La transición energética de Chile hacia 2050 se plantea como un proceso integral que articula crecimiento económico, reducción de emisiones y fortalecimiento de la seguridad energética en un contexto de profundas transformaciones estructurales. En un país altamente dependiente de las importaciones de combustibles fósiles y con una matriz energética históricamente intensiva en carbono, la planificación de largo plazo adquiere especial relevancia para reducir vulnerabilidades externas y responder a compromisos climáticos legalmente vinculantes. En este marco, la transformación del sistema energético se concibe como un proceso progresivo, apoyado en la expansión de fuentes renovables, la electrificación de la demanda y la modernización de la infraestructura eléctrica.

En primer lugar, la mejora sostenida de la eficiencia energética se presenta como una vía transversal para reducir la intensidad energética sin comprometer el crecimiento de la actividad económica. A través de estándares más exigentes en edificios, mejoras tecnológicas en la industria y cambios en los patrones de movilidad, se busca disminuir el consumo final de energía y, al mismo tiempo, aliviar la presión sobre el sistema eléctrico. Además, esta reducción del consumo contribuye a contener el gasto en importaciones energéticas, generando beneficios económicos que se extienden tanto a los hogares como a los sectores productivos. De manera complementaria, la descarbonización del sector eléctrico se proyecta como un eje articulador del cambio estructural. La acelerada incorporación de energía solar y eólica, impulsada por condiciones geográficas excepcionales, permite desplazar progresivamente la generación basada en combustibles fósiles. En paralelo, el retiro anticipado de centrales a carbón y la incorporación de sistemas de almacenamiento fortalecen la confiabilidad del suministro. Como resultado, el sistema eléctrico evoluciona hacia una matriz predominantemente renovable, con una reducción sostenida de la intensidad de emisiones por unidad de electricidad generada.

A su vez, la electrificación de los usos finales redefine la relación entre oferta y demanda energética. Sectores como el transporte, la industria y los edificios experimentan una sustitución gradual de combustibles fósiles por electricidad y, en aplicaciones específicas, por combustibles de bajas emisiones. En el transporte, el aumento de la electromovilidad transforma el consumo energético y mejora la calidad del aire urbano. En la industria, especialmente en actividades intensivas como la minería, la adopción de tecnologías eléctricas y soluciones basadas en hidrógeno reduce las emisiones asociadas a los procesos productivos. Mientras tanto, en los edificios, la expansión de bombas de calor y mejores envolventes térmicas disminuye la demanda de energía para climatización. Sin embargo, estos cambios dependen de manera directa del fortalecimiento de las redes eléctricas. Por ello, la expansión y digitalización de los sistemas de transmisión y distribución se convierten en una condición habilitante para integrar altos volúmenes de generación variable y atender el crecimiento de la demanda eléctrica. La inversión en redes más resilientes y flexibles permite reducir pérdidas, gestionar mejor la variabilidad renovable y mejorar la seguridad del suministro, especialmente frente a eventos climáticos extremos.

En paralelo a estas transformaciones internas, emerge una dimensión estratégica vinculada a la inserción de Chile en las cadenas globales de la transición energética. La disponibilidad de recursos minerales y renovables abre oportunidades para el desarrollo de hidrógeno de bajas emisiones y combustibles sintéticos orientados tanto al mercado interno como a la exportación. Este enfoque no solo diversifica la matriz productiva, sino que también posiciona al país como proveedor de insumos relevantes para la descarbonización a escala internacional. La trayectoria hacia 2050 implica importantes requerimientos de inversión y una atención constante a los impactos sociales del proceso. La reducción de emisiones se acompaña de mejoras en la calidad del aire, creación de empleo en nuevos sectores y una disminución gradual de la dependencia energética externa. No obstante, la materialización de estos resultados exige coherencia regulatoria, planificación de largo plazo y una ejecución oportuna de los proyectos, de modo que la transición energética se consolide como un proceso sostenible, inclusivo y económicamente viable.

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https://www.iea.org/reports/chile-2050-energy-transition-roadmap

https://iea.blob.core.windows.net/assets/f19184cf-5e99-46af-a5ab-66a92781f567/Chile2050EnergyTransitionRoadmap.pdf