Autor: DIFUSIÓN COLOMBIA INTELIGENTE

  • Key Questions on Energy and AI 

    Key Questions on Energy and AI 

    Key Questions on Energy and AI es una actualización de la Agencia Internacional de la Energía sobre uno de los vínculos tecnológicos con mayor impacto potencial en los sistemas eléctricos. El documento toma como base el análisis global presentado por la IEA en Energy and AI, publicado en abril de 2025, y recoge la evolución posterior de la demanda computacional, la eficiencia de los modelos, la infraestructura de centros de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial en el sector energético.

    El estudio examina dos dimensiones complementarias. La primera corresponde a la energía necesaria para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La segunda analiza cómo la IA puede transformar la producción, el transporte, la distribución y el consumo de electricidad. Esta lectura bidireccional evita reducir los centros de datos a la condición de nueva carga eléctrica y reconoce, además, la capacidad de los sistemas digitales para optimizar el uso de activos, anticipar eventos, integrar renovables, reducir pérdidas y agilizar la toma de decisiones operativas.

    El componente cuantitativo incluye proyecciones sobre la demanda eléctrica de los centros de datos. La IEA señala que el consumo global de estas instalaciones creció 17% en 2025 y que el de los centros orientados específicamente a inteligencia artificial aumentó 50% en el mismo periodo. Las proyecciones actualizadas sitúan el consumo de los centros de datos cerca de 950 TWh en 2030, frente a 485 TWh en 2025, cifra que representaría aproximadamente el 3% de la demanda eléctrica mundial prevista para ese año.

    El informe analiza las implicaciones de esta expansión para la planificación de redes. Los centros de datos suelen concentrar grandes demandas en ubicaciones específicas, requieren alta calidad de suministro y pueden acelerar la necesidad de nuevas subestaciones, líneas, transformadores y capacidad firme. Su conexión exige coordinar estudios de impacto, disponibilidad de transmisión, capacidad local, calidad de potencia, respaldo y posibles recursos de flexibilidad. El documento contribuye a entender que la digitalización puede generar presiones de infraestructura que deben incorporarse a los escenarios de planeación eléctrica.

    La IEA también aborda la mejora de la eficiencia computacional. Aunque la cantidad de tareas de IA crece con rapidez, el consumo por tarea puede reducirse gracias a avances en hardware, software, arquitectura de modelos y gestión de cargas. El resultado neto dependerá de la velocidad de adopción, el tamaño de los modelos, los usos empresariales y el comportamiento de los usuarios. Para los planificadores eléctricos, esta incertidumbre exige trabajar con escenarios múltiples y no con una única trayectoria de demanda. En cuanto a las aplicaciones energéticas, el estudio examina usos de IA en previsión de generación renovable, mantenimiento predictivo, detección de anomalías, planificación de redes, operación de centrales, gestión de activos y optimización de la demanda. Estas aplicaciones requieren datos de calidad, conectividad, integración con sistemas operativos y mecanismos de validación. En entornos críticos, un modelo algorítmico debe complementar los controles de ingeniería y las responsabilidades del operador, sin sustituir sin supervisión las funciones de seguridad.

    La ciberseguridad ocupa un lugar central en el análisis. La expansión de la IA incrementa el valor de los datos operativos y puede ampliar la superficie de ataque a través de plataformas, interfaces de programación, dispositivos conectados y sistemas de terceros. Al mismo tiempo, las herramientas de IA pueden apoyar la detección de intrusiones, la identificación de patrones anómalos y la priorización de incidentes. Este beneficio depende de contar con una arquitectura basada en segmentación, gestión de identidades, registros confiables y procedimientos de respuesta.

    El estudio vincula además la IA con la seguridad energética y la asequibilidad. La concentración de demanda en centros de datos puede intensificar la competencia por capacidad de conexión y elevar los costos de refuerzo en determinadas regiones. Si bien la digitalización puede reducir costos operativos, sus beneficios no se distribuyen automáticamente entre usuarios, operadores y desarrolladores, por lo que se requieren reglas de conexión claras, señales tarifarias adecuadas, planificación coordinada y mecanismos que reconozcan el valor de la flexibilidad.

    Para las utilities y los operadores de red, el informe aporta datos útiles para construir escenarios de demanda y priorizar capacidades digitales. Para los reguladores, ofrece elementos sobre conexión de centros de datos, acceso a información, resiliencia y asignación de costos. Para las empresas tecnológicas, identifica oportunidades en analítica, automatización, ciberseguridad y optimización de redes. Su valor estratégico radica en presentar la inteligencia artificial como una fuerza que modifica simultáneamente la demanda eléctrica y las capacidades de operación, con efectos directos sobre las redes inteligentes y la transición energética.

