Las minirredes son sistemas de generación y distribución distribuida de pequeña escala que atienden zonas remotas sin acceso a la red principal, o donde extenderla resulta prohibitivo, y pueden servir desde 50 hasta 1.000 hogares. Aunque se trata de un modelo todavía incipiente, hoy se reconocen como parte integral de las estrategias gubernamentales de electrificación y como la opción más eficiente en capital para llegar a la población sin servicio en África subsahariana, estimada en 380 millones de personas por el Banco Mundial y en unos 284 millones por la Agencia Internacional de la Energía. La financiación disponible es considerable, pues iniciativas como ASCENT, del Banco Mundial, movilizan USD 15.000 millones para electrificar a 100 millones de personas en 20 países. Sin embargo, sin un entorno regulatorio claro y confiable ninguna empresa ni inversionista ingresa o escala en el mercado, y muchos países aún carecen de capacidades, experiencia o acceso a conocimiento para incorporar las mejores prácticas ya disponibles.

Los principales riesgos de una minirred son la demanda insuficiente y la terminación anticipada del proyecto por la llegada de la red. El primero se mitiga con un dimensionamiento inteligente, el acople con usos productivos de la energía y, sobre todo, con tarifas que reflejen los costos y admitan flexibilidad según crezca la demanda; el segundo, con planeación integrada de la electrificación desde el inicio y marcos de compensación transparentes si la red llega antes de lo previsto. Concesiones de largo plazo, regulación técnica liviana y licenciamiento agrupado refuerzan esas medidas y contribuyen a reducir las tarifas. La herramienta modelo africana (African Model Mini-Grid Regulations Tool) integra todos estos elementos sin adoptar un enfoque único, pues consolida buenas prácticas para aplicarlas en distintos contextos legislativos, nacionales y de negocio. Se elaboró durante dos años con reguladores de Nigeria, Kenia, Sierra Leona, Uganda, Burkina Faso, Togo y Zimbabue, con consulta a desarrolladores y financiadores para asegurar su bancabilidad, y pasó por una revisión de pares con 15 organizaciones que dejó cerca de 200 comentarios incorporados.

En materia de tarifas, la herramienta adopta el principio de costo reflectivo y ofrece alternativas como topes tarifarios para atenuar tensiones políticas, métodos de depreciación específicos, capitalización de gastos operativos y periodos de control tarifario multianual que suavizan la curva de precios y apoyan el crecimiento de la demanda. Entre sus innovaciones figuran el acuerdo de proyecto de minirredes, que combina rasgos de una licencia y de una concesión simplificada y puede respaldarse con garantías internacionales como las del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), y el mecanismo de aprobación tácita, según el cual una solicitud completa se da por aprobada si la autoridad no responde en el plazo fijado. Además, admite desde la propiedad pública total hasta la privada plena, y de la combinación de permisos o concesión, tarifas y propiedad surgen ocho escenarios y plantillas, guiados por preguntas que orientan el diálogo entre actores nacionales.

Los resultados iniciales son alentadores. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, la herramienta ha recibido el aval de más de 30 organizaciones regionales, nacionales e internacionales, la Comisión de la Unión Africana pidió su adopción más amplia entre los Estados miembros y al menos 10 reguladores manifestaron interés en implementarla. Ya se aplica o está prevista en seis países o jurisdicciones, entre ellos Lesoto, Zimbabue, Congo Brazzaville, el estado de Abia en Nigeria, Somalia y Camerún. El reto de fondo es de escala: electrificar cerca de 115 millones de personas, o 23 millones de conexiones, mediante minirredes hasta 2030 en los países de la iniciativa Mission 300 requeriría entre USD 28.000 y 46.000 millones de inversión. Para reguladores, desarrolladores y empresas de energía colombianas que trabajan en zonas no interconectadas, el caso aporta una referencia concreta de cómo armonizar reglas y reducir la incertidumbre para atraer capital a la electrificación aislada.

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