América Latina y el Caribe enfrentan un escenario de riesgos cada vez más complejo, donde los desastres naturales, el cambio climático, las crisis económicas, las emergencias sanitarias y los movimientos migratorios masivos se combinan con las desigualdades históricas de la región. Aunque en las últimas décadas se registraron avances importantes en reducción de pobreza, mejora de la esperanza de vida y ampliación de la cobertura social, esos logros se han vuelto más frágiles frente a choques sistémicos recurrentes. La región es especialmente vulnerable porque gran parte de su población pobre vive en zonas expuestas a inundaciones, sequías, huracanes o deslizamientos, mientras la informalidad laboral y la limitada protección económica reducen la capacidad de recuperación de los hogares. Por ello, la discusión sobre protección social ya no se limita a combatir la pobreza estructural, sino que incorpora la necesidad de construir resiliencia frente a crisis múltiples y simultáneas.

En este contexto surge la protección social adaptativa, entendida como el uso de los sistemas y programas de protección social para fortalecer la preparación, respuesta y adaptación de los hogares vulnerables frente a distintos tipos de choques. La idea central es aprovechar la infraestructura institucional ya existente —registros sociales, programas de transferencias, seguros, sistemas de pago y redes territoriales— para responder con rapidez ante emergencias y reducir los impactos de largo plazo. Además, las transferencias monetarias y otros mecanismos de apoyo no solo ayudan a sostener el consumo durante una crisis, sino que también previenen estrategias negativas como vender activos productivos, retirar niños de la escuela o abandonar tratamientos médicos. A esto se suma el papel de los servicios de cuidado y de los seguros contributivos, que pueden proteger a grupos particularmente vulnerables como niños, personas mayores, mujeres y trabajadores afectados por crisis económicas.

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión para esta agenda. Los gobiernos de la región desplegaron transferencias de emergencia a gran escala y demostraron que los sistemas de protección social podían actuar como vehículos rápidos de respuesta. Sin embargo, también quedó en evidencia que muchas respuestas fueron improvisadas y dependieron de capacidades previas desiguales entre países. Aquellos con registros sociales más desarrollados, mejor infraestructura digital y mecanismos de pago electrónicos lograron expandir la cobertura con mayor velocidad. Desde entonces, varios países han comenzado a fortalecer marcos normativos, protocolos de emergencia y mecanismos de coordinación entre protección social, gestión del riesgo de desastres y políticas climáticas. Aun así, la integración entre estas agendas sigue siendo limitada y la mayoría de los sistemas todavía no está plenamente diseñada para operar de manera adaptativa y anticipatoria.

El análisis comparativo de trece países muestra avances heterogéneos. En promedio, la madurez regional de los sistemas de protección social adaptativa alcanza alrededor del 54%, lo que indica progresos importantes pero también un largo camino pendiente. Las áreas más desarrolladas son la capacidad de gestión y coordinación intersectorial, así como la gobernanza y el financiamiento. Muchos países ya cuentan con programas de transferencias ampliamente desplegados y con cierta experiencia en respuestas a choques. No obstante, persisten debilidades significativas en cobertura y adaptación de programas, especialmente en seguros de desempleo y servicios de cuidado, además de una integración todavía incipiente de medidas específicas de adaptación climática. También existen grandes diferencias en el gasto social: mientras algunos países destinan porcentajes elevados de su PIB a protección social, otros operan con recursos muy limitados, lo que condiciona su capacidad de respuesta.

Otro hallazgo relevante es que la infraestructura de información se ha expandido, pero no de manera uniforme. La mayoría de los países posee registros digitalizados y sistemas informáticos para procesar datos, aunque muchos registros están desactualizados, tienen cobertura parcial o carecen de georreferenciación adecuada. La interoperabilidad entre instituciones sigue siendo una de las principales barreras: disponer de datos no garantiza que puedan compartirse y utilizarse automáticamente en situaciones de emergencia. Del mismo modo, la dimensión denominada “protección social informada” es la menos desarrollada del modelo, porque todavía son escasas las experiencias donde la información climática, los sistemas de alerta temprana o los registros sociales se usan para anticipar respuestas antes de que ocurra un desastre.

A pesar de estas limitaciones, la evidencia apunta a que invertir en protección social adaptativa es una estrategia costo-efectiva. Los estudios citados estiman razones beneficio-costo superiores a 1,4 en los países analizados, debido a que las inversiones iniciales permiten evitar pérdidas mayores en ingresos, consumo, aprendizaje y bienestar futuro. Más allá de la rentabilidad económica, la consolidación de sistemas adaptativos implica fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población en un siglo marcado por crisis climáticas y sociales cada vez más frecuentes. La experiencia reciente demuestra que los países con sistemas más sólidos pudieron responder con mayor rapidez durante la pandemia; por lo tanto, la resiliencia social depende en gran medida de la fortaleza previa de los sistemas regulares de protección social.

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https://publications.iadb.org/es/construyendo-resiliencia-avances-y-desafios-de-la-proteccion-social-adaptativa

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