La transición hacia sistemas energéticos más sostenibles se desarrolla en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales. Frente a esta realidad, el debate energético se amplía más allá de los aspectos tecnológicos y ambientales, incorporando dimensiones sociales que determinan cómo se distribuyen los costos y beneficios del cambio estructural. De este modo, la noción de justicia adquiere centralidad en la formulación de políticas energéticas orientadas al largo plazo.

El proceso de transformación energética genera impactos diferenciados entre regiones, sectores productivos y grupos sociales. Mientras algunas economías se benefician de nuevas oportunidades de inversión, empleo e innovación, otras enfrentan riesgos asociados a la pérdida de actividades intensivas en combustibles fósiles. En consecuencia, la transición no puede abordarse como un fenómeno homogéneo, sino como un conjunto de trayectorias diversas que requieren respuestas adaptadas a contextos específicos. Esta diversidad obliga a integrar consideraciones sociales desde las etapas iniciales de planificación. En el ámbito laboral, la reconfiguración del sistema energético modifica la estructura del empleo. Por un lado, se expanden actividades vinculadas a energías renovables, eficiencia energética y nuevas cadenas de valor. Por otro, se reducen puestos asociados a sectores tradicionales. Frente a este escenario, las políticas de transición justa priorizan la reconversión laboral, la formación continua y la protección social, con el fin de evitar que trabajadores y comunidades queden rezagados en el proceso de cambio.

La dimensión territorial también adquiere relevancia. Regiones dependientes de la extracción y uso de combustibles fósiles enfrentan desafíos particulares en términos de desarrollo económico y cohesión social. Por ello, las estrategias de transición justa promueven la diversificación productiva, la inversión en infraestructura local y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Estas acciones buscan generar alternativas económicas viables que acompañen el cierre progresivo de actividades intensivas en carbono. Asimismo, el acceso equitativo a la energía se posiciona como un elemento central de la justicia energética. A pesar de los avances en electrificación, millones de personas continúan sin acceso confiable a servicios energéticos modernos. En este sentido, la expansión de energías renovables descentralizadas y soluciones fuera de red contribuye a reducir brechas, siempre que se acompañe de marcos regulatorios adecuados y mecanismos de financiamiento inclusivos. La equidad en el acceso se vincula, además, con la asequibilidad y la calidad del servicio.

La gobernanza desempeña un rol determinante en la articulación de estos elementos. La participación de comunidades, trabajadores, gobiernos locales y sector privado permite construir consensos y fortalecer la legitimidad de las decisiones. A través de procesos participativos, se identifican prioridades, se anticipan impactos y se diseñan medidas de mitigación social. Esta aproximación favorece una transición más ordenada y socialmente aceptable. De manera complementaria, la coordinación entre políticas energéticas, industriales, laborales y sociales resulta necesaria para abordar la complejidad del proceso. La alineación de instrumentos públicos evita contradicciones y maximiza los efectos positivos de la transición. Además, la cooperación internacional facilita el intercambio de experiencias, el acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades en países con menores recursos.

La transición energética justa se consolida como un enfoque integral que reconoce la interdependencia entre sostenibilidad ambiental y bienestar social. Al incorporar consideraciones de empleo, equidad, participación y desarrollo territorial, este enfoque permite avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles sin profundizar desigualdades existentes. Así, la justicia se convierte en un principio orientador para diseñar trayectorias de transformación energética socialmente equilibradas y políticamente viables.

Para leer más ingrese a:

https://www.irena.org/Publications/2026/Jan/Fostering-a-just-energy-transition-A-framework-for-policy-design

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2026/Jan/IRENA_POL_Fostering_a_just_energy_transiton_2026.pdf