La expansión de centros de datos en Latinoamérica entró en una fase de aceleración que está cambiando el mapa de infraestructura digital y la conversación energética regional. El artículo señala que Brasil, México, Chile y Colombia lideran la atracción de proyectos, mientras JLL proyecta que la capacidad total de la región podría aumentar cerca de 60 % en los próximos dos años si se concretan las obras en construcción y las ya planificadas. Detrás del crecimiento están el despliegue de 5G, la computación en la nube, el auge de la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la necesidad de menor latencia para servicios financieros, videojuegos, transmisión de contenidos y operaciones corporativas. Esa combinación convierte a los centros de datos en una nueva carga estratégica para los sistemas eléctricos y las políticas industriales.
El texto destaca diferencias por país. Brasil aparece como el mayor mercado, con 195 proyectos, y busca nuevas inversiones apalancado en conectividad internacional y una matriz relativamente renovable, aunque enfrenta costos tributarios y energéticos altos. México consolida a Querétaro como principal nodo nacional con 67 % de la capacidad instalada, un inventario de 587,2 megavatios y 475,7 megavatios adicionales en desarrollo, lo que ya genera presión sobre la infraestructura eléctrica. Chile suma 33 centros operativos y 34 en trámite, alcanzando 198 megavatios de capacidad, cinco veces más que hace una década. Colombia gana visibilidad como plataforma emergente por costos competitivos, disponibilidad de suelo y condiciones urbanas favorables para nuevas inversiones de infraestructura tecnológica.
La importancia sectorial está en que el crecimiento digital deja de ser un asunto exclusivo de telecomunicaciones y pasa a depender de energía segura, permisos ágiles, agua, conectividad y marcos regulatorios previsibles. Los grandes operadores de nube y de inteligencia artificial buscan acceso estable a electricidad, de preferencia renovable, y tiempos cortos de conexión. El avance obliga además a anticipar conflictos por conexión, capacidad firme y servicios urbanos complementarios.
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