La transición hacia sistemas energéticos más eficientes no depende únicamente del desarrollo tecnológico o de la implementación de nuevos programas de ahorro energético. También requiere garantizar que los beneficios asociadas a estas iniciativas sean accesibles para todos los grupos poblacionales. En numerosos casos, los programas de eficiencia energética promovidos por empresas de servicios públicos han alcanzado mayores niveles de participación entre hogares con más recursos económicos o con mayor acceso a información, mientras que sectores vulnerables continúan enfrentando barreras que limitan su capacidad para participar. El análisis examina estas dinámicas y plantea estrategias orientadas a reducir las desigualdades existentes en el acceso a los beneficios energéticos. 

El estudio identifica múltiples factores que explican las brechas de participación observadas. Entre ellos se encuentran limitaciones económicas para realizar inversiones iniciales, dificultades para acceder a información clara y oportuna, requisitos administrativos complejos, barreras lingüísticas y bajos niveles de confianza hacia las instituciones encargadas de implementar los programas. Estas condiciones pueden generar que precisamente los hogares con mayor necesidad de reducir sus costos energéticos sean quienes menos aprovechan las oportunidades disponibles. Como resultado, los beneficios económicos, ambientales y sociales de la eficiencia energética tienden a distribuirse de forma desigual entre distintos grupos de la población. 

A partir de la revisión de experiencias desarrolladas por empresas de servicios públicos, se identifican prácticas que han demostrado capacidad para mejorar los niveles de inclusión. Entre ellas se destacan las alianzas con organizaciones comunitarias, la adaptación de los mecanismos de comunicación a las características de cada territorio, la simplificación de los procedimientos de acceso y la implementación de apoyos financieros que reduzcan las barreras de entrada para los usuarios. Asimismo, se resalta la importancia de diseñar programas teniendo en cuenta las necesidades específicas de diferentes comunidades, en lugar de aplicar enfoques homogéneos que pueden no responder adecuadamente a contextos diversos. 

El documento también analiza la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para medir no solo los ahorros energéticos obtenidos, sino también la distribución de los beneficios entre distintos grupos de usuarios. La incorporación de indicadores de equidad permite identificar poblaciones subrepresentadas, ajustar estrategias de intervención y verificar si los resultados están contribuyendo efectivamente a reducir desigualdades. Este enfoque adquiere especial relevancia en un contexto donde las políticas energéticas buscan combinar objetivos de sostenibilidad ambiental con metas de inclusión social y desarrollo territorial. 

Desde una perspectiva estratégica, el estudio concluye que la eficiencia energética puede convertirse en una herramienta para mejorar el bienestar social cuando sus beneficios se distribuyen de manera más equitativa. La reducción de costos energéticos, la mejora del confort de las viviendas y el acceso a tecnologías más eficientes pueden generar impactos positivos particularmente significativos para hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Los hallazgos ofrecen orientaciones para empresas de servicios públicos, organismos reguladores y responsables de política pública interesados en construir programas de eficiencia energética más inclusivos, efectivos y alineados con los principios de una transición energética justa.

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https://www.aceee.org/wp-content/uploads/2026/07/u2602_July31.pdf

https://www.aceee.org/resource/bridging-equity-gap-utility-energy-efficiency-programs/

La creciente participación de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales ha generado nuevas oportunidades de aprendizaje, comunicación, entretenimiento y desarrollo de habilidades. Sin embargo, esta expansión también ha incrementado la exposición a riesgos relacionados con contenidos inapropiados, interacciones perjudiciales, prácticas comerciales agresivas y recopilación intensiva de información personal. Tradicionalmente, las discusiones sobre protección infantil en línea se han centrado en características específicas de determinados servicios o en funcionalidades concretas de diseño. No obstante, el análisis plantea que muchos de estos riesgos tienen un origen más profundo asociado a los incentivos económicos que orientan las decisiones empresariales dentro del ecosistema digital.

El estudio propone una aproximación basada en la comprensión de los modelos de negocio que sustentan los servicios digitales. Según esta perspectiva, las decisiones relacionadas con recomendaciones de contenido, estrategias de interacción, mecanismos de monetización y utilización de datos personales están influenciadas por objetivos económicos que pueden incentivar comportamientos con impactos negativos sobre la seguridad de los menores. En consecuencia, abordar únicamente las manifestaciones visibles de los riesgos puede resultar insuficiente si no se consideran también los factores estructurales que los generan. Este enfoque permite analizar de manera más integral cómo determinadas características de los servicios digitales están vinculadas a incentivos financieros específicos. 

