Los camiones son invisibles para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. Al igual que las líneas eléctricas, los postes telefónicos o los aspersores de los edificios, suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, los constantes y masivos desplazamientos de camiones mantienen la sociedad en funcionamiento. Nueve millones de viajes diarios de camiones transportan el 65% de las mercancías en Estados Unidos, más de 11.500 millones de toneladas al año.

La importancia social del transporte por camión va acompañada de un gran impacto en el clima y la salud pública. Casi todos los camiones pesados consumen combustibles fósiles. Aunque los HDT representan menos del 4% de todos los vehículos en circulación, generan el 20% de la contaminación del sistema de transporte. Resolver este problema no es fácil, pero la electrificación ofrece una vía para todas las rutas, salvo las más difíciles, que puede ser económica, práctica para los operadores y limpia para el medio ambiente.

El análisis de RMI sobre el transporte por camión en California y Nueva York reveló que casi el 50% de los camiones pesados pueden completar sus rutas utilizando camiones eléctricos disponibles hoy en día sin necesidad de recarga pública. Y los camiones eléctricos están mejorando, con una mayor eficiencia y capacidad de las baterías que amplían la autonomía y las capacidades de los camiones. Esto las hace viables para más rutas en más regiones.

El reto es que los camiones eléctricos dependen de otra infraestructura casi invisible: la red eléctrica. La electrificación total del transporte por carretera aumentaría el consumo nacional de electricidad en casi un 10% y tendría efectos locales desiguales. El sistema de distribución eléctrica requerirá una nueva infraestructura para soportar la carga de camiones eléctricos. La construcción de esta nueva infraestructura requiere tiempo y costos que son o pronto serán el factor limitante en la descarbonización de los camiones. Las flotas, las empresas de servicios públicos y los reguladores con visión de futuro están empezando a reimaginar las prácticas empresariales, la planificación de infraestructuras y las decisiones de construcción.

En este documento de trabajo, se resume cómo la electrificación de los camiones creará nuevas demandas en la red eléctrica. Explica (1) la economía básica del transporte por carretera y la creciente competitividad de los camiones eléctricos de batería; (2) cómo las empresas estadounidenses adoptarán probablemente los camiones eléctricos y las implicaciones para toda la flota de camiones; (3) cómo los requisitos de carga afectarán a la red y los desafíos para satisfacer la demanda de electricidad de los camiones en rápido crecimiento; y (4) soluciones que facilitarán a las empresas de servicios públicos y de transporte por carretera garantizar que la red eléctrica pueda satisfacer de forma rápida, asequible y fiable las necesidades de los camiones eléctricos. En este informe, se centran en las consecuencias de la electrificación de las cabezas tractoras (semirremolques) en Estados Unidos. Estos camiones recorren 177.000 millones de kilómetros al año y consumen una media de seis veces más energía por kilómetro que un turismo. A plena carga, cada uno puede pesar hasta 40 toneladas, y mientras que un turismo medio recorre aproximadamente 25 millas al día, un semirremolque recorre 100-500 millas o más al día. Como recorren tantos kilómetros y consumen tanta energía, los semirremolques constituirán la mayor parte de la carga de camiones eléctricos pesados. El informe subraya la importancia de fortalecer la red eléctrica para satisfacer la demanda adicional generada por los camiones eléctricos. Se sugieren mejoras en la infraestructura de transmisión y distribución, así como el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Estas medidas son necesarias para evitar problemas de congestión y garantizar una alimentación eléctrica confiable y estable para los camiones eléctricos. En resumen, el informe destaca la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura de carga y la red eléctrica para acomodar la creciente demanda de camiones eléctricos. Propone estrategias para una planificación efectiva, inversiones adecuadas y el uso

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https://rmi.org/insight/preventing-electric-truck-gridlock/  

