Los resultados de la prueba PISA 2025 confirman una brecha educativa persistente y, en varios frentes, creciente entre América Latina y el Caribe y los países de la OCDE. Según esta nota elaborada por el BID, más de la mitad de los estudiantes de la región (57%) no alcanza el nivel básico de competencias en ciencias, frente a apenas 26% en la OCDE. Las cifras en lectura (59% con bajo desempeño) y matemáticas (76%) resultan todavía más preocupantes, y superan ampliamente los promedios de 31% y 35%, respectivamente, registrados en los países de ingresos altos que integran la organización. Dentro de la región, Uruguay y Chile destacan con las proporciones más bajas de estudiantes con bajo desempeño, mientras que Guatemala, Paraguay y República Dominicana concentran las cifras más críticas, con hasta nueve de cada diez estudiantes sin competencias básicas en matemáticas.

Un hallazgo central del documento es que el bajo desempeño rara vez se limita a un solo dominio. Ocho de cada diez estudiantes de la región presentan resultados insuficientes en al menos una de las tres áreas evaluadas (ciencias, lectura y matemáticas), y la mitad no logra competencias básicas en ninguna de ellas, frente a apenas 20% en la OCDE. En países como República Dominicana, Paraguay y Guatemala, siete de cada diez estudiantes se encuentran en esta situación de bajo desempeño generalizado. Al considerar también a los jóvenes que están fuera del sistema educativo o que cursan grados muy tempranos, y que por tanto no participan en la prueba, la proporción regional con carencias en al menos un dominio se eleva de 78% a 83%, lo que sugiere que las cifras oficiales podrían incluso subestimar la magnitud del problema.

La desigualdad socioeconómica atraviesa transversalmente estos resultados. Mientras que en Chile y Uruguay la brecha entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos se mantiene relativamente acotada, en Paraguay y Guatemala la situación de los estudiantes de menores recursos resulta crítica, con nueve de cada diez sin competencias básicas en ciencias. Llama la atención que, en varios países de la región, el bajo desempeño entre los estudiantes más favorecidos supera incluso el registrado entre los estudiantes más desfavorecidos de la OCDE, lo que evidencia que las carencias educativas no se explican únicamente por el nivel socioeconómico, sino también por debilidades estructurales de los sistemas educativos nacionales. La resiliencia académica, es decir, la capacidad de estudiantes desfavorecidos de ubicarse entre los de mejor desempeño de su país, se mantiene en niveles similares a los de la OCDE (11% frente a 12%), lo que sugiere que, aunque limitado, existe margen para revertir estas trayectorias con las intervenciones adecuadas.

El documento incorpora, además, una dimensión poco explorada hasta ahora: la resolución de problemas computacionales y el compromiso con el aprendizaje como parte de la definición de un estudiante verdaderamente competente. Bajo este criterio ampliado, solo 17% de los estudiantes de la región alcanza competencias básicas en los cuatro dominios evaluados, y al integrar también el compromiso con el aprendizaje, la cifra de estudiantes plenamente competentes en América Latina cae a apenas 7%, menos de la mitad del 14% registrado en la OCDE. Para profesionales del sector energético colombiano, aunque el estudio no aborda directamente temas de energía, sus hallazgos resultan relevantes para dimensionar el reto de formar el talento técnico y digital que la transición energética y la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial demandarán en los próximos años, particularmente en países de la región con las brechas más amplias en competencias matemáticas y de resolución de problemas.

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https://publications.iadb.org/es/pisa-en-america-latina-y-el-caribe-2025-cuantos-tienen-bajo-desempeno

Este documento del BID examina un cambio de composición visible en las exportaciones de México y Centroamérica desde 2021: los sectores de instrumentos médicos y de cables, conductores y aparatos para circuitos eléctricos han ganado peso dentro de la canasta exportadora de la región CAPARD, mientras que en México se suma además la expansión de otros aparatos eléctricos y electrónicos. Para entender si ese giro refleja una posición competitiva sólida o simplemente un desplazamiento coyuntural, el estudio calcula el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas para cada sector y encuentra que ambos mantienen una ventaja competitiva a nivel global, aunque su origen no proviene de una caída en la producción mexicana o centroamericana, sino de un incremento todavía mayor de la oferta del resto del mundo en esos mismos sectores.

