Bután mantiene un crecimiento económico sólido, apoyado en hidroelectricidad y gasto de capital, pero con una limitación estructural clara: la expansión del producto no está generando suficientes empleos de calidad. En ese contexto, el sistema agroalimentario aparece como una de las plataformas más relevantes para conectar transformación productiva, reducción de pobreza y creación de oportunidades laborales. La agricultura, la ganadería y la silvicultura aportan menos de 15% del PIB y han crecido apenas 2,5% anual en la última década, con problemas persistentes de baja productividad, costos elevados, escasa integración de cadenas, limitada agregación de valor y exposición climática. Aun así, la importancia del sistema agroalimentario supera ampliamente el peso de la producción primaria, porque incorpora todas las actividades vinculadas a las cadenas de valor de alimentos y productos agropecuarios, desde la producción y los servicios de apoyo hasta el procesamiento, la logística, el comercio y los servicios de alimentos.

El análisis muestra que el sistema agroalimentario concentra, en promedio, 55% del empleo nacional entre 2018 y 2024, equivalente a unas 176.427 personas, aunque su peso relativo viene descendiendo por un crecimiento más rápido del empleo no agroalimentario. Aun así, sigue siendo la principal fuente de ocupación para grupos económicamente más vulnerables. Entre 2018 y 2024 absorbió 71% de los trabajadores rurales, 65% del empleo femenino, 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años y 71% de quienes no tienen educación formal. Esa composición le da un papel directo en reducción de pobreza y movilidad económica, sobre todo porque estos grupos enfrentan mayores barreras para insertarse en otros segmentos del mercado laboral. También se destaca que las firmas de este sistema emplean una proporción más alta de mujeres permanentes y de gerentes mujeres que las firmas no vinculadas a estas cadenas, además de ofrecer oportunidades para trabajadores con menor escolaridad.

Sin embargo, la estructura interna sigue dominada por actividades primarias. El segmento upstream concentra en promedio 86% del empleo agroalimentario, con muy poca liberación de mano de obra desde la producción primaria. Buena parte de ese empleo es rural, familiar y de baja calificación. Cerca de 72% de los trabajadores de ese tramo tiene 35 años o más, 73% no posee educación formal y la mayoría trabaja como familiar no remunerado o como trabajador por cuenta propia. Eso limita productividad, mecanización, innovación y generación de empleo asalariado. En contraste, el segmento midstream, aunque pequeño, concentra una proporción muy alta de empleo asalariado, mientras el downstream ha sido el de crecimiento más acelerado, impulsado por más trabajadores que ingresan a comercio, mercadeo y servicios de alimentos. Lo más relevante es que la calidad del empleo y las remuneraciones mejoran a medida que los trabajadores avanzan dentro de la cadena. En promedio, los ocupados en actividades intermedias ganan 27% más por hora que los del tramo primario, y quienes se ubican en actividades downstream ganan 33% más por hora. Esto sugiere que la mejora del empleo no exige necesariamente salir del sistema agroalimentario, sino moverse hacia actividades de mayor valor dentro de él.

A nivel empresarial, las firmas agroalimentarias muestran un papel relevante en productividad y empleo. Representan alrededor de la mitad del universo de firmas privadas manufactureras y de servicios cubiertas en la encuesta analizada. Las más jóvenes, con menos de cinco años, exhiben el mayor crecimiento tanto en productividad como en empleo, lo que refuerza su importancia en la expansión de nuevas oportunidades laborales. Además, los salarios crecen de manera consistente con la productividad empresarial, lo que indica que mejorar desempeño a nivel de firma es una vía concreta para elevar ingresos laborales. Sin embargo, persisten restricciones importantes: escasez de mano de obra con habilidades adecuadas, acceso insuficiente a materias primas consistentes, financiamiento limitado, mercados pequeños y dificultades para cumplir exigencias de inocuidad alimentaria en destinos de exportación. Frente a ello, la orientación de política se centra en tres frentes: elevar productividad y especialización del tramo productivo mediante incentivos más inteligentes e inversión en bienes públicos; fortalecer el ecosistema de agronegocios y de cadenas fuera de finca con mejoras regulatorias, financieras y de formación técnica; y posicionar a Bután en productos alimentarios premium con mayor valor agregado, certificación y acceso a nichos de mercado que permitan escalar firmas, atraer capital privado y generar más empleos mejor remunerados.