La investigación identifica diversas dimensiones que contribuyen a configurar los niveles de riesgo presentes en las plataformas digitales. Entre ellas se encuentran la dependencia del tiempo de uso para generar ingresos, los mecanismos de monetización poco transparentes, la presencia de contenidos potencialmente perjudiciales, las dinámicas de interacción entre usuarios, la recopilación masiva de datos personales y la incorporación de tecnologías emergentes. Asimismo, se destaca que los riesgos no se limitan a una única plataforma o servicio, sino que se acumulan a lo largo de toda la cadena digital, involucrando dispositivos, intermediarios tecnológicos y proveedores de contenido. Esta visión integrada permite comprender de manera más amplia las responsabilidades compartidas entre los diferentes actores del entorno digital.

El estudio también examina las limitaciones de los marcos regulatorios actuales, los cuales suelen abordar aspectos específicos de manera fragmentada. Frente a ello, plantea la necesidad de desarrollar enfoques más coherentes que permitan alinear los incentivos económicos con los objetivos de protección infantil. Se destacan especialmente medidas asociadas a mecanismos de verificación de edad, diseño seguro por defecto, transparencia en las prácticas de negocio y fortalecimiento de obligaciones de protección a lo largo de toda la cadena de valor digital. Estas acciones buscan reducir riesgos sin limitar los beneficios que los entornos digitales pueden ofrecer a los menores.

Desde una perspectiva estratégica, el documento concluye que una protección efectiva de la infancia en línea requiere comprender cómo los incentivos empresariales moldean el funcionamiento de los servicios digitales. La alineación entre modelos de negocio, objetivos regulatorios y bienestar de los usuarios menores de edad se presenta como un elemento fundamental para construir ecosistemas digitales más seguros y sostenibles. Los hallazgos ofrecen una base para diseñar políticas públicas, marcos regulatorios y estrategias empresariales que permitan responder de forma más efectiva a los desafíos asociados a la protección de la niñez en la era digital.

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https://cerre.eu/publications/a-framework-for-aligning-business-incentives-to-protect-children-online/

https://cerre.eu/wp-content/uploads/2026/10/CERRE_A-Framework-for-Aligning-Business-Incentives-to-Protect-Children-Online.pdf

La pobreza energética constituye uno de los principales factores que afectan el bienestar de millones de personas, especialmente aquellas que viven con enfermedades crónicas, movilidad reducida o limitaciones económicas. La incapacidad para mantener una vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno no solo reduce la calidad de vida de los hogares afectados, sino que también incrementa el riesgo de complicaciones de salud, hospitalizaciones y uso de servicios de atención médica. Bajo este contexto, el análisis examina los resultados de un modelo de intervención diseñado para identificar y apoyar a personas cuya salud se encuentra particularmente expuesta a los efectos de las viviendas frías, combinando asistencia económica, orientación especializada y acceso a programas de mejora energética. 

El programa se desarrolló mediante la colaboración entre organizaciones del sector salud, entidades comunitarias y especialistas en energía, permitiendo una identificación más precisa de los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Esta articulación institucional facilitó que las ayudas llegaran a personas con enfermedades respiratorias, condiciones cardiovasculares, limitaciones de movilidad y familias con niños pequeños, grupos para los cuales las bajas temperaturas representan riesgos adicionales. Más allá de la entrega de apoyo económico para cubrir costos energéticos, el modelo incorporó asesoría personalizada orientada a mejorar la gestión del consumo energético y fortalecer las condiciones generales de habitabilidad de las viviendas. 

Los resultados muestran que la mayoría de los participantes logró mantener temperaturas más saludables dentro de sus hogares después de recibir la intervención. Asimismo, una proporción significativa reportó mejoras en su salud física y mental, reflejando la estrecha relación existente entre condiciones habitacionales adecuadas y bienestar general. En los hogares con niños también se identificaron efectos positivos relacionados con salud, confort y calidad de vida. De igual manera, se observaron reducciones en la utilización de servicios médicos de emergencia, lo que sugiere que el fortalecimiento de las condiciones térmicas de las viviendas puede contribuir a disminuir presiones sobre los sistemas de salud y generar beneficios económicos indirectos para la sociedad. 

