Los contratos de compraventa de energía a largo plazo entre generadores renovables y consumidores corporativos se han consolidado como instrumentos de mercado orientados a estabilizar precios, reducir exposición a la volatilidad y viabilizar nuevas inversiones en capacidad limpia. En el contexto europeo, su expansión se vincula directamente con objetivos de competitividad industrial, seguridad energética y descarbonización, en coherencia con el marco regulatorio de la Unión Europea y las prioridades estratégicas reflejadas por SolarPower Europe.

En primer lugar, el tratamiento contable y metodológico de estos contratos dentro de las reglas de huella de carbono condiciona su atractivo. Aunque marcos internacionales como el Greenhouse Gas Protocol y la Science Based Targets initiative reconocen el valor de los instrumentos de mercado para reducir emisiones de Alcance 2, subsisten ambigüedades en metodologías europeas asociadas a normativas como la Corporate Sustainability Reporting Directive y el Carbon Border Adjustment Mechanism. Cuando la contabilidad de producto no refleja adecuadamente el aporte de estos contratos, la señal económica para su adopción se debilita; por tanto, la armonización metodológica se convierte en un habilitador estructural de demanda. En paralelo, la evolución hacia contratos híbridos, que combinan tecnologías renovables o integran almacenamiento, introduce una dimensión adicional vinculada a la flexibilidad del sistema. La agregación de solar fotovoltaica y almacenamiento en baterías permite perfiles de generación más estables, mitigando riesgos volumétricos y de perfil. No obstante, su despliegue depende de señales de precio no distorsionadas, de la eliminación de dobles cargos de red y de procedimientos de conexión simplificados. Asimismo, la libertad contractual resulta necesaria para adaptar estructuras a perfiles de riesgo heterogéneos, evitando estandarizaciones que limiten innovación financiera.

De manera complementaria, el marco de Garantías de Origen debe adaptarse a la creciente relevancia del almacenamiento. La falta de criterios armonizados para certificar electricidad renovable almacenada genera pérdida de atributos ambientales y reduce la trazabilidad. Una reforma que permita la emisión de certificados para energía renovable almacenada, bajo reglas que prevengan doble conteo, fortalecería la credibilidad ambiental y la liquidez del mercado. Otro eje crítico se relaciona con el riesgo de contraparte. La percepción de insolvencia del comprador restringe la bancabilidad de proyectos y eleva el costo de capital. En este ámbito, los esquemas públicos de garantías, incluidos instrumentos promovidos por el European Investment Bank, pueden mejorar el perfil crediticio de los contratos, facilitar cierres financieros y ampliar la participación de pymes e industrias intensivas en energía. Sin embargo, su diseño debe evitar sobrecostos y criterios de elegibilidad restrictivos que reduzcan efectividad.

En cuanto a la interacción entre contratos bilaterales y mecanismos de apoyo público, la coexistencia con esquemas como los contratos por diferencia requiere neutralidad regulatoria. La posibilidad de combinar instrumentos o de abandonar de forma definitiva un esquema regulado para migrar hacia uno puramente de mercado aporta flexibilidad; en contraste, modelos con reingreso automático o intermediación pública en la reventa de energía pueden introducir distorsiones competitivas y riesgos de arbitraje regulatorio. Además, la ampliación del acceso a pequeñas y medianas empresas exige modelos de agregación de demanda. Los contratos multi-comprador permiten compartir riesgos y alcanzar volúmenes atractivos para desarrolladores, aunque implican mayor complejidad contractual. Las autoridades pueden contribuir mediante difusión de buenas prácticas y esquemas de mitigación de riesgo, evitando plataformas obligatorias o estandarizaciones rígidas que reduzcan competencia.

Desde la perspectiva contable y financiera, la clasificación de contratos virtuales como derivados bajo normas como las International Financial Reporting Standards incrementa cargas administrativas y volatilidad contable. Simplificar estos tratamientos y reconocer explícitamente su función de cobertura bajo marcos como EMIR contribuiría a reducir barreras de entrada, especialmente para actores de menor tamaño. El desarrollo de contratos transfronterizos depende de derechos de transmisión de largo plazo alineados con la duración típica de estos acuerdos. La adaptación de subastas, mayor disponibilidad de capacidad y perfiles acordes con generación renovable facilitarían cobertura de riesgo y eficiencia en mercados menos interconectados. En conjunto, la eliminación coordinada de estas barreras permitiría que los contratos bilaterales evolucionen de instrumento complementario a pilar estructural de la transición energética europea.

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https://www.solarpowereurope.org/advocacy/position-papers/removing-barriers-to-pp-as

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