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América Latina y el Caribe llega a 2026 en un contexto de crecimiento moderado, inversión contenida, espacio fiscal reducido y una inflación que avanza lentamente hacia su fase final de convergencia. La proyección regional de crecimiento se ubica en 2,1%, ligeramente por debajo del 2,4% de 2025, lo que mantiene a la región entre las de menor dinamismo del mundo y con un aumento apenas marginal del ingreso por habitante. El consumo privado sigue siendo el principal soporte de la actividad, mientras la inversión permanece débil en un entorno de incertidumbre global, tasas reales todavía restrictivas y cautela empresarial. A esto se suman presiones externas derivadas de tensiones geopolíticas, volatilidad en precios de la energía y una demanda internacional moderada. Sobre esa base, el planteamiento central sostiene que la región necesita revisar sus instrumentos de crecimiento productivo, retomando el debate sobre política industrial, pero desde una lógica distinta a la de los esquemas históricamente fallidos.

El punto de partida es que el renovado interés por la política industrial no surge solo en América Latina y el Caribe. A escala global, el bajo crecimiento, la transición energética, la reconfiguración del comercio y la competencia tecnológica han devuelto al Estado un papel más activo en la promoción de actividades estratégicas. Sin embargo, en la región esa discusión está atravesada por una experiencia histórica compleja. Los enfoques proteccionistas de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones derivaron en sectores poco dinámicos e inestabilidad macroeconómica, y posteriormente dieron paso a estrategias más orientadas al mercado. Aun así, el balance regional tampoco fue satisfactorio en la etapa liberalizadora. La comparación con Asia muestra que, bajo modelos más intervencionistas y también bajo enfoques más abiertos, la región mantuvo un crecimiento menor y un desempeño de productividad persistentemente débil. La conclusión es que el problema no reside únicamente en intervenir o no intervenir, sino en la ausencia de capacidades para aprender, adoptar tecnología y transformar esa adopción en aumentos sostenidos de productividad.

La propuesta redefine entonces la política industrial como una política de aprendizaje. El argumento es que el desarrollo requiere capacidad para realizar apuestas informadas sobre nuevos productos, procesos, mercados y tecnologías, y para corregir el rumbo a partir de esa experimentación. Bajo esa lógica, lo decisivo no es solo impulsar sectores específicos, sino construir los complementos que permiten que cualquier estrategia productiva funcione. El primero es el desarrollo de capacidades. La región sigue rezagada en calidad educativa, formación técnica, graduación en áreas STEM, calidad universitaria e interacción entre conocimiento y sector privado. Eso limita la disponibilidad de trabajadores, técnicos, emprendedores e instituciones capaces de identificar y adoptar tecnologías nuevas. El segundo es facilitar la toma de riesgos. La innovación y la expansión hacia nuevos mercados requieren gestión empresarial, horizontes de largo plazo y sistemas financieros capaces de distribuir riesgo. Los mercados poco profundos de la región reducen la capacidad de las empresas para experimentar y crecer. El tercero es maximizar los beneficios de la apertura. El comercio, la inversión extranjera, el estudio en el exterior y los intercambios con la frontera tecnológica siguen siendo los mecanismos más rápidos para incorporar conocimiento y disciplina competitiva, aunque sus beneficios dependen de contar con capacidades internas suficientes. El cuarto es fortalecer el Estado, no solo para intervenir, sino para hacerlo con autonomía, capacidad técnica, evaluación, disciplina y posibilidad real de terminar experimentos fallidos.