El estudio también evidencia la importancia de complementar las ayudas inmediatas con acciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares. Una parte importante de los participantes accedió a evaluaciones energéticas, programas de modernización de viviendas y mecanismos de financiamiento para mejoras permanentes. Estas intervenciones contribuyen a reducir el consumo energético, disminuir costos futuros y fortalecer la resiliencia de los hogares frente a incrementos en los precios de la energía. Al mismo tiempo, facilitan una transición más inclusiva hacia modelos energéticos sostenibles al asegurar que los beneficios de la modernización energética lleguen también a poblaciones vulnerables. 

Desde una perspectiva estratégica, los hallazgos muestran que la pobreza energética debe abordarse como un fenómeno que conecta salud, vivienda, bienestar social y sostenibilidad. La experiencia analizada demuestra que las intervenciones integradas pueden generar resultados positivos simultáneamente en múltiples dimensiones, mejorando la calidad de vida de las personas y optimizando el uso de recursos públicos. Para gobiernos, entidades de salud, organizaciones comunitarias y empresas del sector energético, el estudio proporciona evidencia valiosa sobre mecanismos efectivos para reducir vulnerabilidades, fortalecer la inclusión social y promover entornos habitacionales más saludables y resilientes.

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https://esc-production-2021.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/10/09095150/Warm_Homes_Prescription_SGN_lessons_from_vulnerable_households.pdf

https://es.catapult.org.uk/report/warm-home-prescription-what-happens-when-people-can-afford-to-heat-their-homes/

La demanda de petróleo y gas continuará en el sistema energético mundial incluso mientras las economías avanzan hacia fuentes de menores emisiones, de modo que reducir las emisiones asociadas a su producción, procesamiento y transporte sigue siendo un objetivo climático relevante. Aunque la combustión concentra la mayor parte del ciclo de vida, antes de llegar al usuario final se generan emisiones de metano, dióxido de carbono y, en menor medida, óxido nitroso. El metano pesa de manera particular: su potencial de calentamiento equivale a 29,8 veces el del dióxido de carbono a 100 años y a 82,5 veces a 20 años. Según la Agencia Internacional de Energía, bajo las políticas actuales la demanda de gas seguiría creciendo cerca de 70.000 millones de metros cúbicos al año hasta 2035. En ese contexto, el desempeño ambiental no es uniforme: varía entre cuencas, operadores y sistemas por diferencias de geología, infraestructura, prácticas operativas y regulación, lo que da origen al petróleo y al gas diferenciados, es decir, productos cuyas emisiones fueron cuantificadas, verificadas y distinguidas del suministro estándar.

Los inventarios corporativos y las huellas de carbono de producto suelen apoyarse en factores promedio de países o regiones, que no reflejan esas diferencias. Por eso, el marco exige cuantificar las emisiones por segmento de la cadena (producción, recolección e impulso, procesamiento, y transmisión y almacenamiento) y por gas, de modo que cada mejora, como la detección y reparación de fugas, la sustitución de dispositivos de alto escape o la electrificación de compresores, se aplique solo a la combinación segmento-gas que realmente modifica. También establece una jerarquía de calidad para los factores de emisión, desde los verificados por instalación hasta los promedios nacionales, y recomienda dejar de usar factores agregados que impiden saber qué parte sustituir. Para las emisiones compartidas entre petróleo y gas, la asignación por defecto se basa en el poder calorífico inferior.

La pieza central es una secuencia de cinco vías de seguimiento ordenadas por la fuerza de la asociación entre el suministro diferenciado y la actividad de la empresa compradora. El suministro segregado, con entrega dedicada y trazable, es el más sólido pero poco frecuente; le sigue el balance de masa físicamente trazable, que asigna atributos mediante promedios móviles proporcionales dentro de un sistema con cadena de custodia continua; después viene el suministro agrupado en un sistema mezclado, donde el producto y sus certificados de atributos ambientales se venden juntos por un proveedor conocido; y, en el extremo más débil, dos esquemas de certificados desagregados, orientados a la cuenca o asociados a la cadena de valor regional, subnacional o nacional. Las dos primeras vías se reportan como declaraciones físicas y las demás como contractuales, mientras que las soluciones sin asociación suficiente solo pueden presentarse como declaraciones de impacto, con contabilidad consecuencial separada. Una empresa puede combinar vías contractuales por segmento, pero la fidelidad de la información puede mantenerse o reducirse a lo largo de la cadena, nunca aumentar.

