, el consumo mundial de carbón en 2026 será un 2,3% inferior al de 2023, aunque China tendrá la última palabra. El dominio de China en los mercados del carbón es mayor que el de cualquier otro país para cualquier otro combustible. Consume más de la mitad del carbón mundial y produce la mitad, y es el mayor importador, con cerca de un tercio del comercio mundial de carbón. Pero India y la ASEAN también ejercen una influencia creciente, contribuyendo a desplazar aún más el centro del mercado del carbón hacia Asia. El consumo de carbón ha disminuido en la Unión Europea desde los años 80 y en Estados Unidos desde la década de 2000, mientras que ha crecido con fuerza en China, India y la ASEAN. Como resultado, esperamos que en 2026 China e India representen más del 70% del consumo mundial de carbón. En cambio, se espera que la Unión Europea y Estados Unidos representen cada uno alrededor del 3% del consumo mundial de carbón. Esta creciente brecha en la dependencia del carbón entre países podría plantear retos para el futuro diálogo internacional sobre la necesidad de una rápida disminución del uso mundial del carbón para alcanzar los objetivos climáticos.

El documento presenta una evaluación detallada del mercado del carbón, incluyendo factores clave que afectan su producción, demanda, precios y tendencias a nivel global. Se examinan diversos aspectos, desde la extracción y la oferta hasta el consumo y las regulaciones gubernamentales que impactan en la industria del carbón. El informe destaca la continua relevancia del carbón en la matriz energética mundial, a pesar de los esfuerzos por parte de diversas naciones para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Se hace hincapié en la transición energética hacia fuentes renovables y sus implicaciones en la demanda de carbón, así como en las políticas ambientales y climáticas que influyen en la percepción y uso de este recurso. Además, se examinan los avances tecnológicos en la producción y uso del carbón, incluyendo métodos más eficientes y menos contaminantes para su extracción y generación de energía. Se analiza el impacto de estas innovaciones en la competitividad del carbón frente a otras fuentes de energía y las proyecciones de su mercado en el contexto económico y político actual. El informe también proporciona una visión general de las tendencias regionales, destacando diferencias significativas en la demanda y producción de carbón entre distintas áreas geográficas. Se exploran las estrategias adoptadas por países y regiones para gestionar sus recursos de carbón, así como los desafíos socioeconómicos y ambientales asociados con su extracción y consumo.

Para leer más ingrese a:

https://www.iea.org/reports/coal-2023

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a72a7ffa-c5f2-4ed8-a2bf-eb035931d95c/Coal_2023.pdf

A medida que crece la demanda de minerales críticos para apoyar el despliegue de tecnologías de energía limpia, las posibles nuevas minas e instalaciones de procesamiento ejercerán una presión cada vez mayor sobre las personas, el medio ambiente, las comunidades y los pueblos indígenas. Este informe explora cómo los impactos ambientales, sociales y de gobernanza de las operaciones de minería y procesamiento pueden limitar los suministros de minerales críticos necesarios para las transiciones de energía limpia y esboza recomendaciones clave para que los responsables políticos garanticen que las cadenas de suministro de minerales críticos sean sostenibles y responsables. También incluye profundizaciones en seis áreas prioritarias que tienen importantes implicaciones para la seguridad del suministro: agua, emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, derechos humanos, comunidades y corrupción. Las cadenas de suministro de minerales críticos no pueden ser verdaderamente seguras, confiables y resistentes a menos que también sean sostenibles y responsables. La creciente demanda de minerales críticos derivada de la transición hacia una energía limpia implicará la apertura de nuevas minas, instalaciones de procesamiento y refinerías, lo que puede conllevar riesgos de daños para el medio ambiente, los trabajadores, las comunidades y las sociedades. Estos daños, si no se previenen, reducen o mitigan adecuadamente, pueden interrumpir el suministro y obstaculizar la rápida ampliación de las tecnologías de energía limpia. La primera y principal razón para abordar los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza en la cadena de suministro de minerales es proteger a las personas, las comunidades y el medio ambiente. Abordar estos riesgos permite el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles y responsables, que pueden ayudar a las comunidades a aprovechar mejor los beneficios del desarrollo de los minerales y garantizar que las transiciones hacia una energía limpia se centren en las personas. El crecimiento del sector de los minerales críticos puede generar inversiones, ingresos fiscales y puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la adopción de prácticas sostenibles y responsables refuerza la seguridad del suministro. Por ejemplo, si se abordan de forma exhaustiva las preocupaciones de la comunidad sobre el uso del agua y los impactos en la biodiversidad, es menos probable que los proyectos encuentren oposición local que pueda detener el desarrollo del proyecto o interrumpir las operaciones. Del mismo modo, eliminar o reducir la incidencia de la corrupción puede ayudar a evitar retrasos y mayores costos del proyecto asociados a casos de soborno. Tanto los gobiernos como las empresas tienen un papel que desempeñar a la hora de impulsar mejoras con respecto a las normas medioambientales, sociales y de gobernanza. Las empresas son probablemente las que se encuentran en mejor posición para extender las prácticas sostenibles y responsables y para informar de forma transparente sobre los progresos realizados. Paralelamente, los gobiernos pueden garantizar que las empresas tengan los incentivos adecuados para actuar y crear un entorno propicio que facilite la mejora de los resultados.