    Para leer más ingrese a:

    https://iea.blob.core.windows.net/assets/3179f7f8-01f6-4dd6-bffa-c9f7b73f1dc9/KeyQuestionsonEnergyandAI.pdf

  • Winning in the market with differentiated connectivity offerings: Unlocking consumer value and securing a competitive edge

    Winning in the market with differentiated connectivity offerings: Unlocking consumer value and securing a competitive edge

    La evolución de las telecomunicaciones está trasladando la competencia desde la oferta de datos hacia experiencias de conectividad diferenciadas, capaces de garantizar un determinado desempeño de red en momentos y aplicaciones específicos. Los operadores pueden responder a consumidores que valoran la velocidad de navegación y subida y calidad asegurada. La propuesta puede materializarse mediante complementos de calidad de servicio, planes escalonados o planes premium 5G Standalone, con recursos de red superiores mediante pagos adicionales. Así, la conectividad adquiere una dimensión estratégica asociada con la generación de ingresos, la percepción de marca y la retención de usuarios. En siete mercados, los usuarios de planes diferenciados presentan puntuaciones de percepción de marca 46% superiores y niveles de satisfacción 18% mayores frente a usuarios del mismo operador sin mejoras de desempeño. Por ello, demostrar el rendimiento contratado resulta necesaria para sostener la confianza del consumidor.

    A partir de esta oportunidad comercial, la conectividad diferenciada puede adaptarse a condiciones competitivas. En mercados donde predominan planes económicos de 5G con paquetes de datos, mejorar la calidad de red permite competir mediante desempeño en lugar de depender exclusivamente del precio. Las preferencias muestran que 34% de los usuarios estaría dispuesto a pagar por un plan de precio medio con el doble de recursos de red, mientras 21% aceptaría un plan de precio alto con cuatro veces esos recursos. La calidad asegurada representa 47% del proceso de decisión y es 1,5 veces más importante que beneficios y contenidos. Dos tercios de los consumidores manifiestan disposición a contratar otras soluciones o productos de su operador, mientras 30% estaría dispuesto a cambiar de proveedor si otro ofrece esta posibilidad. Por consiguiente, la estrategia puede contribuir al crecimiento del ingreso promedio por usuario, la diferenciación comercial y la fidelización.

    Sin embargo, la adopción no depende únicamente de disponer de capacidades técnicas. La observabilidad del rendimiento es necesaria, porque cerca de la mitad percibe variaciones y necesita evidencia del servicio contratado. Pueden ofrecer un ícono, un resumen de calidad o información en tiempo real. La comunicación debe explicar el servicio, pues 60% desconoce el concepto o lo considera poco claro. En cuanto a los modelos de comercialización, más de un tercio prefiere contratar directamente con el operador, mientras 26% optaría por servicios integrados en aplicaciones mediante APIs u otros modelos. Esto abre posibilidades para evolucionar desde esquemas tradicionales hacia modelos de plataforma y mayor colaboración con desarrolladores. De esta manera, los operadores pueden ampliar su participación en la cadena de valor y utilizar las capacidades de red expuestas mediante APIs para generar servicios adaptados a diferentes necesidades.

    La expansión de aplicaciones basadas en inteligencia artificial está elevando las exigencias sobre las redes y amplía el espacio para estos servicios. Hacia 2030, 25% de los consumidores espera utilizar IA en múltiples dispositivos, mientras la adopción de IA multimodal podría aumentar de 13% a 29% y el tiempo dedicado a aplicaciones de IA fuera del hogar podría pasar de 35% a 45%. Estas aplicaciones demandarán baja latencia, ancho de banda garantizado, seguridad, analítica en tiempo real y eficiencia. En este contexto, 5G Standalone puede facilitar capacidades necesarias para atender experiencias más inmersivas. La conectividad diferenciada también puede transformar la propuesta comercial, si combina capacidades de red, modelos de negocio flexibles, evidencia de desempeño y comunicación efectiva con los consumidores. De esta manera, la evolución hacia servicios personalizados puede acompañar la creciente integración entre conectividad, inteligencia artificial y dispositivos conectados.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/winning-in-the-market-with-differentiated-connectivity-offerings

    https://www.ericsson.com/48e7a6/assets/local/reports-papers/consumerlab/doc/winning-in-the-market-with-dc-offerings.pdf

  • Cooperative Digital Sovereignty and Artificial Intelligence: Promoting Resilience, Strategic Openness, and Self-Determination

    Cooperative Digital Sovereignty and Artificial Intelligence: Promoting Resilience, Strategic Openness, and Self-Determination

    La expansión de la inteligencia artificial está modificando las relaciones entre tecnología, economía, instituciones y poder, al mismo tiempo que incrementa la dependencia de países frente a infraestructuras y empresas tecnológicas concentradas. En este contexto, la soberanía digital no puede entenderse como autosuficiencia tecnológica ni como aislamiento frente a los mercados internacionales. Por el contrario, implica desarrollar capacidad para influir, gobernar y utilizar tecnologías digitales y sistemas de IA manteniendo capacidad de decisión y libertad de elección. Esta perspectiva adquiere especial importancia para economías emergentes, donde reproducir todo el ecosistema tecnológico resulta poco realista debido a las elevadas necesidades de capital, infraestructura, talento y conocimiento especializado. Además, la concentración de la economía mundial de IA en pocos actores limita las posibilidades de entrada y aumenta riesgos relacionados con dependencia tecnológica, acceso a computación, ciberseguridad, infraestructura en la nube y control sobre datos y modelos. Por ello, la soberanía digital cooperativa propone organizar la interdependencia mediante cooperación internacional, diversificación, interoperabilidad y desarrollo selectivo de capacidades nacionales.