Para sostener la credibilidad, se definen reglas de elegibilidad geográfica y temporal, emparejamiento de volúmenes, prevención del doble conteo y de la reclamación compartida, umbrales de desempeño, consideraciones de adicionalidad, sistemas de registro, planes de medición de los proveedores, verificación de terceros y divulgaciones obligatorias. Los factores residuales para el suministro no diferenciado aún no existen en la mayoría de los mercados, por lo que se acepta provisionalmente un factor típico. Esta primera fase prioriza el metano y se ampliará a otros gases, al gas natural licuado y a la cadena de refinación. El borrador está abierto a comentarios hasta el 31 de octubre de 2026 y la versión final se publicará en el invierno de 2027. Para los profesionales del sector energético colombiano, el marco ofrece un lenguaje común para evaluar el gas que alimenta la generación térmica y la industria, y para exigir trazabilidad y medición creíbles frente a las emisiones aguas arriba.

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https://rmi.org/resources/emissions-accounting-framework/?submitted=1#thank-you

https://rmi.org/app/uploads/dlm_uploads/2026/10/rmi-september-2026-Accounting-Guidance-for-Lower-Upstream-Emissions-Oil-and-Gas-Supply.pdf

La eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera ha avanzado de forma notable en tres décadas, con un crecimiento exponencial de la producción científica y de los proyectos en los últimos diez años. Casi todos los enfoques mejoraron su madurez tecnológica y su preparación para la adopción desde 2015, y en 2025 las entregas de remoción superaron el millón de toneladas, con más de 500 compradores en 35 países. Hoy se contabilizan 514 empresas activas, 694 proyectos y una remoción acumulada cercana a 279 millones de toneladas, con 13.600 millones de dólares de financiamiento y 42 millones de toneladas anuales de capacidad. Aun así, las metas empresariales proyectan 217 millones de toneladas anuales en 2030, cifra próxima al techo de 237 millones planteado en una hoja de ruta anterior, aunque los proyectos anunciados y activos cubren solo 19% de ese objetivo y exigirían crecer cerca de 51% cada año.

El análisis recorre catorce enfoques agrupados en tres familias según su insumo principal: los biogénicos dependen de biomasa sostenible, los geoquímicos de minerales alcalinos y los sintéticos de energía baja en carbono. Para cada uno se estima una estructura de costos que reúne inversión de capital, energía, materia prima, transporte, operación, almacenamiento, medición y verificación, y emisiones incorporadas. Los valores varían ampliamente: la gestión y restauración de ecosistemas se ubica entre 25 y 110 dólares por tonelada y admite poca reducción, el almacenamiento directo de biomasa pasaría de 95 a 170 dólares hoy a entre 55 y 110 en el futuro, y el biocarbón parte de 80 a 225 dólares con un potencial de recorte de 40% a 60% mediante operación continua, centros regionales e integración estandarizada. En el extremo opuesto, la captura directa de aire consume todavía entre 10 y 15 veces la energía del mínimo termodinámico, mientras que los procesos geoquímicos podrían acercarse al rango de costos de los proyectos forestales.

Más allá de las mejoras graduales, se identifican dieciocho oportunidades de innovación disruptiva, seis por familia, entre ellas cultivares mejorados para almacenar más carbono, microrreactores en sitio, sistemas autónomos de cultivo y hundimiento de algas, reacciones biológicamente aceleradas, despliegue con drones, captura que alterna adsorción y desorción mediante electricidad, módulos pequeños apilables e instalaciones electroquímicas costa afuera. Tres áreas concentran un potencial desproporcionado: los biomateriales especializados, la mineralización mediada por microbios y la captura reactiva de dióxido de carbono. El texto compara estos saltos con transiciones históricas como el paso de las bombillas halógenas a la iluminación LED o de la destilación térmica a la ósmosis inversa en desalinización, que redujeron de manera drástica el consumo de energía y permitieron escalar tecnologías enteras.

