La integración energética en Europa ha avanzado de manera notable en las últimas décadas, consolidando un mercado interior cada vez más interconectado y complejo. Este proceso, iniciado hace casi treinta años, permitió que la electricidad y el gas circularan sin barreras a través de fronteras nacionales, con mecanismos de gestión de congestión que optimizan la asignación de capacidad entre quienes más la valoran. El marco legislativo ha sido actualizado sucesivamente para responder a los cambios tecnológicos, políticos y regulatorios, desde las primeras directivas de los años noventa hasta el reciente paquete legislativo de 2024. Estos desarrollos han traído beneficios tangibles para los consumidores europeos, tanto en términos de seguridad de suministro como de eficiencia económica. Sin embargo, los retos emergentes en la transición energética obligan a repensar la gobernanza, especialmente en lo relacionado con la flexibilidad del sistema, la incorporación masiva de energías renovables y la coordinación transfronteriza.
Uno de los aspectos más sensibles es la forma en que los operadores de sistemas de transmisión (TSOs) participan en procesos europeos. Actualmente, muchas decisiones se toman bajo el formato de “all TSOs” o “all relevant TSOs”, lo que significa que todos los operadores deben coordinarse para elaborar metodologías y propuestas comunes. Si bien este enfoque asegura representatividad, en la práctica ha demostrado ser ineficiente, dado que los retrasos y la dificultad de identificar responsabilidades ralentizan la implementación de medidas necesarias. Ejemplos como la revisión de zonas de oferta o la metodología de cálculo de capacidad muestran cómo estos procesos se extienden mucho más allá de los plazos previstos, debilitando la confianza en el marco regulatorio. Para superar estas limitaciones, se plantea que las funciones actualmente delegadas a todos los TSOs pasen a las organizaciones europeas que los agrupan, como ENTSO-E, permitiendo una mayor transparencia, un punto claro de responsabilidad y un control más eficaz por parte de los reguladores.
El segundo eje de reflexión se centra en la supervisión regulatoria de las entidades europeas y regionales. Organizaciones como ENTSO-E, ENTSOG, la entidad de distribuidores (EU DSO Entity) o la futura red de operadores de hidrógeno han adquirido competencias de gran relevancia. No obstante, la arquitectura actual de control se basa en la coordinación de las autoridades nacionales, lo que resulta insuficiente y en ocasiones ineficaz. La fragmentación y la ausencia de un régimen de aplicación coherente crean vacíos en la supervisión. De hecho, la autoridad nacional belga CREG, por ser sede de varias de estas entidades, asume competencias que exceden el alcance nacional, generando una situación poco proporcional. Para corregir estas deficiencias, se propone que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) reciba competencias directas de supervisión y aplicación, con facultad de imponer medidas correctivas y sanciones. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que es posible otorgar tales poderes a agencias descentralizadas, siempre que sus decisiones estén sujetas a control judicial. Con este respaldo, la extensión de las atribuciones de ACER parece tanto viable como necesaria.
El tercer aspecto relevante corresponde a la operación del acoplamiento de mercados eléctricos, que constituye la base del comercio europeo de electricidad en horizontes diario e intradiario. A pesar de su importancia, la gobernanza actual es un legado institucional fragmentado, en el que tanto los operadores de mercado nominados (NEMOs) como los TSOs deben alcanzar acuerdos unánimes, generando riesgos de bloqueo. Además, el hecho de que solo algunos NEMOs sean copropietarios del algoritmo Euphemia introduce riesgos de discriminación frente a otros actores y problemas de interoperabilidad. Frente a ello, se propone la creación de un Operador de Acoplamiento de Mercado (MCO) único a escala europea, con competencias exclusivas sobre las tareas “monopolísticas” del acoplamiento, mientras los NEMOs mantendrían sus funciones competitivas en la gestión de mercados locales y servicios a participantes. Esta nueva entidad estaría bajo la supervisión directa de ACER, con el fin de garantizar neutralidad, eficiencia y continuidad operativa. Más allá de estas tres áreas, se vislumbra la necesidad de revisar el doble rol de organizaciones como los ENTSOs, que actúan tanto como responsables de tareas esenciales para el sector como asociaciones de intereses de los operadores de red. Esta dualidad puede generar conflictos de interés y opacidad en la toma de decisiones, lo que refuerza la pertinencia de reformas orientadas a separar funciones técnicas de funciones representativas.
La evolución de la gobernanza energética europea no puede considerarse estática. Los avances alcanzados han permitido integrar mercados y crear un entramado regulatorio sólido, pero la creciente complejidad del sistema y la presión de los objetivos climáticos exigen nuevos mecanismos que combinen eficacia, legitimidad y transparencia. La transferencia de responsabilidades hacia entidades europeas con mayor capacidad de gestión, el fortalecimiento de las atribuciones de ACER y la creación de un operador centralizado para el acoplamiento de mercados constituyen propuestas que buscan consolidar un marco más ágil y robusto, capaz de responder a las exigencias de un sector en constante transformación
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