El auge de la fotovoltaica residencial y de pequeña escala en EE. UU. convive con una brecha: la mayor parte de las instalaciones se concentra en zonas de más altos ingresos, dejando fuera a hogares que más se beneficiarían de reducir su factura. Se estima que en 2024 el 84% de la nueva capacidad añadida correspondió a solar y almacenamiento, y las instalaciones superaron los cinco millones; sin embargo, políticas e incentivos han tendido a favorecer a quienes ya tienen acceso a capital, propiedad del inmueble y crédito. Estudios citados muestran concentración regional (p. ej., California) y demográfica (barrrios de altos ingresos), lo que evidencia la necesidad de rediseñar instrumentos.

La propuesta pasa por priorizar estrategias lideradas por la comunidad, con campañas de educación, modelos de propiedad compartida, permisos simplificados y subsidios focalizados. Complementariamente, la estandarización de interconexión de DERs y reglas que reconozcan el valor horario de la energía y los servicios al sistema puede alinear incentivos con beneficios sociales reales.

Para empresas y autoridades locales en Colombia, las lecciones aplicables incluyen: programas de “compra colectiva” y financiamiento blando para estratos bajos, incorporación de techos solares en vivienda VIS, habilitación de comunidades energéticas y medición neta con salvaguardas tarifarias. Diseñar métricas de éxito más allá de megavatios —como ahorro por hogar, reducción de morosidad y resiliencia— ayuda a dirigir recursos a quienes más lo necesitan y a sostener la aceptación social de la transición.

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