Es imperativo que tanto los gobiernos como la industria hagan más para evitar los errores del pasado. Existen innumerables ejemplos en los que el desarrollo de los recursos no ha conducido a un crecimiento económico sostenible o ha causado los correspondientes daños medioambientales y sociales. Será necesario mitigar estos errores del pasado para garantizar que las transiciones hacia las energías limpias sean equitativas y estén centradas en las personas, y para evitar las interrupciones del suministro que pueden ralentizar el despliegue de las energías limpias. Dado que los consumidores y los inversores exigen cada vez más que las empresas se tomen en serio estas cuestiones, la industria tiene un claro argumento comercial para perseguir un mejor rendimiento medioambiental y social con el fin de mantener una licencia social para operar. Los gobiernos pueden desempeñar un papel importante en la promoción de mejoras incorporando las recomendaciones de esta guía a sus decisiones políticas y de inversión. A pesar de los progresos realizados en la industria minera, sigue habiendo importantes motivos de preocupación. La minería está asociada a una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente, desde los altos niveles de consumo de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la contaminación del agua, la tierra y el aire; para los trabajadores, por los incidentes de seguridad y las violaciones de los derechos humanos; para las comunidades locales y los pueblos indígenas, por los desplazamientos, la falta de compromiso y de respeto de los derechos, los daños causados por la rotura de las presas de residuos y la contaminación local del aire, los abusos de los derechos humanos, el agua y el ruido; y para las sociedades, por los casos de corrupción, el desvío de recursos públicos, la corrosión de la gobernanza y el Estado de derecho, la contribución a los conflictos armados y los efectos adversos sobre las mujeres. Sin esfuerzos serios para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza asociados a las cadenas de suministro de minerales, puede que no haya suministros suficientes para apoyar la rápida ampliación de las tecnologías de energía limpia que se necesitan para alcanzar los objetivos de energía neta cero y evitar los peores efectos del cambio climático. Un suministro inadecuado también puede obstaculizar los esfuerzos para ampliar el acceso a la energía y la facilitación del desarrollo económico sostenible. Esto también tiene importantes implicaciones para la seguridad energética. A medida que se avanza hacia un mundo en el que los minerales son cada vez más importantes para los usos energéticos, las interrupciones del suministro de minerales tendrán un mayor impacto material en las cadenas de suministro energético que en la actualidad. Este riesgo se agrava cuando el suministro se concentra en zonas de alto riesgo y cuando no se mitigan los impactos medioambientales, sociales y de gobernanza, sobre todo en zonas donde las normativas locales no son lo suficientemente sólidas o carecen de medios suficientes para hacerlas cumplir. Además, estos impactos pueden complicar los esfuerzos para mejorar la seguridad de la cadena de suministro en la medida en que las barreras al desarrollo de nuevas instalaciones obstaculizan los esfuerzos para diversificar el suministro, que es una condición importante para la seguridad de la cadena de suministro.

El  informe aborda la importancia de desarrollar prácticas sostenibles en la extracción, producción y distribución de minerales críticos. Estos minerales desempeñan un papel fundamental en la fabricación de tecnologías modernas, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas de energía renovable y equipos médicos avanzados. El informe destaca la creciente conciencia sobre la necesidad de garantizar la disponibilidad continua de estos minerales, al tiempo que se abordan las preocupaciones sobre su extracción y la sostenibilidad ambiental. Resalta la importancia de adoptar estrategias que fomenten la transparencia en toda la cadena de suministro, desde la extracción hasta el consumidor final. Esto implica la implementación de prácticas éticas que promuevan el respeto por los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el compromiso con las comunidades locales afectadas por la extracción de estos minerales. Además, el informe subraya la necesidad de diversificar las fuentes de suministro para reducir la dependencia de determinadas regiones geográficas y mitigar posibles interrupciones en el suministro. Se discuten iniciativas y políticas gubernamentales que buscan promover cadenas de suministro más sostenibles y responsables para minerales críticos, así como la importancia de la cooperación internacional y el diálogo entre países y empresas para abordar estos desafíos de manera efectiva. Se hacen hincapié en programas de certificación y estándares que pueden ayudar a garantizar prácticas responsables a lo largo de toda la cadena de suministro, así como en el papel crucial de la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia en la extracción y el reciclaje de estos minerales. En resumen, el informe sobre las cadenas de suministro sostenibles y responsables de minerales críticos destaca la urgencia de abordar estos temas de manera integral, fomentando la transparencia, la ética empresarial y la colaboración global para garantizar un suministro continuo de minerales esenciales para la sociedad moderna, mientras se protege el medio ambiente y se respeta a las comunidades locales.

Para leer más ingrese a:

https://www.iea.org/reports/sustainable-and-responsible-critical-mineral-supply-chains

https://iea.blob.core.windows.net/assets/7771525c-856f-45ef-911d-43137025aac3/SustainableandResponsibleCriticalMineralSupplyChains.pdf