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Cada vez se reconoce más el valor de las tecnologías espaciales en la agricultura, y su aceptación será mayor en un futuro próximo. Históricamente, la adopción de aplicaciones espaciales se ha visto limitada por los altos costos, la baja resolución y la escasa confianza de los consumidores. Estos obstáculos están desapareciendo y, aplicados a gran escala, los conocimientos obtenidos desde el espacio podrían cubrir hasta el 30% del déficit alimentario previsto para 2050, reduciendo los residuos, disminuyendo el consumo mundial de agua dulce entre un 5 y un 10%, reduciendo las emisiones agrícolas de CO2 en hasta 50 millones de toneladas y reduciendo los costos de producción en un 5%. Estos beneficios sociales irán acompañados de beneficios económicos: la reducción del desperdicio de alimentos podría suponer entre 150.000 y 175.000 millones de dólares más en valor económico para los productores , y una reducción de costos del 5% para los agricultores representa entre 7.000 y 8.000 millones de dólares sólo en ahorro de insumos. Con tanto valor en juego, se prevé que el mercado de la información obtenida desde el espacio en la agricultura casi se duplique para 2030, alcanzando casi los 1.000 millones de dólares.

Ya se pueden ver ejemplos de cómo la tecnología por satélite aporta valor a la agricultura. Los agricultores utilizan hoy información aérea y satelital para reducir el uso de herbicidas, fertilizantes y agua, y los gobiernos emplean satélites para abordar la seguridad alimentaria, verificar las subvenciones condicionadas y reducir el desperdicio de alimentos. Sin embargo, sigue habiendo obstáculos técnicos y humanos. La ampliación requerirá la colaboración entre sectores, la formación de algoritmos con suficientes datos reales y una propuesta de valor claramente definida para los usuarios finales con información fiable y práctica. En pocas palabras, el sector aún necesita reunir los datos adecuados para desarrollar la información correcta en el momento adecuado para las personas adecuadas. ¿Se acelerará la adopción o persistirán los obstáculos? Este informe, basado en estudios del sector y en conversaciones con las partes interesadas de los sectores agrícola y espacial, analiza esta cuestión. En relación a la acción climática, el informe muestra cómo las tecnologías espaciales pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agrícola. El monitoreo satelital puede ayudar a evaluar los impactos del cambio climático en los cultivos, identificar áreas vulnerables y apoyar la planificación de medidas de adaptación. Además, las tecnologías espaciales pueden proporcionar datos precisos sobre la deforestación, la degradación de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que facilita la formulación y evaluación de políticas ambientales. En resumen, el informe destaca que las aplicaciones espaciales en agricultura desempeñan un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la acción climática. Estas tecnologías permiten una gestión más eficiente de los recursos agrícolas, contribuyen a la planificación y toma de decisiones basadas en datos y respaldan los esfuerzos para enfrentar los desafíos del cambio climático en el sector agrícola.

El informe consta de 5 secciones, en resumen, la sección 2 analiza cómo las tecnologías espaciales pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. Se exploran las aplicaciones de teledetección, sistemas de posicionamiento global (GPS) y otras herramientas para monitorear cultivos, predecir rendimientos agrícolas y optimizar la gestión de recursos agrícolas. La sección 3 examina el papel de las tecnologías espaciales en la gestión del agua en el sector agrícola. Se destacan las aplicaciones satelitales para monitorear la calidad del agua, identificar áreas con escasez o contaminación y apoyar la planificación y toma de decisiones en la gestión del agua. La sección 4 se enfoca en cómo las tecnologías espaciales pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura. Se analiza el monitoreo satelital para evaluar los impactos del cambio climático en los cultivos, identificar áreas vulnerables y respaldar la planificación de medidas de adaptación. También se aborda el papel de las tecnologías espaciales en la evaluación de la deforestación, la degradación de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero. La sección 5 presenta las principales conclusiones del informe y se ofrecen recomendaciones para mejorar el uso de aplicaciones espaciales en la agricultura, tanto en términos de seguridad alimentaria como de acción climática.