A esa mirada de competitividad externa se suma un Índice de Complementariedad Comercial, que cruza la especialización exportadora de la región con la desventaja exportadora relativa de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Europa. El resultado confirma una complementariedad favorable en ambos sectores, lo que respalda la posibilidad de profundizar la integración comercial con esos mercados. El documento avanza además en la exploración de cadenas de valor regionales, identificando origen y destino del comercio intrarregional, y encuentra una diferencia relevante entre los dos sectores: el de cables, conductores y aparatos eléctricos ya desarrolló una cadena de valor regional consolidada, mientras que el de instrumentos médicos permanece muy concentrado en unos pocos países, sin que ese patrón de integración regional se haya replicado.

El componente más distintivo del estudio es un panel econométrico construido con la metodología de momentos generalizados en dos etapas (System GMM), que sigue el enfoque de Handoyo et al. (2025) para estimar los determinantes del crecimiento exportador. El panel cubre 18 de los principales exportadores mundiales de instrumentos médicos entre 2005 y 2022, un grupo que concentra cerca del 75% de las exportaciones globales de ese sector, e incorpora como variables explicativas la proporción de población con educación secundaria o terciaria, el gasto en investigación y desarrollo, el acceso a internet, un índice de calidad institucional, el tamaño de la economía y el tipo de cambio. Los resultados muestran una relación diferenciada según la complejidad del sector: un aumento de un punto porcentual en la población con educación terciaria eleva el crecimiento de las exportaciones de instrumentos médicos en 0,012%, mientras que un aumento equivalente en la población con educación secundaria básica eleva el crecimiento de las exportaciones de cables y conductores en 0,004% y el de textiles en 0,008%. En otras palabras, acelerar la exportación de manufactura compleja como los instrumentos médicos exige capital humano con formación más avanzada, mientras que los sectores de manufactura media dependen sobre todo de una base amplia de educación secundaria.

Para contrastar esa evidencia con la realidad regional, el documento examina la disponibilidad de fuerza laboral por nivel educativo en Costa Rica, El Salvador y México. México registra 19,6% de su población con estudios superiores (15,3% universitarios, 2,3% técnicos y 1,6% de posgrado), Costa Rica 15,3% distribuido casi a partes iguales entre estudios universitarios y técnicos, y El Salvador apenas 5,84%. En los tres países, la mayoría de quienes cuentan con estudios superiores son mujeres, con un promedio regional de 54%. Dentro del sector manufacturero, México destaca por tener a la mitad de sus trabajadores con educación superior, frente a apenas 6% en El Salvador y 20% en Costa Rica, una brecha que el estudio vincula directamente con el mayor peso de las exportaciones manufactureras intensivas en tecnología que ya tiene México frente a sus vecinos centroamericanos. El documento concluye que la disponibilidad de población con educación superior sigue siendo limitada en varios países de la región, una restricción estructural que condiciona su capacidad de avanzar hacia sectores exportadores de mayor complejidad económica. 

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https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Exportaciones-y-sus-cadenas-de-valor-en-Mexico-y-Centroamerica-y-la-relevancia-de-la-educacion-para-su-desarrollo.pdf

La digitalización industrial ha llegado a un punto de inflexión en el que optimizar una fábrica por separado deja de ser suficiente. Este informe del Foro Económico Mundial, desarrollado junto con Accenture, plantea que la próxima frontera de competitividad no está dentro de cada planta, sino en la capacidad de coordinar decisiones entre empresas vecinas: energía, calor residual, infraestructura logística y datos que hasta ahora se gestionaban de forma aislada. El diagnóstico de partida resulta contundente: alrededor del 80% de los datos industriales de la Unión Europea permanece sin utilizar y solo el 32% de las organizaciones logra extraer de ellos un valor medible, un problema que se agudiza cuando la información relevante está distribuida entre distintas compañías con incentivos, madurez digital e interoperabilidad muy dispares. 

