El licenciamiento define el ritmo con que se materializan los proyectos de generación, y sin embargo existen pocos datos empíricos que permitan comparar cómo se comportan los distintos niveles de autoridad. Esta evaluación anual, centrada en proyectos solares y eólicos de 1 MW o más desarrollados sobre todo en terrenos privados de Estados Unidos, recopila de forma manual fechas y resultados de permisos provenientes de autoridades estatales y de condados o municipios, y consolida 1.169 proyectos de 27 estados y 429 condados, con 137.461 MW. De ellos, 1.044 son solares (110.880 MW), 116 eólicos (23.886 MW) y 9 híbridos eólico-solares. La muestra equivale a cerca del 38 % de la capacidad eólica y solar que entró en operación en el periodo analizado y a 15 % de los proyectos, con mayor representatividad en los permisos estatales que en los locales. Los datos llegan hasta marzo de 2026 y el análisis se limita a describir tendencias, sin recomendar políticas específicas.

En materia de plazos, la diferencia entre niveles de autoridad es marcada. Las autoridades estatales tardan en promedio cerca de un año, 360 días, desde la solicitud hasta la decisión, mientras que las subestatales lo hacen en 189 días; las medianas son 307 y 103 días, y algunos proyectos superan los 1.000 días en ambos niveles. La ventaja local aparece con claridad en Minnesota, Nueva York, Oregón, Carolina del Sur y Wisconsin, estados con suficientes proyectos en ambos niveles. Entre estados, los tiempos pueden variar hasta tres veces, y no se observan diferencias significativas entre proyectos eólicos y solares. Sin embargo, los matices importan: las autoridades locales son más lentas para proyectos solares de más de 100 MW y para los que combinan solar con almacenamiento, y hay evidencia moderada de que sus plazos pasaron de menos de 200 días en 2022 a más de 300 en 2025, mientras que los estatales muestran una ligera reducción.

El desglose por etapas ayuda a ubicar dónde se concentra la demora. La fase entre la declaración de que la solicitud está completa y la decisión es la más larga en ambos niveles, seguida del tiempo entre el aviso de intención y la presentación de la solicitud, que depende de la preparación del desarrollador. California, Washington, Oregón y Nueva York presentan etapas de revisión de completitud más extensas que la mayoría, lo que podría indicar solicitudes más complejas de preparar. En cuanto a resultados, la gran mayoría de los proyectos obtiene permiso: 87 % en las autoridades estatales y 92 % en las subestatales. Las negaciones son algo más frecuentes en el nivel local y los retiros por parte del desarrollador en el estatal, aunque estos últimos pueden obedecer a causas ajenas al trámite, como costos de interconexión, o a nuevas solicitudes con ajustes. Ohio concentra siete negaciones estatales, más que cualquier otro estado, y los proyectos negados o retirados tienden a tener plazos más largos.

La base de datos se actualizará cada año para mejorar su representatividad, y los próximos pasos incluyen cruzarla con fechas de interconexión, construcción y operación, analizar las causas de las cancelaciones mediante estudios de caso, identificar los factores que explican la heterogeneidad de plazos entre estados, recopilar datos de costos de permisos y sumar proyectos geotérmicos. Para reguladores, desarrolladores y planificadores colombianos, estos hallazgos ofrecen una referencia concreta para discutir cómo la distribución de competencias entre autoridades nacionales y locales, los plazos máximos por etapa y la preparación de solicitudes pueden influir en la velocidad con que avanzan los proyectos renovables.

Para leer más ingrese a:

https://eta-publications.lbl.gov/bibcite/reference/37259

https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2026-10/lspr_bp2_report_10282026_final.pdf