La lectura regional se completa con un entorno macroeconómico que condiciona cualquier estrategia productiva. Los déficits fiscales persisten, el costo de intereses sigue absorbiendo espacio presupuestal, la deuda pública continúa elevada y la inversión pública enfrenta desplazamiento por rigideces del gasto corriente. Al mismo tiempo, la informalidad laboral sigue siendo alta y limita productividad, movilidad social y reducción de pobreza. También persisten diferencias importantes en apertura comercial, acceso a mercados y complementariedad productiva con socios externos. En ese contexto, el planteamiento no propone una política industrial basada en subsidios indiscriminados o protección prolongada, sino una estrategia más exigente, donde el crecimiento depende de mejorar capital humano, capacidad empresarial, financiamiento, integración internacional y calidad estatal para que las apuestas productivas sean más sofisticadas y menos costosas en términos de error. 

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Las cadenas de abastecimiento de alimentos operan en un entorno cada vez más exigente por la convergencia de presiones geopolíticas, crecimiento de la población e impactos crecientes del clima y de la degradación de la naturaleza. Bajo este contexto, la función de compras empieza a adquirir un papel estratégico más amplio, no limitado a asegurar volumen, calidad y costo, sino también continuidad del suministro y menor exposición a riesgos ambientales y productivos. La propuesta se orienta precisamente a esa reconfiguración, planteando que las decisiones de procurement pueden convertirse en una palanca para fortalecer resiliencia y acelerar transformaciones dentro de las cadenas agroalimentarias.

El punto central está en que ya existen soluciones técnicas y productivas con capacidad de expansión. Se mencionan, entre ellas, prácticas regenerativas aplicadas a cultivos extensivos, enfoques de gestión del agua y alternativas para reducir emisiones de metano en arroz. Sin embargo, la barrera no se ubica únicamente en disponibilidad tecnológica o en conocimiento técnico. La limitación más importante aparece en la ausencia de señales de demanda suficientemente sólidas para que los actores de la cadena de valor, especialmente productores y proveedores, tengan incentivos claros para invertir y escalar. La transformación, por tanto, depende menos de pilotos aislados y más de compromisos de compra con credibilidad suficiente para movilizar financiamiento y coordinación entre eslabones.

La orientación propuesta para el procurement reconoce que las prioridades económicas convencionales siguen siendo determinantes. Calidad, disponibilidad y costo no desaparecen del proceso de decisión. Lo que cambia es el marco bajo el cual se evalúan, incorporando también continuidad del abastecimiento, exigencias de sostenibilidad y resguardo de la naturaleza. Esa ampliación del criterio de compra busca responder a un entorno donde los riesgos de interrupción, la exposición climática y las expectativas regulatorias y reputacionales tienen cada vez más peso en la estrategia empresarial. En esa lógica, la compra de alimentos deja de ser una función transaccional y pasa a ser una herramienta de gestión de riesgo y de creación de valor de más largo plazo.

La base analítica utilizada combina entrevistas en profundidad con chief procurement officers y múltiples estudios de caso. A partir de ese material, la guía se dirige a CEOs y líderes senior con el propósito de mostrar cómo las decisiones de compra pueden acelerar resultados de sostenibilidad y resiliencia al mismo tiempo que generan beneficios concretos para la organización y para su red de suministro. El énfasis no está en una meta exclusivamente ambiental, sino en una estrategia de abastecimiento capaz de reducir vulnerabilidades, dar mayor estabilidad a la cadena de valor y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios del entorno. 

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https://www.weforum.org/publications/first-movers-coalition-for-food-ceo-lessons-for-the-future-of-food-procurement/