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https://www.weforum.org/reports/space-applications-in-agriculture-enhancing-food-and-water-security-improving-climate-action

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Space_Applications_in_Agriculture_2023.pdf

El sector público es un actor relevante en el ámbito de la innovación, para lo que dispone de instrumentos de diverso tipo. Tradicionalmente han predominado las políticas de oferta, en las que el sector público actúa como proveedor de elementos que favorecen la innovación (educación, conocimiento, infraestructuras tecnológicas), frente a las políticas de demanda, que se centran en la capacidad del sector público como consumidor para estimular la innovación. Sin embargo, la compra pública como instrumento de política económica desde la demanda y, particularmente, con el fin de promover la innovación, adquiere mayor relevancia en los últimos años en distintos ámbitos, como la Unión Europea (UE) y más recientemente en América Latina y el Caribe (ALC). El instrumento de la compra pública de innovación (CPI) vincula el papel del sector público como consumidor con el de promotor de la innovación. Conocer y medir el impacto de la CPI es un aspecto necesario para valorar la efectividad de este instrumento de la política de innovación desde un enfoque de demanda. Esta evaluación es necesaria para rendir cuentas a la sociedad sobre el beneficio de esta herramienta, conseguir una mayor eficiencia de los recursos públicos (menor costo o mayor calidad de los servicios públicos), obtener mayor efectividad de las políticas y alcanzar el aprendizaje que permita mejorar el diseño e implementación de nuevas políticas. Sin embargo, estudiar el impacto de una política pública presenta notables dificultades, entre las que se destaca la complejidad del problema de la atribución, derivado de las interacciones que se producen entre la medida implementada y otras medidas relacionadas con ella. En consecuencia, esas interacciones suponen un obstáculo para separar y cuantificar los efectos de una política específica.

El principal objetivo de esta publicación es evaluar y medir el impacto de la CPI, así como profundizar en el conocimiento de herramientas de análisis y evaluación de los efectos de este instrumento, haciendo foco en las empresas. Para ello, proporciona una revisión completa de la literatura existente sobre el impacto de la CPI y evidencia cómo se evalúa la CPI en otras partes del mundo. De esta manera, contribuye a llenar un espacio escasamente abordado en la literatura: la constatación empírica de los efectos de la CPI en diversos ámbitos del desempeño empresarial, tanto directos como indirectos. Además, presenta una aplicación de cómo se podría evaluar el impacto de la CPI en las empresas en Colombia, para lo cual se utiliza el emparejamiento con propensión de puntaje. La información estadística disponible para evaluar los efectos de su implementación es muy limitada, debido a las dificultades de cuantificación y falta de sistematización de la información a lo largo del proceso.

La publicación pretende ofrecer una primera medición del impacto de la CPI para el sector privado en ALC, tomando como referencia el caso de Colombia. Para ello, la primera sección aborda algunos aspectos clave sobre el análisis de la CPI y su evaluación. La segunda presenta la revisión sistemática de la literatura sobre la evaluación de impacto de la CPI. La tercera sección describe la metodología utilizada para la consecución de dichos objetivos. La cuarta se centra en la evidencia empírica en Colombia a través de la metodología de emparejamiento o matching (en concreto, a través del PSM). Finalmente, la última sección presenta las principales conclusiones. Este informe acompaña una serie de casos de estudio de proyectos de CPI realizados tanto en Europa como en ALC. Esta serie tiene como finalidad, en primer lugar, fomentar el uso de la CPI como herramienta para promover la innovación desde la demanda pública, especialmente en países latinoamericanos. En segundo lugar, busca documentar los diferentes marcos jurídicos y metodológicos utilizados por las administraciones públicas de distintos países para realizar estas compras públicas. Los casos de estudio se adentran en las fases que deben seguirse y las acciones llevadas a cabo por los actores para poder analizar con mayor profundidad los marcos referenciales antes nombrados, detectar las trabas encontradas durante la ejecución de los proyectos y recoger las lecciones aprendidas, así como tomar en cuenta las buenas prácticas llevadas a cabo por los actores. El informe identifica desafíos y áreas de mejora en la implementación de estas políticas en Colombia. Entre ellos se destacan la necesidad de fortalecer la capacidad de las entidades estatales para identificar oportunidades de compra pública de innovación, así como promover la participación de pequeñas y medianas empresas en estos procesos.