    A partir de esta concepción, la capacidad de un país para desarrollar y gobernar inteligencia artificial depende de un ecosistema compuesto por múltiples habilitadores interdependientes. Estos incluyen datos y gobernanza de datos; ecosistemas de software, modelos de IA y capacidades de código abierto; infraestructura de cómputo, semiconductores y nube; conectividad significativa; disponibilidad de energía e infraestructura eléctrica resiliente; capital humano, investigación y ecosistemas científicos; ciberseguridad y ciberresiliencia; marcos regulatorios basados en riesgos; resiliencia cognitivo-informacional; financiación; capacidades industriales y cadenas de suministro; y estandarización técnica e interoperabilidad. Estas dimensiones pueden organizarse en cuatro grandes categorías: activos digitales, infraestructura fundamental, capacidad productiva, y seguridad y protección. Además, su interdependencia impide tratarlas como políticas aisladas. El acceso a datos de calidad permite entrenar y adaptar sistemas de IA, mientras la disponibilidad de cómputo, semiconductores, conectividad y energía condiciona su desarrollo. Del mismo modo, el talento especializado, la investigación y las capacidades institucionales determinan la posibilidad de utilizar estas infraestructuras de manera autónoma y responsable.

    Asimismo, la concentración de la infraestructura de IA introduce restricciones adicionales. Los grandes proveedores de nube, fabricantes de semiconductores y desarrolladores de modelos concentran capacidades que generan barreras de entrada y costos de sustitución elevados. Por tanto, depender de modelos cerrados o de proveedores externos para servicios públicos y funciones críticas puede limitar la capacidad estatal para inspeccionar, modificar o reemplazar tecnologías esenciales. Frente a ello, los modelos con pesos abiertos, los ecosistemas de código abierto y las infraestructuras digitales públicas pueden reducir determinadas barreras de entrada, facilitar la adaptación tecnológica y ampliar las posibilidades de innovación local. Sin embargo, la apertura por sí sola no elimina las dependencias, debido a que el control puede permanecer concentrado en capas como computación, semiconductores, datos, infraestructura física o canales de distribución. De manera similar, las infraestructuras digitales públicas pueden fortalecer la inclusión y la interoperabilidad, pero también reproducir dependencias si se sustentan en proveedores extranjeros de nube, hardware o mantenimiento. Por esta razón, la estrategia debe evaluar las dependencias presentes en cada capa tecnológica y no únicamente la apertura formal de las herramientas utilizadas.

    La propuesta plantea una transición desde una aspiración general de soberanía hacia una priorización estratégica basada en las capacidades reales de cada país. Esto supone identificar aquellos segmentos donde resulta viable construir capacidades nacionales y diferenciarlos de aquellos donde la cooperación, la diversificación o el intercambio de infraestructura ofrecen mejores resultados. En este marco, pueden utilizarse mecanismos como adquisiciones conjuntas, investigación colaborativa, infraestructura compartida, estándares interoperables, cooperación en ciberseguridad y marcos regulatorios compatibles. Además, la capacidad institucional debe acompañar las inversiones tecnológicas mediante educación, investigación, regulación, desarrollo industrial y fortalecimiento administrativo. El objetivo no consiste en eliminar toda dependencia externa, sino en convertir dependencias concentradas y vulnerables en formas de interdependencia diversificadas y gobernables. Así, la soberanía digital cooperativa articula autonomía selectiva, apertura estratégica y cooperación internacional para fortalecer la resiliencia tecnológica, ampliar la capacidad de decisión y permitir que los países participen de manera más activa en la evolución de los ecosistemas digitales y de inteligencia artificial.

    Para leer más ingrese a:

    https://dco.org/cooperation-digital-sovereignty-and-atrificial-intelligence/

    https://dco.org/wp-content/uploads/2026/08/DCO-Report-Cooperative-Digital-Sovereignty-and-Artificial-Intelligence_Single-_FINAL_.pdf

  • Emerging Technologies Series: Virtual Power Plants and Southeast Asia

    Emerging Technologies Series: Virtual Power Plants and Southeast Asia

    Las plantas de energía virtuales (VPP) emergen como una herramienta con potencial significativo para sistemas eléctricos del sudeste asiático organizados mayoritariamente bajo esquemas de comprador único o integración vertical, una estructura de mercado con paralelos directos al sector eléctrico colombiano. A partir de la revisión de literatura técnica y del análisis comparado de programas operativos en Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, junto con la sistematización de datos de organismos como la Agencia Internacional de Energía y el Departamento de Energía estadounidense, se describe la arquitectura funcional de una VPP en tres capas: vinculación y registro de activos, intercambio de datos y despacho, e interacción con el sistema de potencia a través de plataformas como los sistemas de gestión de distribución (DMS/ADMS) y los sistemas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS).

