WRI explica que la EPA de EE. UU. finalizó el 12 de febrero de 2026 una regla que anula su propio “endangerment finding” de 2009 —determinación, tras años de análisis científico, de que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar— y derogó estándares de emisiones para vehículos ligeros, medianos y pesados. Bajo la Clean Air Act, dicha determinación obligaba a regular contaminantes peligrosos; su revocación debilita la obligación federal de gestionar emisiones, con implicaciones en salud pública (olas de calor, contaminación) y en asequibilidad (energía y seguros), además de abrir espacio a litigios por daños climáticos.
El análisis advierte que, más allá del debate político, esta decisión incrementa la incertidumbre regulatoria para industrias intensivas en energía y transporte, complica la planificación de inversiones y podría encarecer la transición al introducir asimetrías regulatorias entre estados. También se subraya que la medida contrasta con la evidencia científica y con tendencias internacionales de fortalecimiento de marcos de resiliencia y mitigación. En respuesta, se espera que estados, ciudades y empresas mantengan estándares voluntarios y mandatos locales, y que se activen vías judiciales y legislativas. Para los agentes del sector energético, la señal es de prudencia: persiste el avance tecnológico hacia inventarios de menor huella y mayor eficiencia, pero con mayores riesgos de fragmentación normativa y de traslado de costos al consumidor final si no se coordina una estrategia integral de seguridad, asequibilidad y clima.
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