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https://publications.iadb.org/es/evaluacion-de-impacto-de-experiencias-de-compra-publica-de-innovacion-el-caso-de-colombia

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluacion-de-impacto-de-experiencias-de-compra-publica-de-innovacion-el-caso-de-Colombia.pdf

La innovación verde en sus diferentes formas, ofrece una oportunidad para la recuperación económica a corto y mediano plazo, y sienta las bases para una transición tecnoeconómica hacia la reestructuración profunda de la economía a mediano y largo plazo. Para conceptualizar esta reestructuración esperada, en los últimos años han emergido varios enfoques y términos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y la innovación verde. El concepto de desarrollo sostenible y la idea de que el medio ambiente y el desarrollo social y económico son interdependientes han generado un interés creciente en los poderes políticos y la sociedad en los últimos años. El desarrollo sostenible satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En 2015, con el establecimiento de los ODS en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, los líderes mundiales consensuaron un marco de actuación a este respecto. Se definieron 17 ODS que, a su vez, constan de 169 metas concretas. Las acciones para conseguir alcanzar estas metas se iniciaron el 2015 y se desarrollarán hasta el 2030. A efectos del presente informe, cabe destacar que el ODS 8 se enfoca en promover el crecimiento económico Entre las aproximaciones a la mencionada transición tecnoeconómica también se encuentra el concepto de la economía verde, que durante la última década se ha convertido en un importante marco de políticas para la sostenibilidad. Presenta un marco atractivo para desarrollar sociedades eficientes en el uso de recursos, con menos emisiones de carbono, menos dañinas para el medio ambiente y más inclusivas socialmente. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define una economía verde como baja en carbono, eficiente en el uso de recursos y socialmente inclusiva.

En una economía verde, el crecimiento del empleo y los ingresos están impulsados por la inversión pública y privada en actividades económicas, infraestructura y activos que permitan reducir las emisiones de carbono y la contaminación, mejorar la eficiencia energética y de los recursos, y prevenir la pérdida de biodiversidad y servicios de los ecosistemas. Es pertinente continuar mejorando la medición de las transformaciones de la economía verde, incluyendo datos más accesibles y marcos más amplios para medir las interacciones entre economía, sociedad y medio ambiente. Por ello, la medición de la economía verde debe ir más allá del PIB como medida central del progreso y realizar un seguimiento de la economía verde transformadora. Más allá de los conceptos directamente vinculados con la gestión y la política del medio ambiente, es relevante extender la atención también a la economía digital. Mientras carece de una definición ampliamente aceptada, se trata de la producción económica derivada, única o principalmente, de tecnologías digitales con un modelo de negocio basado en bienes o servicios digitales que plantean que la economía digital es la porción de la producción económica total derivada de una serie de insumos digitales amplios, tales como habilidades digitales, equipo digital y los bienes y servicios digitales intermedios utilizados en la producción. La transformación digital ofrece grandes oportunidades tanto para la ecoeficiencia como para la ecoeficacia. La tecnología digital permite un cambio fundamental en la forma en que funciona la economía, ofreciendo posibilidades de virtualización radical, desmaterialización e incluso inmaterialización de la economía. Considera, por ejemplo, la venta y mayor transparencia en el uso de productos digitales y flujos de materiales, al mismo tiempo que se crean nuevas formas de operar y participar en la economía para productores y usuarios. En base a la combinación de los sistemas ciberfísicos de producción, los big-data, la minería y el análisis de datos, el Internet de las cosas y los nuevos mercados, los nuevos modelos de negocio digitales proporcionan grandes oportunidades para una creación de valor económico más sostenible. En este documento se detalla cómo la política pública puede contribuir a la transición de la sociedad y la economía hacia la sostenibilidad, en los términos que recogen los anteriores marcos conceptuales. Así, los ODS ofrecen la orientación a las intervenciones para la innovación verde, como factores de cambio y reestructuración en la economía.

La urgencia de los cambios hacia la mayor sostenibilidad ha llevado a una creciente aplicación del concepto de innovación en la gestión y las políticas ambientales. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación. Más allá del ámbito de la empresa, la innovación ocurre en todo tipo de organizaciones. Por ello, en términos generales, la innovación es un proceso sistémico de cambio tecnológico o social que consiste en la invención de un cambio y en su aplicación práctica.

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https://publications.iadb.org/es/innovacion-verde-en-america-latina-y-el-caribe-marco-conceptual

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