La modernización de los sistemas de distribución eléctrica en América Latina se encuentra estrechamente vinculada con la digitalización y la incorporación de infraestructura de medición avanzada. La creciente electrificación de la demanda, la expansión de la generación distribuida y la necesidad de redes más flexibles han puesto en evidencia que los modelos tradicionales resultan insuficientes. En este escenario, la medición inteligente se convierte en un soporte indispensable para gestionar redes dinámicas, descentralizadas y con mayor variabilidad en los flujos de energía.

En primer lugar, la evolución tecnológica ha transformado el medidor en un componente digital capaz de integrar comunicaciones bidireccionales, registros frecuentes y funciones de control. Esto permite identificar pérdidas, anticipar congestiones y habilitar esquemas de operación más sofisticados. Además, la granularidad de los datos facilita la implementación de tarifas horarias, programas de respuesta a la demanda y la integración de vehículos eléctricos. Así, la infraestructura de medición avanzada se configura como la base mínima para operar sistemas con alta penetración de recursos distribuidos. Sin embargo, el despliegue enfrenta retos económicos de gran magnitud. La inversión estimada para siete economías latinoamericanas supera los 51.400 millones de dólares hacia 2040, lo que evidencia la tensión entre la necesidad tecnológica y la capacidad financiera de las distribuidoras. En este sentido, la regulación adquiere un papel determinante, pues sin mecanismos claros de recuperación de inversiones y estándares técnicos mínimos, los proyectos tienden a quedar restringidos a pilotos aislados.

A continuación, es importante observar que la región presenta un avance desigual. Uruguay, Costa Rica y Honduras han alcanzado niveles de cobertura superiores al promedio regional, gracias a estrategias regulatorias o institucionales consistentes. En contraste, países como Chile, Guatemala, México, Brasil, Colombia y Ecuador muestran penetraciones moderadas, condicionadas por factores sociales, técnicos o institucionales. Finalmente, otros países como Perú, Paraguay o El Salvador se encuentran en fases preliminares, con coberturas inferiores al 1% y avances limitados a pilotos. Adicionalmente, las estrategias de despliegue reflejan distintos niveles de compromiso político. Costa Rica y Colombia han definido metas nacionales claras, con plazos y mecanismos regulatorios de recuperación tarifaria. Perú y Brasil han formulado planes ambiciosos aún en fase de diseño, mientras que Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala dependen de iniciativas corporativas sin orientación centralizada. El caso chileno resulta ilustrativo: un mandato inicial de recambio masivo fue revertido por falta de aceptación social, lo que transformó la estrategia en un proceso voluntario.

Por otra parte, el éxito del despliegue no depende únicamente de la escala, sino también de la solidez técnica de la infraestructura. La definición de funcionalidades, la selección de tecnologías de comunicación y la interoperabilidad son factores decisivos para asegurar que los sistemas respondan a los desafíos operativos. La capacidad de generar datos confiables y de integrarse con plataformas corporativas permite avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, la gobernanza de datos y la ciberseguridad se convierten en elementos esenciales. El acceso del usuario a la información, la protección de la privacidad y el tratamiento adecuado de los datos fortalecen la confianza y la aceptación social. Sin estas condiciones, la digitalización puede enfrentar resistencias similares a las observadas en Chile.

La infraestructura de medición avanzada representa una oportunidad para transformar la distribución eléctrica en América Latina, pero su éxito depende de la articulación entre regulación, financiamiento, tecnología y aceptación social. La región enfrenta un panorama heterogéneo, donde algunos países avanzan con estrategias claras y otros permanecen en etapas incipientes. La consolidación de este proceso requiere marcos regulatorios estables, inversiones sostenibles y una comunicación efectiva con los usuarios, de modo que la digitalización se convierta en un motor de eficiencia, transparencia y resiliencia en el sector eléctrico.

Para leer más ingrese a:

https://adelat.com/wp-content/uploads/2026/01/DSO-Brief-Infraestructura-de-Medicion-Avanzada.pdf