El artículo enumera políticas y proyectos que 11 estados adoptaron para elevar resiliencia ante desastres: inversión en infraestructura crítica, modernización de redes, sistemas de alerta y coordinación interagencias. Las medidas incluyen financiamiento, reformas normativas y programas comunitarios que buscan reducir vulnerabilidad y acelerar recuperación. Se resaltan ejemplos con enfoque en terremotos, huracanes, incendios y eventos de calor extremo.
En términos de gobernanza, las acciones combinan regulación estatal, cooperación con municipios y participación del sector privado, con métricas de desempeño y transparencia en ejecución. La integración de resiliencia en planificación y presupuestos marca un cambio de paradigma, con criterios de equidad para proteger poblaciones vulnerables y mejorar acceso a servicios durante emergencias.
Para autoridades y operadores, la síntesis sirve de referencia para diseñar portafolios de resiliencia replicables y medir resultados con indicadores comparables.
Por qué leer la noticia: ofrece un panorama práctico de políticas estatales que pueden inspirar agendas locales de resiliencia y continuidad.
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