Para ilustrar cómo se ve esta colaboración en la práctica, el documento se apoya en trece estudios de caso reales, ocho de los cuales muestran con particular claridad el alcance del cambio. En el complejo portuario de Róterdam, la plataforma Starlings permite a las empresas negociar en tiempo casi real su flexibilidad energética (electricidad, vapor, hidrógeno), con mejoras de eficiencia cercanas al 5% en sus primeras fases y un potencial estimado de hasta 8,5 veces ese valor si se incorpora infraestructura compartida. En el País Vasco, el proyecto H2Integra, liderado por Petronor junto a un consorcio de doce organizaciones del clúster industrial vasco, agrega la demanda futura de hidrógeno verde de distintos sectores antes incluso de terminar de construir la infraestructura que debe abastecerlos. En el puerto chino de Qingdao, la sincronización entre sistemas de decisión y equipos físicos ha elevado la eficiencia global del servicio en 6%, la capacidad de almacenamiento en patio en 26% y reducido a menos de la mitad el tiempo de permanencia de los camiones.

El caso danés de Kalundborg, con cinco décadas de trayectoria y diecisiete organizaciones intercambiando más de 35 flujos de agua, energía y materiales, muestra los resultados más consolidados: cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua subterránea conservados al año, más de 200.000 toneladas de residuos reciclados y una reducción cercana al 80% de las emisiones del clúster desde 2015. En Mongolia Interior, el parque industrial Ordos-Envision coordina con inteligencia artificial la generación eólica, solar, el almacenamiento y la demanda de más de 50 empresas, alcanzando un 80% de consumo eléctrico verde producido en el propio parque y una reducción cercana al 10% en sus costos energéticos, sin que las compañías participantes pierdan el control sobre sus datos operativos sensibles. En Huelva, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve ilustra una fase distinta: instalaciones concebidas desde su diseño para ser nativas digitales y conectarse con proveedores y socios de la cadena de valor, aunque todavía en construcción. La iniciativa Catena-X, por su parte, muestra cómo miles de proveedores del sector automotor pueden compartir datos bajo modelos y semánticas comunes sin uniformar sus sistemas internos, un caso liderado por BMW que permitió detectar errores de calidad con cuatro meses de anticipación. Finalmente, en el puerto danés de Esbjerg, un gemelo digital que integra datos históricos y simulaciones de aprendizaje automático busca multiplicar por tres su capacidad de manejo de componentes de eólica marina, hasta unos 4,5 gigavatios previstos.

El informe dedica buena parte de su análisis a explicar por qué resulta difícil llegar hasta ese punto: preguntas sobre quién controla los datos, cómo se distribuye el valor generado, qué información puede ver un competidor y quién asume la responsabilidad ante un uso indebido resultan tan determinantes como la tecnología misma. El documento sitúa la ciberresiliencia al mismo nivel que la gobernanza, la preparación del dato y la tecnología entre los cimientos necesarios para construir estos ecosistemas, y observa que los casos más maduros no comparten toda su información, sino que definen con precisión qué dato circula, con quién y para qué. Para avanzar en esa dirección, el Foro Económico Mundial propone una ruta de tres pasos: identificar un caso de uso concreto con valor claro, construir las reglas y la arquitectura de gobernanza necesarias, y una vez en funcionamiento, medir resultados antes de sumar nuevos participantes y aplicaciones, evitando que la transformación quede atrapada en una acumulación de pilotos sin continuidad comercial.