    Se identifican cinco arquetipos de VPP, desde esquemas tarifarios simples hasta modelos conscientes de las restricciones de la red de distribución, cada uno con distinto nivel de complejidad institucional y requisitos de propiedad. Estos arquetipos encuentran ejemplos reales documentados en programas como Next Kraftwerke, Hawaiian Electric, Octopus Energy y el VPP de Tesla en el sur de Australia, que ilustran trayectorias posibles de implementación bajo diferentes marcos regulatorios y niveles de madurez tecnológica.

    Entre los hallazgos principales, las VPP pueden reducir costos de adecuación de recursos hasta en un 40% frente a alternativas convencionales y en cerca de 60% frente a baterías utility-scale, según cifras del Departamento de Energía de Estados Unidos. Asimismo, la capacidad solar distribuida podría sumar unos 20 GW en el sudeste asiático entre 2024 y 2030, lo que intensifica la necesidad de coordinar activos dispersos para evitar congestión local y problemas de tensión en los alimentadores. Este crecimiento acelerado de la generación distribuida convierte la agregación de recursos en una prioridad operativa antes de que las restricciones de red se vuelvan más difíciles de gestionar.

    No obstante, las VPP complementan la inversión en red pero no la sustituyen. Su valor puede verse limitado por contratos rígidos de compra de energía a plantas fósiles, brechas en medición inteligente y modelos de negocio de las utilities que no incentivan la flexibilidad del lado de la demanda. A esto se suman riesgos distributivos, pues la participación tiende a concentrarse en clientes urbanos de mayores ingresos si no se diseñan mecanismos de acceso equitativo, así como riesgos de gobernanza de datos vinculados a la privacidad y la ciberseguridad de los dispositivos conectados. Estas limitaciones exigen que el diseño regulatorio anticipe tanto las barreras estructurales del mercado como los efectos distributivos no deseados.

    Las recomendaciones se estructuran en cuatro frentes. En primer lugar, resulta necesario establecer roles regulatorios claros y protocolos estandarizados de medición y verificación antes de escalar programas, de modo que la expansión de las VPP se apoye en reglas predecibles. En segundo lugar, las VPP deben tratarse como parte de un conjunto más amplio de herramientas de flexibilidad, sin desligarlas de reformas al despacho y a los contratos de generación, pues su efectividad depende de cambios más profundos en la operación del sistema. En tercer lugar, conviene priorizar puntos de entrada de alta viabilidad como clústeres industriales, centros de datos, redes insulares dependientes de diésel y alimentadores con alta penetración solar, escenarios donde los beneficios de la agregación resultan más evidentes y medibles. Finalmente, es indispensable garantizar seguridad y privacidad por diseño desde las etapas tempranas de implementación, de forma que la coordinación de activos distribuidos no comprometa la integridad de los datos ni la confianza de los usuarios.

    Para leer más ingrese a:

    https://caseforsea.org/post_knowledge/emerging-technologies-series-virtual-power-plant-and-southeast-asia/

    https://caseforsea.org/wp-content/uploads/2026/05/202605_CASE_02-Virtual-Power-Plants_R04.pdf

  • Building Malaysia’s Future Government: Unlocking Public Sector Productivity with GovTech

    Building Malaysia’s Future Government: Unlocking Public Sector Productivity with GovTech

    La transformación digital del sector público en Malasia se plantea como una vía para elevar la productividad, mejorar los servicios y responder a una ciudadanía que demanda interacciones más rápidas, integradas y accesibles. La expansión de internet, que pasó de 84% en 2019 a 98% en 2024, incrementó las expectativas sobre la capacidad estatal para prestar servicios a escala. En este escenario, GovTech no se limita a incorporar plataformas tecnológicas, sino que requiere articular infraestructura digital, instituciones, regulación, intercambio de datos, capacidades digitales y servicios centrados en las personas. Malasia ha avanzado mediante el Public Sector Digitalization Strategic Plan, MyDIGITAL, el 13th Malaysia Plan y la consolidación del Ministry of Digital y la National Digital Department. Además, 86% de los servicios públicos estaban disponibles en línea en 2025. Sin embargo, persisten fragmentación entre ministerios, interoperabilidad limitada, procesos heredados y brechas de capacidades, reduciendo el impacto productivo de las inversiones digitales.

