El aumento sostenido de los precios de la energía, impulsado por la dependencia del gas y agravado por choques internacionales, ha generado una crisis de asequibilidad que afecta a millones de hogares. La combinación de viviendas con baja eficiencia energética y la volatilidad de los precios expone a las familias de bajos ingresos a un riesgo permanente de endeudamiento y pobreza energética. Aunque las facturas han disminuido respecto a los picos de 2022 y 2023, permanecen muy por encima de los niveles previos a la crisis, lo que ha duplicado el número de hogares que destinan más del diez por ciento de su ingreso a cubrir sus necesidades energéticas. El problema es más agudo en los dos deciles de ingreso más bajos, donde se concentran pensionistas, beneficiarios de subsidios y trabajadores con salarios reducidos. Muchas de estas familias habitan viviendas con certificaciones energéticas deficientes, costosas de calentar y, en el caso de los inquilinos, con pocas posibilidades de mejorar su eficiencia. Esta situación ha generado un aumento notable de la deuda energética, que ha alcanzado niveles récord desde 2020.

Los programas de apoyo actuales, como el Warm Home Discount y el Winter Fuel Payment, han ofrecido alivio temporal, pero son insuficientes y poco sensibles a las necesidades reales de los hogares, debido a que proporcionan descuentos fijos que no se ajustan al consumo ni a la magnitud de la pobreza energética. A pesar de su elevado costo fiscal, su impacto ha sido limitado, reduciendo solo marginalmente el número de hogares afectados. Frente a esta realidad, la propuesta de una tarifa social aparece como una solución estructural. Este esquema consiste en ofrecer un precio reducido para el gas y la electricidad a los hogares de menores ingresos, de manera que el apoyo se relacione directamente con el volumen de energía consumida. Entre las opciones modeladas, un esquema de “mismo costo, mayor impacto” podría reducir en un 12 % el número de hogares en pobreza energética al mismo costo que los programas actuales. Una versión “amplia y escalonada” podría beneficiar hasta a un 19 % de los hogares, incluyendo a aquellos que no reciben beneficios estatales pero igualmente enfrentan dificultades. Finalmente, un modelo “profundo y concentrado” cerraría completamente la brecha de pobreza energética para los dos deciles más bajos, con un costo superior pero un impacto de hasta el 50 % si se combina con mayores estándares de eficiencia.

La mejora de la eficiencia energética es indispensable para amplificar el efecto de estas políticas. La actualización de los estándares mínimos de eficiencia para viviendas en alquiler podría generar ahorros anuales de entre £114 y £450 por hogar, además de preparar el camino para la electrificación del calor mediante bombas de calor. No obstante, es necesario evitar que los propietarios opten por medidas de bajo costo que no reduzcan de manera significativa la demanda energética. Para que una tarifa social funcione, debe incluir inscripción automática mediante el uso de datos compartidos entre agencias públicas y proveedores de energía, complementada con un mecanismo de autoinscripción para quienes no sean detectados en el cruce de datos. También es necesario definir un esquema de financiación justo, ya sea mediante impuestos generales o redistribución progresiva de costos entre usuarios de mayores ingresos, evitando que los hogares de ingresos medios sean empujados a la pobreza energética. Siendo así, la combinación de un esquema de tarifa social bien diseñado, mejoras sustanciales en la eficiencia energética de las viviendas y un plan de hogares cálidos ambicioso ofrece una vía para reducir la pobreza energética, aliviar la presión sobre el sistema de salud, incrementar el ingreso disponible y fortalecer la resiliencia frente a futuras crisis energéticas.

Para leer más ingrese a:

https://green-alliance.org.uk/publication/affording-warm-homes-the-case-for-a-social-tariff-to-address-fuel-poverty/

https://green-alliance.org.uk/wp-content/uploads/2025/09/Affording-warm-homes.pdf