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ASEAN entra en una década decisiva para su transformación industrial y energética. La región supera los 670 millones de habitantes, representa una economía de US$3,8 billones y enfrenta una demanda de energía que podría más que duplicarse hacia 2050. Esta expansión económica está ocurriendo en un entorno donde persisten alta dependencia de combustibles fósiles, marcos de política fragmentados y costos de financiamiento elevados, factores que pueden debilitar seguridad energética, resiliencia y competitividad industrial. La respuesta planteada se centra en convertir los clústeres industriales en plataformas de ejecución para la transición, con capacidad de traducir metas nacionales en despliegues concretos de transformación baja en carbono. La lógica de clúster se apoya en la concentración territorial de actividades industriales con necesidades comunes de energía confiable, infraestructura moderna, nuevas tecnologías y acceso a capital. Cuando varias empresas comparten una misma área industrial, pueden coordinar inversiones, compartir recursos y avanzar en oportunidades de transición energética que serían mucho más difíciles de materializar de forma aislada. Bajo esta visión, la competitividad futura de ASEAN no depende solo de incorporar energía más limpia, sino de construir ecosistemas colaborativos donde industria, sector público e inversionistas operen con una agenda coordinada.

La propuesta identifica cuatro palancas principales. La primera es el desarrollo de alianzas y de una visión común entre empresas y actores públicos, con el propósito de compartir riesgos, agregar demanda y acelerar adopción tecnológica. La segunda es la claridad regulatoria y la orientación de largo plazo, mediante hojas de ruta, incentivos predecibles y marcos normativos consistentes que reduzcan incertidumbre y faciliten compromisos de capital privado. La tercera es el escalamiento de tecnologías bajas en carbono, incluyendo sistemas renovables, herramientas digitales de optimización, automatización avanzada y combustibles limpios. La cuarta es la movilización de financiamiento, especialmente a través de blended finance, asociaciones público-privadas y mecanismos de mitigación de riesgo que permitan transformar estrategias de transición en proyectos bancables. Los casos resaltados ilustran distintas rutas de implementación. En Indonesia, el Indo-Pacific Net-Zero Battery Materials Consortium está articulando minería, procesamiento y manufactura de baterías para consolidar un hub integrado y bajo en carbono en Sulawesi, apoyado en infraestructura compartida y planeación coordinada. En Sarawak, Malasia, el clúster industrial de Bintulu está avanzando en producción de hidrógeno, captura de carbono y proyectos renovables, respaldado por la Post COVID-19 Development Strategy 2030, la Sarawak Energy Transition Policy y un futuro gravamen estatal al carbono. En Singapur, Tuas Port se perfila como un nodo portuario electrificado y altamente automatizado, preparado para el uso futuro de hidrógeno y amoníaco, con apoyo de sistemas digitales y gestión inteligente de energía. En Tailandia, el Saraburi Sandbox, ubicado en una provincia que produce cerca de 80% del cemento del país, utiliza financiamiento combinado para impulsar proyectos en cemento bajo en carbono, combustibles alternativos, biomasa y solar.

La ruta regional propuesta también exige mayor alineación entre política, industria y finanzas. Se plantea armonizar estándares, fortalecer marcos de carbono y divulgación, reequilibrar gradualmente subsidios fósiles y consolidar acuerdos de compra de largo plazo que den sustento a inversiones compartidas. Los clústeres industriales son presentados como espacios idóneos para pilotear tecnologías limpias, compartir infraestructura y coordinar inversiones con gobernanza transparente. El énfasis operativo está en que la transformación industrial de ASEAN no depende únicamente de ambiciones nacionales aisladas, sino de su capacidad para construir plataformas regionales de colaboración que conviertan crecimiento económico, transición energética y descarbonización industrial en una estrategia conjunta.

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https://www.weforum.org/publications/industrial-transformation-in-asean-a-cluster-driven-model-for-regional-and-global-collaboration/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Industrial_Transformation_in_ASEAN_A_Cluster-Driven_Model_for_Regional_and_Global_Collaboration_2026.pdf

El escenario internacional contemporáneo evidencia una transformación profunda en las dinámicas de cooperación global, marcada por tensiones geopolíticas, cambios en los patrones económicos y una creciente incertidumbre sistémica. A pesar de este contexto fragmentado, la cooperación no ha desaparecido, sino que ha adoptado configuraciones más flexibles, selectivas y orientadas a intereses específicos. De hecho, mientras los mecanismos multilaterales tradicionales muestran signos de debilitamiento, emergen esquemas alternativos basados en alianzas más acotadas, donde los países priorizan vínculos con socios estratégicamente afines. Esta reconfiguración se observa en múltiples dimensiones: los flujos comerciales tienden a reorganizarse entre economías alineadas, la innovación tecnológica avanza mediante colaboraciones específicas y las iniciativas climáticas se articulan en torno a incentivos compartidos entre objetivos globales y necesidades internas.

