La transformación digital del sector público representa una oportunidad para redefinir la manera en que los gobiernos prestan servicios, interactúan con la ciudadanía y gestionan sus recursos. Sin embargo, esta evolución tecnológica no puede desvincularse de los impactos ambientales que genera. La integración entre las agendas digital y ambiental se vuelve indispensable para que las iniciativas GovTech contribuyan efectivamente a enfrentar los desafíos climáticos contemporáneos. En este contexto, se plantea que las políticas tecnológicas deben incorporar criterios de sostenibilidad desde su diseño. Esto implica que los gobiernos no solo adopten soluciones digitales eficientes, sino que evalúen sus efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el consumo energético y la huella ambiental de sus operaciones. La digitalización del Estado, si se orienta adecuadamente, puede convertirse en una herramienta para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus impactos.

Para ilustrar esta convergencia, se presentan tres estudios de caso: Albania, Brasil y Alemania. Cada país aborda la transición digital desde perspectivas distintas, pero con un objetivo común: reducir el impacto ambiental de sus sistemas públicos mediante la adopción de tecnologías verdes. En Albania, se destaca la digitalización de trámites administrativos que ha permitido disminuir el uso de papel y reducir desplazamientos innecesarios. En Brasil, se han implementado plataformas digitales que optimizan la gestión de residuos y mejoran la eficiencia energética en edificios públicos. Alemania, por su parte, ha desarrollado sistemas de monitoreo ambiental apoyados en inteligencia artificial, que permiten tomar decisiones más informadas y reducir emisiones en tiempo real. Estos ejemplos evidencian que la digitalización puede ser una vía para mejorar la eficiencia operativa del Estado, al tiempo que se avanza en objetivos climáticos. No obstante, para que esta sinergia sea efectiva, se requiere un marco de evaluación que permita medir los impactos ambientales de las iniciativas GovTech. En respuesta a esta necesidad, se propone el Enfoque de Medición de la Digitalización Verde (GGMA), una herramienta que permite a los gobiernos analizar los beneficios y las compensaciones ambientales de sus proyectos tecnológicos.

El GGMA se estructura en torno a indicadores que abarcan emisiones evitadas, eficiencia energética, reducción de residuos y mejoras en la gestión de recursos. Esta metodología facilita la toma de decisiones basada en evidencia, permite comparar alternativas y orienta las inversiones hacia soluciones con mayor impacto positivo. Además, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, al ofrecer métricas claras que pueden ser compartidas con la ciudadanía y los actores involucrados. A su vez, la implementación de este enfoque requiere capacidades institucionales, voluntad política y colaboración intersectorial. Los funcionarios públicos deben estar capacitados para integrar criterios ambientales en sus procesos de contratación, diseño y evaluación de tecnologías. Asimismo, se necesita que los marcos normativos habiliten la innovación sin comprometer la sostenibilidad, y que se generen espacios de diálogo entre gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil. La digitalización verde no se limita a la incorporación de tecnologías limpias, sino que implica una transformación cultural en la forma de entender el desarrollo público. Al alinear los objetivos digitales con los climáticos, se abre la posibilidad de construir Estados más resilientes, eficientes y responsables. Esta visión permite que la tecnología no sea solo una herramienta de modernización, sino también un instrumento para enfrentar los retos ambientales del siglo XXI.

La convergencia entre GovTech y sostenibilidad ambiental ofrece una ruta para que los gobiernos respondan simultáneamente a las demandas de eficiencia y a las exigencias del contexto climático. La adopción de marcos como el GGMA, junto con experiencias concretas como las de Albania, Brasil y Alemania, demuestra que es posible avanzar hacia una digitalización pública que no solo mejore los servicios, sino que también contribuya a la construcción de un futuro más sostenible.

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