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https://www.weforum.org/publications/intelligent-industrial-ecosystems-turning-proximity-into-intelligence/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Intelligent_Industrial_Ecosystems_Turning_Proximity_into_Intelligence_2026.pdf

La transición de la escuela al trabajo constituye un período determinante para las trayectorias laborales de largo plazo, y en América Latina y el Caribe esa transición resulta especialmente accidentada: cerca de una de cada cinco personas jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo, del empleo y de la formación. Dentro de ese panorama, las mujeres jóvenes enfrentan barreras adicionales a las de los hombres, con mayor probabilidad de permanecer fuera tanto de la escuela como del trabajo y, cuando logran emplearse, de hacerlo en condiciones de menor calidad, menor salario y mayor informalidad. Este policy brief del Banco Mundial, elaborado por el Gender Innovation Lab para América Latina y el Caribe, examina si los programas de trabajo y estudio combinados pueden revertir esa desventaja, apoyándose en evidencia experimental novedosa sobre el programa uruguayo Yo Estudio y Trabajo (YET).

El programa YET ofrece a jóvenes de entre 16 y 20 años su primera experiencia laboral formal, mediante empleos de medio tiempo en empresas estatales compatibles con la jornada escolar, con la condición de permanecer matriculados en una institución educativa durante su participación. La asignación de cupos se realiza mediante un sorteo, lo que permite a los investigadores construir una evaluación de impacto rigurosa comparando a quienes resultaron beneficiados con quienes no fueron seleccionados, usando registros administrativos de seguridad social de más de 90.000 postulantes de las primeras tres ediciones del programa, seguidos durante hasta siete años después de su participación.

Los resultados muestran que los efectos positivos del programa no solo persisten sino que se amplían con el tiempo: en los años tres a siete posteriores a la participación, los beneficiarios ganan entre 10% y 13% más que personas comparables que no participaron. Sin embargo, esa ganancia promedio esconde una divergencia importante entre géneros: los hombres experimentan un incremento de ingresos cercano al 17%, frente a un 8% para las mujeres, una brecha que no resultaba estadísticamente significativa a los dos años de finalizado el programa y que solo se hace visible con un seguimiento de mayor plazo. El análisis descarta que esa diferencia se explique por el empleo o las horas trabajadas, que resultan muy similares entre hombres y mujeres; el origen de la brecha está más bien en los salarios formales, que crecen 11% para los hombres frente a 4% para las mujeres.

El hallazgo más revelador surge al examinar el papel de los sectores económicos. La brecha se concentra específicamente en el sector de manufactura y energía, donde los hombres obtienen ganancias salariales significativas y las mujeres no, pese a que el programa incrementa la entrada de ambos géneros a ese sector prácticamente en la misma proporción. Es decir, la diferencia no proviene de que el programa canalice a hombres y mujeres hacia sectores distintos, sino de una dinámica dentro del propio sector manufacturero (probablemente vinculada a la progresión de carrera, el acceso a empresas mejor pagadoras o la promoción interna) que favorece de manera desproporcionada a los hombres una vez colocados en esos empleos. El estudio también descarta que la brecha derive de diferencias en los años de escolaridad alcanzados, que resultan similares entre hombres y mujeres tras el programa.

A partir de estos hallazgos, el documento plantea que los programas de trabajo y estudio son una herramienta efectiva y replicable para mejorar los resultados laborales de la juventud, pero insuficiente por sí sola para cerrar las brechas de género persistentes. Entre las recomendaciones complementarias propuestas destacan el acompañamiento y la orientación de carrera enfocados en el período posterior a la finalización del programa, cuando surge la brecha; políticas que respalden la intensidad laboral remunerada de las mujeres, como el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad y licencias parentales que involucren de forma más equitativa a los padres; medidas de transparencia salarial y cumplimiento de la igualdad de remuneración, como la ley brasileña de transparencia salarial de 2023; y sistemas de monitoreo de largo plazo que desagreguen los resultados por género, dado que la brecha detectada en este estudio solo se hizo visible después de varios años de seguimiento. 