Ahora bien, en el ámbito económico, las dinámicas de comercio y capital reflejan una estabilidad relativa en términos agregados, aunque con cambios relevantes en su composición. Por un lado, el comercio de bienes pierde dinamismo frente al crecimiento económico global, mientras que los servicios y los flujos de capital mantienen una trayectoria ascendente, impulsados por la digitalización y la búsqueda de capacidades productivas estratégicas. A su vez, las inversiones internacionales se concentran en sectores emergentes como inteligencia artificial, infraestructura digital y energías limpias, lo que sugiere una transición hacia formas de interdependencia más sofisticadas. Sin embargo, este panorama coexiste con una reducción significativa en la asistencia oficial al desarrollo, lo cual introduce tensiones adicionales, especialmente para economías con menor capacidad fiscal. Por tanto, aunque la actividad económica transfronteriza persiste, lo hace bajo condiciones más selectivas y menos universalistas.

Por otra parte, la cooperación en innovación y tecnología muestra un comportamiento dual. Mientras los flujos de datos, el comercio de servicios digitales y las inversiones en infraestructura tecnológica continúan expandiéndose, también se intensifican las restricciones sobre tecnologías críticas, recursos estratégicos y transferencia de conocimiento. Este contraste refleja una competencia creciente entre grandes potencias, que limita ciertos espacios de colaboración al tiempo que incentiva alianzas específicas en áreas de interés común. De forma similar, en el ámbito climático, el aumento en la financiación y el comercio de tecnologías limpias ha permitido avances significativos en la adopción de energías renovables y soluciones de descarbonización. No obstante, estos progresos resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío ambiental, dado que las emisiones globales continúan en ascenso y los indicadores de capital natural presentan deterioro. Así, la cooperación climática avanza, aunque sin alcanzar la escala necesaria para revertir las tendencias actuales.

Igualmente, los ámbitos de salud y seguridad evidencian contrastes aún más marcados. En salud, los indicadores muestran mejoras sostenidas tras la pandemia, lo que sugiere cierta resiliencia en los sistemas sanitarios; sin embargo, la reducción de la financiación internacional introduce riesgos estructurales que podrían comprometer estos avances en el mediano plazo. Paralelamente, la cooperación en seguridad internacional enfrenta un deterioro pronunciado, caracterizado por el aumento de conflictos, desplazamientos forzados y limitaciones en los mecanismos multilaterales de resolución. Ante esta situación, las respuestas se desplazan hacia iniciativas regionales o coaliciones específicas que buscan contener crisis puntuales. En definitiva, la cooperación global persiste, aunque en formas más fragmentadas, adaptativas y condicionadas por intereses nacionales, lo que redefine sus alcances y limita su capacidad para enfrentar desafíos de escala global.

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https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Cooperation_Barometer_2026.pdf

La descarbonización industrial en India se analiza desde tres sectores de alta intensidad emisora y fuerte peso económico: acero, cemento y aluminio. Estas actividades aportan 12%, 9% y 2%, respectivamente, a la participación de la manufactura en el PIB, dentro de un sector manufacturero que constituye la segunda fuente emisora del país y concentra cerca de 25% de las emisiones de dióxido de carbono. India es el segundo productor mundial de acero, cemento y aluminio, con participaciones cercanas a 9% del acero global, 9% del cemento y 6% del aluminio, y enfrenta el reto de alinear crecimiento industrial con la meta de emisiones netas cero hacia 2070. La expansión esperada de la demanda de estos materiales hacia 2050, estimada entre tres y cuatro veces, refuerza la necesidad de actuar sobre sectores cuya reducción de emisiones es técnica y económicamente compleja.