    Asimismo, el capital humano condiciona la capacidad de sostener la transformación. La GovTech Skills Survey, aplicada a 16.500 funcionarios de 28 ministerios, muestra una estructura piramida

    A partir de este diagnóstico, las bases digitales deben complementarse con condiciones institucionales que permitan convertir tecnología en valor público. La creación del Ministry of Digital y la formalización de JDN han fortalecido la coordinación, mientras el PSDSP, MyDIGITAL, la política de Cuarta Revolución Industrial, el Data Sharing Act 2025 y las normas de ciberseguridad configuran un marco para servicios interoperables y seguros. Asimismo, Malasia presenta avances en apertura de datos y gobernanza, aunque todavía existen dificultades para reutilizar información entre organismos y generar resultados públicos. La coordinación constituye otro punto de atención: 68% señala que infraestructura y capacidades se consideran en los planes de digitalización, pero solo 18% menciona colaboración interna, 16% colaboración entre agencias, 14% retroalimentación del personal y 3% participación ciudadana. De este modo, los mecanismos formales necesitan acompañarse de reglas claras, liderazgo, herramientas de colaboración y participación. Government-as-a-Platform también puede reducir duplicaciones y favorecer soluciones compartidas.

    l: las habilidades básicas e intermedias están extendidas, mientras las avanzadas se concentran. El 94% considera que actualizar capacidades es la vía más efectiva ante las demandas digitales, pero solo 52% recibió formación específica y menos de un tercio la considera suficiente. Las brechas aumentan en inteligencia artificial y análisis de datos: 71% expresa necesidad de formación en IA, pero solo 52% recibió capacitación, mientras 22% fue formado en visualización de datos. También existen dificultades de selección, tiempo y gestión fragmentada de necesidades formativas. Por tanto, se requiere modernizar contratación, retención, incorporar competencias digitales en evaluación de desempeño, ampliar formación y fortalecer liderazgo y cultura organizacional. La resistencia al cambio muestra que la adopción depende de gestión, adaptación y aprendizaje continuo sostenible.

    La agenda de reforma propone trasladar la digitalización desde la disponibilidad de servicios hacia su integración, adopción efectiva y productividad. Para ello se plantean acciones sobre plataformas, políticas, personas y participación. Entre ellas figuran fortalecer plataformas compartidas, ampliar el intercambio seguro de datos, utilizar estándares comunes, modernizar el talento digital, incorporar diseño centrado en usuarios y cerrar brechas de adopción regional. La participación ciudadana importa porque disponer de un servicio digital no garantiza su utilización; por ello se proponen procesos de co-creación, pruebas de usabilidad y mediciones periódicas. Del mismo modo, la inteligencia artificial exige capacidades para rediseñar servicios alrededor de datos, interoperabilidad y recorridos de usuario, y retroalimentación. Para pymes y territorios rezagados se propone capacitación, incentivos para trámites electrónicos y conectividad. Así, la transformación digital puede evolucionar desde proyectos aislados hacia un gobierno más integrado, eficiente, productivo, inclusivo y centrado en ciudadanos y empresas sosteniblemente.

    Para leer más ingrese a:

    https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/cf7d362c-622a-4b64-9b8c-8c6787424c3c

    https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/ab6c1983-48c6-4e41-bc56-18c18438f3ba/content

  • Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe 

    Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe 

    Los mercados laborales de América Latina y el Caribe concentran problemas que afectan la productividad, los ingresos, la equidad y bienestar. Durante las últimas tres décadas aumentaron el nivel educativo de la fuerza laboral y la participación femenina, y registraron avances en la formalización. Sin embargo, estos progresos han sido modestos. La productividad permanece baja, por la presencia de empresas pequeñas y poco productivas, el trabajo por cuenta propia y una asignación ineficiente de recursos. A ello se suma una distribución desigual de los ingresos laborales y una protección social insuficiente para quienes se encuentran fuera del empleo formal. Por tanto, transformar los mercados laborales requiere políticas que mejoren productividad y bienestar simultáneamente. Esto adquiere mayor relevancia ante el envejecimiento demográfico y la transformación tecnológica.

    A partir de este diagnóstico, la política laboral debe atender las fallas que impiden asignaciones eficientes entre trabajadores y empresas. Existen problemas de información, poder de negociación desigual, contratos incompletos y baja inversión en habilidades. Además, los costos del empleo formal son elevados: los costos laborales no salariales equivalen, en promedio, al 51,1% de los salarios formales, frente al 41,7% registrado en países de la OCDE ajenos a la región. Cuando estos costos resultan excesivos, pueden incentivar la informalidad y limitar la expansión de empresas productivas. Por ello, la reforma debe reducir distorsiones sin debilitar la protección social. Asimismo, resulta necesario modernizar las reglas de contratación, los mecanismos de despido, la protección de ingresos, los salarios mínimos y la negociación colectiva, mientras se fortalecen la fiscalización y justicia laboral. De esta forma, las instituciones pueden generar condiciones más equilibradas para trabajadores y empleadores.

    Además, el desarrollo de habilidades y el acceso al empleo requieren mayor atención. Los trabajadores de la región acumulan menos capital humano durante su trayectoria laboral que quienes trabajan en economías avanzadas: después de 25 años de experiencia, los incrementos salariales acumulados rondan el 35% en América Latina y el Caribe, frente a aproximadamente 85% en economías avanzadas. Asimismo, existen dificultades para conectar capacidades con necesidades empresariales por información incompleta, programas fragmentados y restricciones para financiar capacitación. Por consiguiente, la formación técnica y las políticas activas deben orientarse hacia las competencias demandadas y facilitar transiciones entre ocupaciones. También se requiere ampliar la intermediación laboral y utilizar datos para identificar brechas de habilidades. Estas medidas pueden favorecer la empleabilidad y reducir desigualdades, especialmente entre grupos con menor acceso a redes e información. Así, la inversión en capital humano contribuye a elevar productividad y ampliar oportunidades laborales.

