El mundo se reconfigura por avances tecnológicos acelerados, presiones climáticas crecientes y una fragmentación geopolítica en aumento, y en ese escenario el costo de dejar personas atrás sube. Las transformaciones pueden elevar la productividad y ampliar el acceso a servicios, pero profundizan las desigualdades cuando faltan capacidades, infraestructura, protección o voz. Los desafíos de larga data siguen vigentes: 2.200 millones de personas permanecían sin conexión en 2025, la participación laboral de las mujeres sigue por debajo de la de los hombres, la informalidad es extendida y la desigualdad de ingresos aumentó en más de 50 países en 25 años. El cambio climático agrava el panorama: 887 millones de personas en pobreza multidimensional están expuestas a al menos una amenaza climática, y los desastres provocaron 45,9 millones de desplazamientos internos en 2024.

La respuesta es la Nueva Economía de la Inclusión Social (NESI), que parte de una premisa sencilla: bajo cambios rápidos y superpuestos, la inclusión no es solo un objetivo social ni un dividendo del crecimiento, sino una condición que permite a las economías adaptarse, sostener la productividad y gestionar las transformaciones. Se apoya en dos principios que se refuerzan entre sí: la capacidad de adaptación, entendida como la posibilidad de acceder y usar sistemas como educación, salud, conectividad, energía, protección social y finanzas, y las instituciones inclusivas, que mantienen los mercados abiertos y dan voz a las personas. Aplazar la inclusión tiene un costo medible: una simulación basada en ocho países indica que invertir en protección social desde 2025 genera ganancias acumuladas equivalentes a 22,2 % del PIB hacia 2045, frente a 10,3 % si se espera diez años, es decir, unos 12 puntos del PIB de 2025 que se pierden por la demora.

Para medir el avance se construye un tablero de transformación inclusiva para 168 países entre 2000 y 2024, con dos pilares: transformación (económica, energética y digital) e inclusividad (equidad económica y social). Los puntajes van de 51 a 160, con mediana de 105, y Malta, Irlanda y Dinamarca encabezan la clasificación combinada. Transformación e inclusión se relacionan, pero existe una brecha de conversión, pues países con ingresos o transformación comparables obtienen resultados muy distintos, lo que atribuye a las políticas y las instituciones un papel decisivo. La equidad social y la transición energética son las dimensiones más desiguales, con rezagos marcados en África y Asia. Los países menos adelantados muestran el menor desempeño, los pequeños Estados insulares en desarrollo rinden mejor en inclusión que en transformación y los países sin litoral avanzan en transformación sin igual resultado en inclusión.

La transición energética ilustra las dos caras del cambio: 730 millones de personas aún carecen de electricidad y cerca de 2.000 millones cocinan con combustibles contaminantes, pero el sector emplea a 76 millones de personas y la energía renovable distribuida extiende el acceso donde la red es lenta o costosa. A la vez, trabajadores y comunidades dependientes de los fósiles pueden cargar costos concentrados, la nueva infraestructura puede generar conflictos por la tierra y el precio al carbono puede afectar más a hogares de bajos ingresos, por lo que se requieren reconversión laboral, participación comunitaria y apoyo territorial. Entre las experiencias citadas figuran Nigeria, con 125 minirredes subsidiadas que dieron acceso a más de 5 millones de personas, y Ruanda, con una estrategia que combina red y soluciones aisladas. Para profesionales del sector energético colombiano, ofrece criterios para diseñar acceso universal, minirredes en zonas no interconectadas y una transición justa.

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