La ruta para aluminio se organiza alrededor de eficiencia material, menor dependencia del aluminio primario y fortalecimiento de la circularidad. Se reconoce, sin embargo, que la producción primaria seguirá teniendo relevancia económica, por lo que la transición debe mantener un equilibrio entre reducción de intensidad de carbono y continuidad productiva. Las principales barreras identificadas son la ausencia de tecnologías comercializadas de refinación y fundición con cero emisiones, además de acceso limitado a electricidad de baja huella de carbono. Las emisiones directas provienen principalmente de los ánodos de carbono utilizados en la fundición y de la elevada demanda de energía térmica en el procesamiento. Entre las opciones técnicas señaladas se encuentran ánodos inertes, electrificación con electricidad renovable, sustitución de combustibles fósiles por hidrógeno verde en procesos de alta temperatura y mejora del reciclaje y clasificación de aluminio.

En acero, la descarbonización se apoya en tres rutas principales. La primera es el fortalecimiento de la producción secundaria basada en chatarra, lo que desplaza el énfasis hacia eficiencia de recursos y circularidad. La segunda es la transición a hierro de reducción directa con hidrógeno de bajas emisiones, una alternativa más vinculada a transformación energética y tecnológica. La tercera es el despliegue de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Las restricciones señaladas incluyen disponibilidad limitada de hidrógeno verde y CCUS, cadenas de suministro insuficientemente desarrolladas y debilidad de la demanda por acero verde, debido a que los consumidores no siempre aceptan pagar una prima por materiales de menor huella. Junto con la expansión de renovables y del hidrógeno, se plantea reforzar la recolección, segregación, procesamiento y reciclaje de chatarra, además de avanzar en circularidad del carbono.

En cemento, las opciones inmediatas incluyen eficiencia energética, circularidad, sustitución de clinker y mejoras en la eficiencia térmica de hornos, con una reducción potencial de 25% de las emisiones. El obstáculo principal está en la resistencia a sustituir clinker por la posible desvalorización de activos existentes, además de la complejidad operativa derivada del uso combinado de energía térmica y eléctrica. Para profundizar reducciones, se señalan el uso de combustibles alternativos, incluidos residuos agrícolas y combustibles derivados de residuos, la integración de sistemas de gestión de residuos con los procesos cementeros y el despliegue de CCUS. La lógica sectorial no se limita a cambios operativos internos, sino que también depende de las condiciones de disponibilidad de insumos energéticos limpios y de señales regulatorias consistentes.

La orientación de política pública y regulación plantea una estrategia mixta. Se propone institucionalizar un mecanismo de comercio de carbono armonizado internacionalmente para cerrar la brecha de costos entre procesos fósiles y alternativas bajas en carbono. También se recomienda crear señales de demanda mediante compras sostenibles de cemento, acero y aluminio, con un marco nacional que provea herramientas, formación e información ambiental verificable para fortalecer contratación pública y privada de materiales verdes. Se suman incentivos financieros para tecnologías avanzadas y sistemas de gestión energética, acceso a capital de largo plazo y bajo costo, blended finance, mecanismos robustos de gestión de riesgo, inversión en infraestructura de uso compartido como hubs industriales con hidrógeno y almacenamiento renovable, y cooperación internacional para investigación, desarrollo y armonización de estándares de productos bajos en carbono.

Para leer más ingrese a:

https://wri-india.org/research/navigating-industrial-decarbonization-india-learnings-different-approaches-and-best

https://wri-india.org/sites/default/files/2026-04/Issue%20Brief%202025_imac.pdf

La contaminación del aire y la agricultura interactúan en doble vía. Las prácticas agrícolas liberan contaminantes a la atmósfera, mientras la exposición de cultivos y suelos a material particulado fino, ozono a nivel del suelo, dióxido de nitrógeno y otros compuestos deteriora fotosíntesis, crecimiento vegetal, fertilidad del suelo y resistencia de las plantas frente a plagas y enfermedades. Esta interacción también tiene consecuencias económicas importantes. Un aumento de 1% en la concentración de PM2.5 puede reducir la productividad total de los factores agrícolas en cerca de 0,104%, equivalente a alrededor de US$5.000 millones anuales sobre una producción bruta global cercana a US$5 billones por año. Además, la contaminación del aire podría explicar hasta 40% del cambio climático, mientras el aumento de temperaturas asociado a este proceso reduce productividad agrícola y agrava riesgos sobre la seguridad alimentaria.