    La transformación tecnológica y demográfica exige adaptar las instituciones ante nuevas formas de trabajo. La inteligencia artificial puede automatizar tareas y desplazar trabajadores, pero también puede ampliar capacidades humanas, elevar la productividad y generar nuevas ocupaciones. El resultado dependerá del ritmo de adopción tecnológica y de políticas que impulsen el aprendizaje permanente, la adaptación laboral y sistemas de protección para las transiciones ocupacionales de manera sostenida y duradera para todos. Bajo esta perspectiva, se plantea una agenda que combina reformas estructurales con mejoras graduales y orientadas a la implementación, considerando restricciones fiscales y de economía política. La modernización laboral debe avanzar mediante acciones sostenidas en regulación, protección social, desarrollo de habilidades, intermediación, fiscalización y acceso al empleo. De esta manera, la región puede construir mercados laborales más productivos e inclusivos, capaces de distribuir mejor los beneficios del crecimiento y preparar a trabajadores y empresas para los cambios tecnológicos.

    Para leer más ingrese a:

    https://publications.iadb.org/es/hacer-que-los-mercados-laborales-funcionen-mejorar-la-productividad-y-el-bienestar-de-los  

    https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Hacer-que-los-mercados-laborales-funcionen-mejorar-la-productividad-y-el-bienestar-de-los-trabajadores-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf  

  • Índice de mejores trabajos 2026 datos por país: El empleo de calidad alcanza niveles récord en América Latina, pero sigue sin llegar a la mayoría 

    Índice de mejores trabajos 2026 datos por país: El empleo de calidad alcanza niveles récord en América Latina, pero sigue sin llegar a la mayoría 

    La evolución de los mercados laborales de América Latina y el Caribe muestra una recuperación después de la pandemia, aunque persisten diferencias profundas entre la cantidad y la calidad del empleo. El Índice de Mejores Trabajos permite observar esta dinámica mediante cuatro indicadores ponderados por igual: participación laboral, ocupación, formalidad y salarios suficientes. Entre 2010 y 2024, el índice agregado avanzó gradualmente y posteriormente recuperó los niveles previos. Sin embargo, la mejora no ha sido homogénea. Mientras la dimensión de cantidad mantiene valores relativamente altos, alrededor de 74 a 75 puntos, la calidad continúa rezagada. En 2024, esta última alcanzó 40,6 puntos, su máximo desde el inicio de la medición, pero todavía refleja una alta informalidad y bajos ingresos. Por tanto, la recuperación de puestos de trabajo no equivale necesariamente a una mejora equivalente de las condiciones laborales. 

    A partir de esta situación, la informalidad aparece como una limitación estructural vinculada con salarios reducidos, pobreza, desigualdad y menor productividad. Además, las diferencias entre países muestran que un mayor volumen de empleo no garantiza mejores condiciones laborales. Uruguay lidera el índice regional con 72,2 puntos y lidera en calidad, mientras Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina también registran desempeños superiores al promedio regional. En contraste, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú presentan niveles inferiores, especialmente en formalidad y suficiencia salarial. Colombia alcanza su máximo histórico y supera el nivel previo a la pandemia, aunque la dimensión de calidad permanece por debajo de 50 puntos. Los resultados nacionales también evidencian trayectorias diferentes. Esta heterogeneidad exige políticas diferenciadas, adaptadas a las estructuras productivas y sensibles a cada mercado laboral. 

    Junto con las diferencias territoriales, las brechas entre grupos muestran que la recuperación no se distribuye de manera equitativa. La desigualdad de género persiste en todos los países y es especialmente visible en participación y ocupación, donde los hombres presentan niveles superiores a las mujeres. En 2024 todavía alcanza 21 puntos, con diferencias considerables entre países. De manera similar, los jóvenes enfrentan una desventaja persistente frente a los adultos. La brecha generacional llegó a 12,6 puntos durante la pandemia y descendió hasta 9,9 puntos en 2024, pero continúa reflejando dificultades para acceder a empleos formales y mejor remunerados. Así, mejorar los indicadores agregados requiere atender simultáneamente las barreras de acceso y las condiciones de permanencia dentro del empleo, particularmente para mujeres y jóvenes, considerando sus necesidades específicas. 

    Frente a estas condiciones, las perspectivas sobre el futuro del trabajo adquieren especial relevancia debido a la transformación productiva asociada con tecnologías digitales, inteligencia artificial y nuevas demandas de habilidades. La adopción de IA puede elevar la productividad, transformar procesos y favorecer la creación de ocupaciones de mayor calidad, pero requiere facilitar el acceso tecnológico de las empresas, especialmente las pequeñas, y fortalecer ecosistemas que conecten empresas, centros de formación y gobiernos. Al mismo tiempo, los sistemas de capacitación necesitan incorporar habilidades digitales, tecnológicas y verdes, además de utilizar herramientas de IA para identificar brechas de capacidades y mejorar la intermediación laboral. De este modo, las políticas públicas y laborales deben combinar formalización, formación, inclusión y productividad, utilizando información comparable para orientar decisiones. La evidencia muestra que recuperar el empleo constituye solo una parte del proceso: mejorar su calidad, reducir desigualdades y preparar a trabajadores y empresas para la transformación tecnológica resulta indispensable para avanzar de forma sostenida en la región hacia mercados laborales regionales más productivos, inclusivos y sostenibles. 

