La toma de decisiones regulatorias en el sector energético europeo se apoya en la necesidad de procesos estructurados, proporcionales y sustentados en evidencia. En este contexto, la evaluación de impacto regulatorio se configura como una metodología que permite ordenar el análisis, justificar intervenciones públicas y reforzar la legitimidad de las autoridades reguladoras independientes. En lugar de replicar modelos diseñados para gobiernos centrales, el enfoque se orienta a una adaptación coherente con los mandatos específicos, los recursos disponibles y la naturaleza técnica de estas instituciones.

En primer lugar, la evaluación de impacto se concibe como un marco integral que articula tres dimensiones interrelacionadas: la estructuración de decisiones, la recopilación y análisis sistemático de información, y la participación ordenada de las partes interesadas. De este modo, la regulación deja de apoyarse exclusivamente en precedentes o intuiciones técnicas y pasa a sustentarse en una secuencia lógica que comienza con la identificación precisa del problema, continúa con la comparación de alternativas y culmina con una justificación transparente de la opción seleccionada. Además, este enfoque permite dejar trazabilidad del razonamiento seguido, lo que fortalece la rendición de cuentas ante tribunales, actores del mercado y la sociedad.

Por otra parte, el carácter independiente de las autoridades reguladoras introduce condiciones particulares. Sus mandatos suelen ser más acotados, sus estructuras organizativas más ligeras y sus competencias se concentran en regulación secundaria. En consecuencia, la evaluación de impacto debe aplicarse con un criterio de proporcionalidad, ajustando la profundidad del análisis a la magnitud de los efectos esperados. Así, decisiones técnicas de bajo alcance admiten evaluaciones simplificadas, mientras que intervenciones con efectos amplios sobre tarifas, inversión o protección al consumidor exigen análisis más detallados. Asimismo, la complementariedad con los niveles gubernamentales resulta determinante. Las evaluaciones realizadas por gobiernos nacionales o instituciones europeas suelen abordar impactos macroeconómicos, sociales o ambientales de amplio espectro. Frente a ello, las autoridades sectoriales concentran su aporte en el examen técnico y económico del funcionamiento de los mercados energéticos. Esta división de tareas evita duplicaciones innecesarias y refuerza la coherencia del sistema regulatorio en su conjunto.

En relación con la calidad del proceso, surge la necesidad de equilibrar independencia y control. Dado que la supervisión externa de carácter político puede erosionar la autonomía regulatoria, se promueve el fortalecimiento de mecanismos internos de aseguramiento de calidad. Entre ellos se incluyen revisiones internas, procesos de evaluación entre pares y ejercicios de análisis ex post. Estas prácticas permiten mantener estándares elevados sin comprometer la independencia institucional. De manera complementaria, la asignación de recursos y el desarrollo de capacidades condicionan la efectividad del enfoque. La adopción gradual, el aprendizaje entre reguladores y el uso compartido de herramientas analíticas facilitan la incorporación progresiva de la evaluación de impacto en la rutina institucional. Con ello, se evita que el proceso se convierta en un ejercicio meramente formal y se garantiza que el análisis aporte valor real a la toma de decisiones.

La participación de actores externos se integra desde las etapas iniciales, no solo como mecanismo de consulta, sino como fuente de información para contrastar supuestos y evaluar la viabilidad práctica de las medidas. No obstante, esta participación debe diseñarse con cuidado para evitar sobrecarga administrativa o desequilibrios en la representación de intereses. La metodología propuesta se estructura en una secuencia mínima que incluye filtrado inicial, definición del problema, construcción del escenario de referencia, análisis de opciones, evaluación de impactos, verificación de factibilidad y formulación de la decisión. Esta arquitectura metodológica ofrece una base común que favorece coherencia, transparencia y aprendizaje continuo. En conjunto, el enfoque descrito consolida una regulación más consistente, comprensible y alineada con los desafíos del sector energético contemporáneo.

Para leer más ingrese a:

https://www.ceer.eu/publication/guidelines-of-good-practice-on-the-regulatory-decision-making-process/

https://www.ceer.eu/wp-content/uploads/2025/12/RDM-Guidelines-final_final.pdf