La dinámica financiera global refleja actualmente una preocupante desconexión entre los compromisos climáticos institucionales y la asignación real de capital, evidenciando que el respaldo a las energías contaminantes no solo persiste, sino que se ha intensificado. Durante el año 2025, las sesenta y cinco entidades bancarias más grandes del mundo destinaron un total de 906 mil millones de dólares al sector de los combustibles fósiles, lo cual representa un incremento del 7.6% en comparación con el periodo anterior. Esta tendencia ascendente contradice los objetivos de neutralidad de carbono para 2050, situando a la economía en una trayectoria de calentamiento superior a los 1.5 °C. Dicha actividad se concentra de manera alarmante en un pequeño oligopolio denominado la «Docena Sucia», un grupo de doce bancos que controla casi el 39% de todos los acuerdos financieros en este rubro. JPMorgan Chase se mantiene como el principal financista a nivel mundial, seguido por instituciones como Bank of America y los gigantes japoneses MUFG y Mizuho. Aunado a esta dinámica de concentración, se observa que, mientras algunas firmas europeas como BNP Paribas han iniciado un retiro gradual, el retroceso en las políticas de los bancos estadounidenses ha neutralizado estos avances, consolidando un sistema financiero que prioriza los rendimientos de corto plazo sobre la estabilidad ecológica de largo aliento.

Aunado a esta dinámica financiera, el financiamiento destinado específicamente a la expansión de infraestructuras fósiles ha experimentado un auge desproporcionado, alcanzando los 508 mil millones de dólares en 2025. Este tipo de inversión resulta determinante, puesto que asegura la emisión de gases de efecto invernadero por décadas, mediante la construcción de gasoductos, terminales de gas natural licuado y minas de carbón que operarán mucho después de las fechas límite establecidas por la ciencia climática. El segmento intermedio de la cadena de valor, conocido como midstream, ha sido el más beneficiado por este flujo de capital, registrando un crecimiento del 83.8% impulsado por la demanda de proyectos de exportación. En este escenario, empresas como Venture Global han capturado cuotas masivas de mercado, aprovechando los conflictos geopolíticos para maximizar sus ganancias a expensas de la seguridad energética de las naciones importadoras. Desde una perspectiva geográfica, los Estados Unidos se consolidan como el epicentro de esta actividad, recibiendo el 45.4% de toda la deuda bancaria del sector, mientras que las instituciones chinas persisten como los mayores soportes de la expansión del carbón, concentrando el 87% de los préstamos en dicha industria. Por lo tanto, la responsabilidad de revertir este modelo recae directamente en los reguladores de los seis centros financieros principales, quienes deben imponer límites vinculantes a la expansión de hidrocarburos.

Más allá de las cifras de inversión, resulta imperativo analizar el impacto socioeconómico de este modelo, el cual genera ganancias extraordinarias para una minoría mientras profundiza la vulnerabilidad de las mayorías. Las crisis energéticas y los conflictos bélicos han permitido que las grandes petroleras alcancen niveles récord de ingresos, provocando choques de redistribución inversa que encarecen el costo de vida y la electricidad para los hogares más pobres. Puesto que la infraestructura fósil es intrínsecamente frágil ante choques externos, la dependencia de estos recursos constituye un riesgo sistémico para las economías nacionales. No obstante, muchas entidades financieras han debilitado sus políticas ambientales internas durante el último año, eliminando exclusiones en zonas protegidas como el Ártico y diluyendo sus metas de reducción de emisiones. A tal efecto, las demandas de la sociedad civil exigen una reforma macroprudencial que obligue a los bancos a adoptar planes de transición alineados con el Acuerdo de París y a detener de inmediato el financiamiento de cualquier nuevo proyecto de expansión. Solo mediante la eliminación de incentivos fiscales y el escalamiento masivo de capital hacia sistemas de energía renovable descentralizados será posible garantizar una transición justa que proteja los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas.

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