    Para leer más ingrese a:

    https://publications.iadb.org/es/indice-de-mejores-trabajos-2026-datos-por-pais-el-empleo-de-calidad-alcanza-niveles-record-en   

    https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/%C3%8Dndice-de-mejores-trabajos-2026-datos-por-pais-El-empleo-de-calidad-alcanza-niveles-record-en-America-Latina-pero-sigue-sin-llegar-a-la-mayoria.pdf  

  • Energy Efficiency Policy Toolkit 

    Energy Efficiency Policy Toolkit 

    El “Energy Efficiency Policy Toolkit” de la Agencia Internacional de Energía es una publicación diseñada para fortalecer la capacidad de los gobiernos en la formulación de políticas de eficiencia energética. Su alcance se centra en proporcionar un marco práctico y estratégico que combina regulación, información e incentivos, con el objetivo de acelerar la adopción de medidas que generen beneficios económicos, sociales y ambientales.  

     

    El documento surge como evolución de los “Policy Packages for Energy Efficiency” introducidos en 2022, integrando ahora guías sectoriales y casos de estudio que muestran experiencias exitosas en diferentes contextos nacionales. La metodología del Toolkit se basa en la identificación de diez principios estratégicos que orientan la acción pública: priorizar medidas transversales, aprovechar el potencial de creación de empleo, estimular la demanda de soluciones eficientes, fortalecer la financiación, incorporar innovación digital, liderar con el ejemplo desde el sector público, involucrar a toda la sociedad, aplicar conocimientos de comportamiento, intensificar la cooperación internacional y elevar la ambición global en eficiencia. Estos principios se complementan con capítulos específicos dedicados a sectores como edificios, electrodomésticos, industria, transporte, ciudades, pequeñas y medianas empresas, cocinas limpias y bombas de calor.   

     

    Cada sección ofrece recomendaciones prácticas y evidencia de cómo las políticas bien diseñadas pueden transformar la dinámica de consumo energético y generar impactos positivos en la competitividad y sostenibilidad. Entre los hallazgos principales, el estudio resalta que la eficiencia energética no debe ser vista únicamente como una herramienta de reducción de consumo, sino como un motor de transformación económica y social. La integración de innovación digital y mecanismos financieros adecuados se presenta como condición indispensable para escalar las acciones y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, la recopilación de casos de estudio permite a los responsables de política pública identificar modelos replicables y adaptables a sus realidades nacionales. Para el sector eléctrico colombiano, el Toolkit ofrece un marco de referencia estratégico que puede orientar la inserción de redes inteligentes en la infraestructura nacional.   

    Para leer más ingrese a:

    https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-policy-toolkit  

    https://iea.blob.core.windows.net/assets/ff8adeb6-d3b1-4f62-b4cd-642197d9a8c2/EnergyEfficiencyPolicyToolkit.pdf  

  • Household Energy Affordability: Data and Indicators 

    Household Energy Affordability: Data and Indicators 

    El informe “Household Energy Affordability: Data and Indicators” de la Agencia Internacional de Energía constituye un aporte fundamental para la comprensión y seguimiento de la asequibilidad energética en el ámbito doméstico. Su alcance se centra en suplir una brecha histórica: mientras el acceso físico a la energía ha sido monitoreado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la asequibilidad ha recibido menor atención y carece de metodologías homogéneas. El estudio parte de una consulta con expertos de países miembros de la IEA, quienes aportaron perspectivas nacionales sobre la importancia de la asequibilidad, las dimensiones relevantes y las prácticas actuales de monitoreo. 

     

    A partir de este ejercicio, se identificaron diferencias conceptuales y metodológicas que dificultan la comparabilidad internacional, pero también se evidenció experiencia acumulada en la definición de estrategias y marcos de seguimiento. Sobre esta base, el documento propone un marco metodológico estructurado en tres componentes: dimensiones, indicadores y datos. Este enfoque busca facilitar la construcción de sistemas de monitoreo coherentes, capaces de reflejar las prioridades de política pública y de alimentar procesos de retroalimentación entre datos y decisiones regulatorias. 

     

    La metodología reconoce que las prioridades nacionales influyen en la selección de indicadores, y plantea la necesidad de fortalecer la colaboración internacional para avanzar hacia estándares comunes. Entre los hallazgos principales, se destaca que la asequibilidad energética es un tema creciente en la agenda de los países, especialmente tras las crisis recientes que elevaron los precios y afectaron a poblaciones vulnerables. El estudio subraya la importancia de contar con indicadores que midan no solo el gasto relativo de los hogares en energía, sino también su capacidad de mantener condiciones de vida dignas. Para el sector eléctrico colombiano y el despliegue de redes inteligentes, este documento ofrece un marco de referencia estratégico: la modernización tecnológica debe acompañarse de métricas que aseguren que la digitalización y la eficiencia no generen exclusión.  