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https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/44f45ab7-9021-4bdd-9c2d-1f99cd81f409/content

La carrera hacia las energías renovables en Asia, incluida la extracción de minerales críticos y el impulso de soluciones cuestionadas como la valorización energética de residuos o las grandes represas, viene acompañada de un incremento documentado en los riesgos de represalia contra comunidades y defensores de derechos humanos, con afectación particular a pueblos indígenas y mujeres. Proyectos energéticos mal planificados, frecuentemente impuestos sin consentimiento libre, previo e informado ni consultas significativas, terminan perjudicando a las poblaciones que se supone deben beneficiar. Quienes alzan la voz frente a estos proyectos enfrentan intimidación, criminalización y otras formas de represalia.

El análisis se construye sobre doce proyectos financiados por bancos como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros, seleccionados por estar activamente monitoreados por organizaciones comunitarias aliadas. Cada caso documenta el financista, el monto involucrado, el tipo de proyecto, las preocupaciones planteadas por las comunidades y la naturaleza de las represalias sufridas. Entre los patrones más comunes destacan la exclusión y discriminación de líderes comunitarios en los procesos de consulta, la intimidación mediante vigilancia y amenazas telefónicas, las campañas de difamación que etiquetan a los defensores como antidesarrollo o terroristas, los ataques físicos durante desalojos forzados, y la criminalización mediante cargos fabricados o demandas estratégicas contra la participación pública. En el caso más grave documentado, nueve líderes indígenas tumandok en Filipinas fueron ejecutados extrajudicialmente en diciembre de 2020 tras oponerse a la represa multipropósito del río Jalaur.

Los hallazgos muestran que las fuerzas de seguridad estatales son el actor perpetrador más frecuente, desplegadas rutinariamente en los sitios de proyecto bajo el argumento de proteger la infraestructura, pero cuya presencia termina generando más temor que seguridad entre las comunidades. Funcionarios locales, personal de proyecto y empresas de seguridad privada contratadas por los clientes de los bancos también aparecen implicados de forma recurrente. El informe subraya que los mecanismos de queja a nivel de proyecto rara vez ofrecen una vía segura, dado que exponen a los denunciantes a mayor riesgo de identificación local, y que los mecanismos independientes de rendición de cuentas de los bancos logran soluciones efectivas en apenas 9,7% de los casos presentados. El desplazamiento resulta el impacto más citado: solo entre los doce casos analizados, se estima la afectación directa de más de 128.000 personas, incluidas 60.000 en el proyecto de la represa Rogun en Tayikistán, catalogado como la represa más alta del mundo una vez terminado.

Frente a este panorama, se plantean recomendaciones organizadas en cuatro ejes: en el diseño y aprobación de proyectos, los bancos deben priorizar modelos descentralizados con propiedad comunitaria y dejar de financiar soluciones que reproducen dinámicas extractivas; en la implementación, deben habilitar canales seguros de denuncia y suspender desembolsos ante riesgos identificados; en materia de reparación, deben garantizar remedio efectivo proporcional al daño sufrido; y en la prevención de repetición, deben ampliar sus marcos de sanciones para cubrir violaciones graves de derechos humanos y no solo fraude o corrupción. El planteamiento central sostiene que una transición rápida sin participación comunitaria genuina termina siendo más lenta, pues genera protestas, litigios y revocaciones de permisos que encarecen y retrasan los propios proyectos que se buscan acelerar. Para actores del sector energético y financiero interesados en modelos de inversión responsable en infraestructura de transición, este informe ofrece evidencia sistematizada sobre los riesgos sociales que puede generar un enfoque de despliegue acelerado sin salvaguardas adecuadas, y plantea criterios concretos de diligencia debida aplicables al diseño de proyectos de energías renovables en contextos con comunidades vulnerables. 