La quema de residuos de cosecha aparece entre las fuentes más visibles. En 2021 alcanzó 402 millones de toneladas a escala global, 64% más que en 1961. Más de la mitad de esta biomasa quemada se concentró en siete países: China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Argentina e Indonesia. En Asia, China quemó cerca de 70 millones de toneladas al año e India registra una práctica intensiva en Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, con alrededor de 23 millones de toneladas de rastrojo de arroz quemadas cada año solo en Punjab y Haryana. El gráfico de la página 10 también indica que China seguiría siendo el país con mayor quema en 2030, mientras Estados Unidos aumentaría su volumen y superaría a India. Por tipo de cultivo, el maíz fue el residuo más quemado en 2021 con 205 millones de toneladas, seguido de arroz con 91 millones y trigo con 88 millones. Esta práctica libera dióxido de azufre, óxidos de carbono y nitrógeno, amoníaco e hidrocarburos aromáticos policíclicos, además de metano y óxido nitroso. Solo las emisiones globales de metano y óxido nitroso por quema de residuos superaron 38 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2021.

Otra fuente crítica corresponde a fertilizantes y plaguicidas. La producción mundial de fertilizantes sintéticos pasó de cerca de 20 millones de toneladas en 1950 a casi 190 millones en la actualidad, y el uso por hectárea de cultivo aumentó de 86 kg/ha en 2000 a 113 kg/ha en 2022. El gráfico de la página 16 muestra que Asia mantiene las mayores intensidades de uso, mientras África parte de niveles bajos pero crece. El amoníaco liberado por fertilizantes nitrogenados reacciona con SO2 y NOx para formar sulfato y nitrato de amonio, ambos componentes de PM2.5. La agricultura es responsable de más de 81% de las emisiones totales de NH3 en muchos países intensivos en agricultura, y estas emisiones explican 30% de toda la PM2.5 en Estados Unidos y en la cuenca del Ganges, 50% en Europa y entre 15% y 23% en China. También hay un aporte importante de la ganadería: a escala global, 66% de las emisiones de amoníaco provienen de la producción pecuaria y 33% del uso de fertilizantes nitrogenados. En plaguicidas, el consumo mundial aumentó 70% entre 2000 y 2022 hasta 3,7 millones de toneladas, con América como la región de mayor intensidad de aplicación y Brasil como principal usuario mundial en 2021. Estos compuestos pueden volatilizarse, transportarse largas distancias y contribuir tanto a toxicidad directa como a formación secundaria de PM2.5 y ozono.

Las operaciones pecuarias, el manejo de estiércoles, la alteración del suelo y la deforestación amplían aún más el problema. La ganadería emite amoníaco, metano, óxido nitroso, polvo y otras partículas; el tipo de animal, la dieta, el sistema de alojamiento y el manejo del estiércol modifican la intensidad y composición de estas emisiones. El texto menciona problemas visibles en zonas de producción intensiva como Central Valley en California y áreas porcinas del norte de China. Asimismo, el laboreo, la cosecha y la erosión eólica liberan polvo fino, especialmente en regiones áridas y semiáridas. También se resalta que la maquinaria agrícola y la deforestación mediante roza y quema intensifican emisiones y degradación del suelo. La respuesta propuesta integra subsidios, incentivos, regulación, tecnologías de agricultura de precisión, fertilizantes de liberación controlada, mejor eficiencia en el uso de nitrógeno, manejo mejorado de estiércoles, filtros, barreras vegetales, prácticas de cero labranza, uso de coberturas, valorización de residuos, educación a productores y colaboración entre gobiernos, sector privado y organizaciones sociales.

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https://www.esmap.org/Farming-for-Clearer-Skies

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