Los aprendizajes de la década advierten que crecer sin claridad regulatoria ni respaldo financiero puede hundir a una empresa, como ocurrió con el cierre abrupto de una compañía de macroalgas en 2024, y que el diálogo temprano con las comunidades protege la reputación de todo un enfoque. La durabilidad es el producto, de modo que la medición, el reporte y la verificación independientes resultan indispensables, mientras que incentivos tributarios como el crédito 45Q, elevado a 180 dólares por tonelada en 2022, han detonado nuevas olas de empresas. Por ello, el documento insiste en que ningún avance técnico bastará sin aceptación pública, demanda estable, permisos claros y financiamiento experimental, y anticipa planes de desarrollo rápido para llevar las ideas promisorias desde el laboratorio hasta el mercado. Para los profesionales del sector energético colombiano, ofrece criterios útiles para valorar la remoción de carbono como complemento de la descarbonización, considerando su dependencia de energía baja en carbono y de una gobernanza sólida.

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https://rmi.org/resources/the-new-frontiers-report-for-cdr/

https://rmi.org/app/uploads/dlm_uploads/2026/10/rmi-october-2026-New-Frontiers-Report-for-CDR-2.pdf

El orden internacional de posguerra, que durante ocho décadas sostuvo la cooperación multilateral, está siendo reemplazado por uno regido en mayor medida por relaciones de poder. Las rupturas se expresan en tres planos que se refuerzan entre sí: la fragmentación del sistema multilateral, la instrumentalización de la interdependencia económica y la competencia por el liderazgo tecnológico. Entre 2025 y 2026, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud, y anunció su salida de 66 organismos internacionales. Su arancel promedio pasó de 2,2% en enero de 2025 a 11,0% en octubre, tras la imposición de aranceles recíprocos de hasta 50% a más de 80 países, que la Corte Suprema declaró inconstitucionales en febrero de 2026 y fueron reemplazados por un arancel de 10%. En este escenario, América Latina y el Caribe se reubica como terreno de competencia geopolítica y como región con activos estratégicos revalorizados: recursos naturales, entre ellos sus fuentes de energía y minerales críticos, capacidades productivas, talento y un mercado de más de 600 millones de personas.

Ese contexto interactúa con tres trampas del desarrollo que afectan a la mayoría de los países de la región: una de baja capacidad para crecer, otra de alta desigualdad, baja movilidad y débil cohesión social, y una tercera de capacidades institucionales débiles y gobernanza poco efectiva. El producto interno bruto creció a una tasa anual promedio ponderada de solo 0,9% entre 2014 y 2023, inferior al 2,0% de la década perdida de los años ochenta, y de 1,3% entre 2016 y 2025, lo que plantea la pregunta de si la región evitará una tercera década perdida. Para superar diez brechas estructurales, la CEPAL propone once transformaciones indispensables y sostiene que el desarrollo exige claridad sobre los objetivos y también una gestión efectiva de los procesos para alcanzarlos. Con ese fin profundiza cuatro elementos: las capacidades institucionales técnicas, operativas, políticas y prospectivas, la gobernanza, la economía política y el diálogo social, a los que suma los conceptos de gobernanza endógena y capacidad transformadora.

Tres transformaciones reciben tratamiento detallado. La primera es aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial para superar la trampa de baja capacidad para crecer: estas tecnologías pueden elevar la productividad, reducir costos de transacción, ampliar el acceso a mercados y modernizar la capacidad del Estado, pero su adopción debe ser real y efectiva, no meramente formal. El análisis examina brechas de conectividad significativa, de competencias digitales, de talento, de adopción empresarial y de capital de riesgo, y propone un marco de políticas con un eje de demanda, un eje de oferta y un eje de coordinación. La segunda es una nueva etapa de integración regional, orientada a dinamizar el crecimiento, el desarrollo productivo y el empleo mediante el desarrollo conjunto de infraestructura, la facilitación del comercio, el comercio de servicios modernos, la inversión intrarregional, la cooperación digital y la puesta en valor de bienes públicos regionales. La tercera es una macroeconomía para el desarrollo con fiscalidad sana y fuerte, que parte de choques externos cada vez más frecuentes y de un deterioro del espacio de política, y examina la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la prudencial, así como la reforma de la arquitectura financiera internacional a partir del Compromiso de Sevilla.

El documento se concibe como una herramienta de diálogo político para los gobiernos de la región, y no como un informe técnico sectorial: no trata de forma específica el sector eléctrico. Su valor está en el marco que ofrece para decidir y gestionar transformaciones de largo plazo, como la transición energética y la digitalización, en un entorno de competencia tecnológica, restricciones fiscales y alto costo del financiamiento. Resalta el papel de las capacidades institucionales, la coordinación público-privada y el diálogo social para sostener políticas en el tiempo, y plantea que la región debe ganar capacidades propias en tecnologías digitales y en inteligencia geopolítica para convertir activos como sus fuentes de energía y sus minerales críticos en ganancias de desarrollo.