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https://accountability.worldbank.org/en/news/2026/reporting-accountability-august-2026

https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/securepdfs/Brief_-JET-and-defenders-in-Asia_final.pdf

La conversación climática internacional ha entrado en una fase distinta a la que dominó la última década: ya no se trata principalmente de fijar metas de largo plazo, sino de asegurar que los compromisos existentes se traduzcan en resultados verificables antes de que termine la década. Este informe especial de la Agencia Internacional de Energía, desarrollado en conjunto con los Campeones de Alto Nivel para el Clima designados en las presidencias de la COP, examina el instrumento central que la Agenda de Acción Climática Global adoptó tras la COP30 para organizar esa transición hacia la implementación: los Planes para Acelerar Soluciones, cerca de 120 iniciativas presentadas por gobiernos, organismos internacionales, industria y otros actores no estatales para traducir objetivos compartidos en pasos concretos.

El documento revisa en profundidad dieciséis de esos planes, distribuidos entre seis sectores energéticos centrales (hidrógeno, transporte terrestre, acero, cemento y concreto, edificaciones y fertilizantes) y varios temas transversales como electrificación, industria verde, financiamiento y comercio. El hallazgo más consistente es una desconexión entre la ambición de los resultados que los planes proponen y el alcance real de las acciones que los respaldan: mientras los objetivos suponen movilización de financiamiento, despliegue de infraestructura o proyectos bancables, buena parte de las acciones asociadas siguen ancladas en estudios, diálogos y marcos voluntarios que, aunque necesarios como primer paso, no bastan por sí solos para desplazar decisiones de inversión a la escala requerida. El plan de transporte terrestre aparece como el ejemplo más sólido de alineación entre objetivos y acciones, al nombrar corredores, gobiernos participantes y mecanismos de financiamiento concretos, mientras que los de hidrógeno, cemento y edificaciones muestran brechas más pronunciadas, particularmente en la creación de demanda firme.

El informe también documenta el estado actual de la transición energética global como telón de fondo de este análisis. La demanda energética mundial creció 1,3% en 2025, mientras que la demanda eléctrica lo hizo cerca de 3%, más del doble, confirmando lo que el texto llama la «era de la electricidad». Las renovables y la energía nuclear cubrieron casi el 60% del crecimiento incremental de la demanda energética, con la energía solar fotovoltaica aportando por sí sola más de una cuarta parte, la primera vez que una fuente renovable moderna lidera ese crecimiento. La inversión energética mundial se proyecta en 3,4 billones de dólares para 2026, de los cuales cerca de 2,2 billones se dirigirían a renovables, energía nuclear, redes, almacenamiento, combustibles bajos en emisiones, eficiencia y electrificación. Pese a estos avances, las emisiones de CO₂ asociadas a la energía siguieron creciendo, aunque de forma moderada, evidenciando que la velocidad de despliegue tecnológico todavía no se traduce plenamente en resultados climáticos.

A partir de esta revisión, el documento propone un conjunto de principios de buena práctica para el diseño de estos planes: definir un alcance sectorial apropiado, concentrar la cooperación internacional en los puntos donde realmente agrega valor frente a la acción nacional, priorizar acciones capaces de desbloquear decisiones de inversión, anclar la participación de actores con autoridad real de decisión, clarificar roles y liderazgos, y vincular la ambición declarada con rutas concretas de adopción e implementación. Sobre esa base, el informe formula prioridades específicas para cada sector de cara a los próximos dos o tres años: desde la creación de demanda firme para hidrógeno y acero de bajas emisiones, hasta el financiamiento de vehículos comerciales de cero emisiones y la armonización de estándares para las empresas de energía y otros actores del sistema eléctrico involucrados en la electrificación. El mensaje de fondo, relevante también para economías emergentes como la colombiana, es que la cooperación internacional solo aporta valor cuando se enfoca con precisión en los cuellos de botella que la acción doméstica no puede resolver por sí sola, y que el mayor riesgo actual no es la falta de ambición, sino la dispersión de esfuerzos entre iniciativas que se superponen sin una coordinación clara.

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