La asequibilidad de la energía se ha convertido en un tema de creciente relevancia para millones de hogares alrededor del mundo debido a los altos costos que representa en sus presupuestos. La crisis energética global, marcada por eventos como la pandemia de Covid-19 y la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, provocó un aumento significativo en los precios del combustible y la electricidad, lo que incrementó el gasto energético para las familias y alteró la dinámica de la inflación y el costo de vida. A pesar de una disminución relativa desde los niveles máximos alcanzados en 2022, las tarifas aún están elevadas en comparación con periodos previos, y muchas personas continúan enfrentando dificultades para cubrir estos gastos. En la evolución del consumo energético, la electricidad ha ganado relevancia, incrementándose su participación en el gasto residencial global de menos del 20% en 2000 a alrededor del 30% en la actualidad, cifra que llega al 40% en economías avanzadas. Este cambio tiene relación con la adopción creciente de electrodomésticos, la electrificación de transporte y calefacción mediante vehículos eléctricos y bombas de calor. Por consiguiente, las facturas eléctricas han alcanzado niveles sin precedentes, superando el billón de dólares en gasto global en 2024. Sin embargo, el costo final de la electricidad para los hogares depende de varios componentes configurados por políticas y estructuras de mercado, incluyendo los costos de energía, cargos por redes y diversos impuestos y tasas. Las energías renovables contribuyen a disminuir los precios mayoristas, aunque la inversión inicial y los costos derivados de su variabilidad impactan en la estructura tarifaria.

Además, las disparidades en la asequibilidad energética están fuertemente relacionadas con el ingreso y la eficiencia energética de las viviendas y aparatos utilizados por los hogares. En las economías avanzadas, las familias con menores ingresos suelen dedicar una proporción significativa de sus ingresos al pago de la energía residencial, llegando a representar más del 20% cuando se considera también el transporte privado. Esta situación genera tensiones con otros gastos esenciales como la alimentación. El hecho de que estas familias residan frecuentemente en viviendas menos eficientes contribuye a ampliar esta brecha, pues limita su capacidad para realizar mejoras y reducir gastos energéticos. En contraste, la situación en los mercados emergentes y economías en desarrollo presenta desafíos adicionales, pues una proporción considerable de la población carece de acceso a servicios energéticos modernos, incluyendo electricidad y soluciones limpias para cocinar. En regiones como África subsahariana, una parte importante de la población enfrenta limitaciones para costear incluso un suministro básico de electricidad y suelen recurrir a combustibles tradicionales para cocinar, lo que agrava problemas de salud y consume tiempo valioso para la recolección de biomasa. La baja eficiencia energética en estas áreas incrementa aún más los costos y dificulta la incidencia de tecnologías más limpias y asequibles.

Las consecuencias de la inaccesibilidad energética se reflejan también en la salud y la educación. La exposición a temperaturas extremas debido a la falta de medios asequibles para calefacción o refrigeración aumenta la morbilidad y mortalidad, principalmente por enfermedades respiratorias y golpes de calor. Los costos sociales derivados de estas condiciones a menudo superan los montos necesarios para implementar mejoras edilicias y tecnológicas que podrían mitigarlas. En el ámbito educativo, la disponibilidad insuficiente de iluminación y energía para aparatos reduce el tiempo que estudiantes pueden dedicar al estudio y se asocia con mayores tasas de abandono escolar, especialmente en hogares de bajos ingresos que dependen de fuentes de iluminación tradicionales y menos eficientes. Para enfrentar estos múltiples retos, numerosas políticas públicas se han diseñado y aplicado, centrando esfuerzos principalmente en mejorar la eficiencia energética de viviendas y aparatos, facilitar el acceso a energías más limpias y asequibles y promover la transición a modos de transporte eléctricos. En 2025, se registraron más de 120 iniciativas en más de 45 países que persiguen mejorar la asequibilidad desde el lado de la demanda. La mayoría adopta incentivos económicos para la renovación energética, aunque solo una parte importante está específicamente dirigida a los hogares más vulnerables. La focalización resulta esencial para garantizar que los recursos beneficien a quienes enfrentan mayores dificultades, debido a que intervenciones genéricas pueden no alcanzar a los grupos con menor capacidad económica o en condiciones habitacionales precarias.

Asimismo, algunas políticas contemplan particular atención para arrendatarios y comunidades en edificios colectivos, reconociendo que estos grupos experimentan limitaciones adicionales para implementar mejoras en eficiencia. Iniciativas orientadas a soluciones fuera de red y generación distribuida también buscan ampliar el acceso eléctrico en zonas remotas y vulnerables. En materia de cocción limpia, programas dirigidos a facilitar el acceso a combustibles y tecnologías menos contaminantes se extienden en países como India para proteger la salud y reducir cargas de trabajo desproporcionadas. El enfoque hacia una energía asequible implica la combinación de medidas regulatorias, incentivos, y estrategias específicas que comprenden tanto la oferta como el consumo energético, considerando contextos socioeconómicos diversos. Estos esfuerzos deben reconocer la interacción entre precios, niveles de ingreso, eficiencia tecnológica, y acceso, apuntando a soluciones integradas que contribuyan a la mejora del bienestar social, la reducción de desigualdades y la sustentabilidad energética a largo plazo.

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https://www.iea.org/reports/household-energy-affordability

https://iea.blob.core.windows.net/assets/021640a1-4546-4428-8d0c-516e4e6640ca/HouseholdEnergyAffordability.pdf