La Ley de Ciberseguridad de la UE establece que ENISA apoyará a los Estados miembros en el desarrollo de estrategias nacionales sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información, promoverá el correcto despliegue de dichas estrategias y establecerá un marco de gobernanza que garantice la sostenibilidad de las estrategias nacionales (Estrategia Nacional de Ciberseguridad – NCSS por sus siglas en inglés). Como parte de este mandato, ENISA lanzó este estudio para realizar una revisión sistemática de los modelos de gobernanza relevantes para el despliegue de una NCSS con el fin de identificar y seleccionar los casos más relevantes, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de los Estados Miembros. El objetivo de este estudio es recopilar información sobre la definición de procesos, funciones y responsabilidades, el posterior despliegue de medidas de supervisión y cuáles son los principales retos y buenas prácticas que los países europeos ponen en marcha para garantizar un marco de gobernanza eficaz para la implantación de los actuales y futuros sistemas nacionales de seguridad de los Estados miembros de la UE. Todos los Estados miembros de la UE están obligados, en virtud de la Directiva SRI, a elaborar y aplicar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad (NCSS) para garantizar el fomento de la seguridad de las redes y los sistemas de información en toda la Unión. Cada NCSS tiene como objetivo establecer un plan de acciones para mejorar la seguridad y la resistencia de los sistemas y servicios de infraestructuras nacionales. Su objetivo es proporcionar un enfoque descendente de alto nivel en materia de ciberseguridad y establecer una serie de objetivos y prioridades nacionales. Sin embargo, la rapidez y la constante evolución del ciberespacio exigen un desarrollo y una adopción constantes de las NCSS, por lo que es necesario un seguimiento y una evaluación coherentes de la misma. Además, el establecimiento de un modelo de gobernanza operativo y eficaz para la aplicación de las actuales y futuras NCSS es esencial para fomentar la ciberseguridad en toda la Unión y alcanzar los objetivos de las estrategias nacionales y de las instituciones en este ámbito.
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