La transformación de los sistemas energéticos en países de ingresos bajos y medios se desarrolla en un contexto marcado por tensiones simultáneas entre expansión de la demanda, urgencias climáticas y persistentes brechas de acceso. Aunque la generación renovable ha avanzado de forma acelerada en los últimos años, dicho crecimiento no ha sido suficiente para absorber el aumento del consumo asociado a la digitalización, la electrificación del transporte y el uso intensivo de tecnologías durante episodios climáticos extremos. En consecuencia, millones de personas, especialmente en África subsahariana, continúan sin acceso a electricidad o a soluciones modernas de cocción, lo que profundiza desigualdades sociales y limita oportunidades de desarrollo. Frente a este escenario, la acción pública se orienta hacia enfoques integrales que combinan planificación, financiamiento, fortalecimiento institucional y producción de conocimiento aplicado. La expansión del acceso energético no se concibe únicamente como una meta técnica, sino como una condición habilitante para mejorar el bienestar de los hogares, dinamizar actividades productivas y reforzar el capital humano. Por ello, las estrategias de electrificación priorizan tanto la conexión de hogares como el suministro confiable para escuelas, centros de salud y pequeñas empresas, incorporando soluciones fuera de red y mini redes en contextos rurales y de difícil acceso.

De manera paralela, la cocción limpia emerge como un componente indispensable de las políticas energéticas. La sustitución de combustibles tradicionales por tecnologías eléctricas o de gas reduce la contaminación del aire en interiores, mejora la salud pública y disminuye la carga de trabajo doméstico, especialmente para mujeres. Para acelerar esta transición, se han impulsado esquemas de financiamiento basados en resultados que reducen barreras de entrada para los usuarios finales y fomentan modelos de negocio innovadores en mercados desatendidos. Así, el acceso a energía moderna se vincula directamente con equidad social y desarrollo inclusivo. No obstante, garantizar el acceso universal resulta insuficiente sin una transformación estructural del sistema energético. La elevada dependencia global de los combustibles fósiles mantiene altos niveles de emisiones y expone a los países a riesgos económicos y ambientales. En respuesta, las políticas energéticas promueven la expansión de energías renovables, el despliegue de sistemas de almacenamiento y el desarrollo de vectores como el hidrógeno limpio. Estas acciones se acompañan de mecanismos de mitigación de riesgos que facilitan la participación del sector privado y reducen los costos financieros para los Estados.

Asimismo, la eficiencia energética adquiere una relevancia transversal al permitir desacoplar crecimiento económico y consumo energético. Las pérdidas asociadas al uso ineficiente de la energía representan un costo significativo para las economías nacionales y los sistemas públicos. Medidas orientadas a edificios, transporte e industria permiten reducir la demanda futura, aliviar la presión sobre las redes y liberar recursos fiscales que pueden destinarse a inversión social o infraestructura. En sectores industriales intensivos en energía, la planificación de hojas de ruta de descarbonización se articula con mejoras en condiciones laborales y competitividad productiva. La modernización de infraestructuras constituye otro pilar de la transición. Redes eléctricas flexibles, digitalizadas y mejor integradas a nivel regional resultan necesarias para gestionar fuentes renovables variables y responder a picos de demanda. En este proceso, la disponibilidad de datos confiables y herramientas analíticas fortalece la toma de decisiones, mejora la formulación de políticas públicas y aumenta la transparencia regulatoria. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de mercados, marcos normativos y capacidades institucionales crea entornos propicios para inversiones sostenidas.

La cooperación internacional y las alianzas multisectoriales amplifican el impacto de estas intervenciones. La coordinación entre gobiernos, organismos multilaterales, sector privado y comunidades permite escalar soluciones, compartir aprendizajes y adaptar enfoques a realidades locales. En conjunto, la combinación de acceso universal, transición tecnológica, eficiencia energética y fortalecimiento institucional perfila un camino hacia sistemas energéticos más resilientes, equitativos y compatibles con los objetivos climáticos globales.

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