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https://www.cepal.org/es/publicaciones/90368-gestion-transformaciones-era-rupturas

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La informalidad laboral es hoy un termómetro de la calidad de los empleos que se crean. En los próximos 10 a 15 años, unos 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad de trabajar, pero se proyecta que solo se crearán unos 400 millones de puestos, lo que deja una brecha cercana a 800 millones. La participación informal oscila entre 10% en Europa y Asia central y 80% en Asia meridional y África subsahariana, y en América Latina y el Caribe ronda 55% de los trabajadores desde hace casi dos décadas, a pesar de reformas para facilitar el registro, abaratar la contratación formal y condonar infracciones laborales. La visión tradicional describe el sector como refugio de subsistencia y desempleo encubierto, mientras que el informe regional de 2007, Informalidad: Escape y exclusión, sostuvo que muchos trabajadores lo eligen de manera voluntaria. El análisis reconcilia ambas posturas con tres aportes: datos nuevos de varias regiones, la primera medición integral del valor que los trabajadores asignan a las prestaciones de cada sector y un modelo unificado del mercado laboral.

Los datos de 15 países de la región muestran cuatro sectores distinguibles: microempresas y trabajadores por cuenta propia, emprendedores transformadores, asalariados formales y asalariados informales. La informalidad se asocia con bajas habilidades: más de la mitad de los informales solo tiene educación primaria, frente a una cuarta parte de los asalariados y emprendedores formales, y 30% de las empresas de la región afirma que no puede expandirse por falta de mano de obra calificada. El trabajo por cuenta propia es el epicentro del fenómeno: 83% de los trabajadores informales, incluido 67% de los asalariados informales, trabaja en empresas de cinco o menos empleados. Lejos de ser desempleo encubierto, ofrece la mayor antigüedad (ocho años en el formal y seis en el informal, frente a cinco en el asalariado formal y dos en el asalariado informal), y entre 60% y 70% de quienes lo eligen entra por razones de oportunidad, con Colombia y Panamá muy por encima del promedio de la OCDE. Los trabajadores por cuenta propia valoran la flexibilidad y la independencia entre 30% y 45% de sus ingresos y, en promedio, valoran igual el trabajo por cuenta propia informal y el asalariado formal.

Esa elección convive con una paradoja: pese a las altas tasas de entrada por oportunidad, la mayoría de estos emprendimientos no crece, porque sus dueños tienen habilidades bajas y poca necesidad de crédito o de los servicios del Estado. Por eso la formalización de microempresas tiene poco efecto sobre el crecimiento, y el dinamismo depende de los emprendedores transformadores. Los asalariados informales son 22% de la fuerza laboral y 40% del sector informal, y entre 50% y 70% preferiría un empleo formal; en este grupo los salarios mínimos pueden racionar el acceso, y sus ingresos ajustados por prestaciones están entre 35% y 45% por debajo de los del asalariado formal. El hallazgo más llamativo es el impuesto implícito a la formalidad: los trabajadores asignan a los beneficios formales un valor muy inferior a su costo, por pensiones que nunca consolidan, coberturas de salud duplicadas y contribuciones que no perciben como beneficio. En las empresas grandes, esa brecha incentiva pagos por debajo de la mesa.

El análisis advierte contra los programas fragmentados y propone una estrategia integral de tres ejes. El primero amplía las habilidades de todo el espectro del capital humano: mejor educación pública, capacitación pertinente para el sector privado y más formación terciaria y en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para los emprendedores transformadores. El segundo reforma el entorno de negocios: reducir las restricciones de crédito, los costos laborales no salariales y las políticas que dependen del tamaño de las empresas, diseñar con cuidado los salarios mínimos y dirigir el apoyo al crecimiento a emprendedores de alto potencial. El tercero rediseña la protección social: desvincular la salud del contrato laboral, crear cuentas de pensiones portables y adaptar la regulación a las necesidades familiares y a nuevas modalidades de trabajo. Aunque no trata el sector eléctrico, para Colombia, aporta un marco útil para pensar la formación de talento técnico, la creación de empleo formal de calidad y una transición energética centrada en los trabajadores.

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