     

    La propuesta metodológica puede servir de base para diseñar indicadores nacionales que integren la asequibilidad en la planificación de infraestructura, en la regulación tarifaria y en la evaluación de programas de transición energética. Además, el énfasis en la cooperación internacional abre la posibilidad de que Colombia participe en iniciativas comparativas que fortalezcan la credibilidad de sus políticas y la resiliencia de su sistema eléctrico. En síntesis, el estudio aporta herramientas técnicas y conceptuales que permiten vincular la asequibilidad con la sostenibilidad y la equidad, elementos esenciales para consolidar un sector eléctrico confiable y orientado al bienestar social.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.iea.org/reports/household-energy-affordability-data-and-indicators  

    https://iea.blob.core.windows.net/assets/bc6fa640-bd80-4ac3-93d5-4ecabf0c8212/HouseholdEnergyAffordabilityDataandIndicators.pdf  

  • Climate Resilience Benchmarking in European Distribution Networks

    Climate Resilience Benchmarking in European Distribution Networks

    El estudio de E.DSO desarrolla un ejercicio de benchmarking sobre resiliencia climática aplicado a nueve operadores de distribución eléctrica ubicados en seis países europeos, con el propósito de construir una fotografía sectorial del estado actual de preparación de las redes frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y severos. El análisis parte de un marco conceptual desarrollado previamente por E.DSO en su documento de posición sobre métricas de resiliencia climática para redes eléctricas, y lo lleva a la práctica mediante la aplicación de diez indicadores concretos, agrupados en cuatro dimensiones estructurales: robustez, entendida como la capacidad física de los activos para resistir eventos extremos; redundancia, asociada a la existencia de rutas alternativas y capacidad de reserva en la red; confiabilidad, vinculada a la continuidad del servicio bajo condiciones adversas; y respuesta y recuperación, que recoge la capacidad operativa para restablecer el suministro tras una perturbación.

     

     

    Un aspecto metodológico relevante del estudio es que no busca establecer un ranking entre los operadores participantes ni señalar desempeños individuales. Toda la información recopilada fue anonimizada y agregada, con el objetivo explícito de facilitar el aprendizaje entre pares y evitar comparaciones competitivas que pudieran desincentivar la transparencia en el reporte de datos. Esta decisión metodológica permite que el documento funcione como una herramienta de referencia colectiva para el sector, más que como un instrumento de evaluación individual, y abre espacio para que operadores de otras geografías, incluidas las latinoamericanas, puedan apoyarse en la misma estructura de indicadores sin necesidad de exponer información sensible. 

     

     

    Entre los hallazgos principales, el estudio identifica un desempeño consistentemente sólido en medidas de resiliencia ya consolidadas en el sector, como la gestión de vegetación en corredores de líneas, la existencia de redundancia en la topología de red y la disponibilidad de capacidad de reserva. Al mismo tiempo, el documento resalta una tendencia emergente hacia la incorporación de digitalización, automatización y soluciones de monitoreo avanzado como palancas para fortalecer específicamente las capacidades de respuesta y recuperación, que aparecen como las dimensiones donde existe mayor margen de mejora frente a las de robustez y redundancia. El análisis también reconoce que el nivel de madurez en resiliencia varía de forma significativa entre operadores y regiones, y que estas diferencias responden a factores estructurales como la exposición climática particular de cada zona, las características geográficas del territorio servido, la densidad de la red de distribución y los incentivos regulatorios vigentes en cada país. 

     

     

    La resiliencia se logra mediante estrategias diferenciadas según el contexto de cada operador. Ell valor de este estudio radica en ofrecer un marco de indicadores ya probado en un contexto de múltiples geografías, que puede adaptarse para caracterizar el estado de resiliencia de las redes de distribución nacionales. La estructura en cuatro dimensiones facilita identificar de forma ordenada en qué frentes existen brechas, ya sea en la robustez física de los activos, en la redundancia operativa, en la continuidad del servicio o en las capacidades de respuesta ante emergencias. Adicionalmente, el énfasis del estudio en digitalización y monitoreo avanzado como palancas de mejora resulta directamente aplicable a las discusiones sobre modernización de la infraestructura eléctrica colombiana, y ofrece insumos concretos para el diseño de metas regulatorias, la priorización de inversiones y la definición de hojas de ruta técnicas orientadas a redes más resilientes ante el cambio climático.

    Para leer más ingrese a:

    https://www.edsoforsmartgrids.eu/edso-publications/climate-resilience-benchmarking-in-european-distribution-networks/

    https://www.edsoforsmartgrids.eu/content/uploads/2026/07/e.dso-paper-climate-resilience-benchmarking-in-european-distribution-networks.pdf

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