La entrada en vigor del reglamento europeo sobre inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la manera en que las organizaciones abordan el desarrollo, uso y control de esta tecnología. Aunque el marco normativo busca proporcionar certezas jurídicas, su aplicación presenta retos diversos para los sectores implicados. Muchas empresas aún no han adoptado medidas preparatorias, a pesar de que los plazos para el cumplimiento ya han comenzado a activarse. Esta falta de preparación se explica en parte por la carga regulatoria acumulada en los últimos años y por la percepción de que aún hay tiempo suficiente antes de que las disposiciones sean exigibles.

A nivel práctico, el reglamento introduce obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo que presentan los sistemas de IA, lo que exige a las organizaciones realizar evaluaciones detalladas sobre sus usos actuales y futuros. Este análisis no solo implica el cumplimiento de la normativa en sí, sino también una revisión profunda de los procesos de adquisición, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y gobernanza tecnológica. En muchos casos, se observa una escasa claridad sobre cómo definir responsabilidades internas, asignar recursos adecuados o establecer mecanismos de supervisión, lo cual dificulta una implementación efectiva.

Por otra parte, la percepción sobre el impacto de la regulación en la innovación es ambivalente. Mientras algunos actores consideran que los requisitos establecidos pueden ralentizar el desarrollo de nuevos productos o servicios, otros señalan que el marco regulatorio puede servir como punto de referencia para alinear el uso de la IA con estándares éticos y de calidad. Esta dualidad se refleja en las respuestas recogidas por diversas encuestas, en las que se observa una división entre quienes esperan un impulso en la confianza hacia la IA y quienes temen una limitación en su potencial transformador.

La experiencia también evidencia la importancia de crear estructuras de gobernanza adecuadas, capaces de integrar múltiples disciplinas dentro de la organización. Estas estructuras deben atender aspectos legales, técnicos, organizacionales y éticos, garantizando coherencia entre las áreas implicadas. Así, se sugiere la conformación de equipos interfuncionales que incluyan representantes de protección de datos, seguridad informática, recursos humanos, estrategia corporativa y relaciones laborales. Este enfoque transversal permite abordar los retos de forma integrada y adaptativa, en función del grado de exposición al uso de sistemas de IA.

Al mismo tiempo, resulta necesario considerar otros marcos legales con los que interactúa la regulación europea, como las normativas sobre protección de datos, derechos laborales o propiedad intelectual. La convergencia de estos marcos obliga a establecer procesos continuos de revisión y adaptación, así como metodologías de evaluación de impacto que contemplen no solo riesgos técnicos, sino también implicaciones sociales y organizacionales.

En términos de implementación, muchas empresas reconocen que aún no han tomado medidas formales para cumplir con las exigencias del reglamento. Solo una minoría ha desarrollado proyectos específicos o creado unidades encargadas de coordinar su aplicación. Esto sugiere la necesidad de un cambio de enfoque, en el que se deje de tratar la regulación como un simple requisito normativo para ser entendida como una herramienta estratégica de largo plazo.

La incorporación de la regulación en la cultura organizacional y en los procesos de toma de decisiones es un componente indispensable para consolidar una transformación sostenible. No se trata únicamente de evitar sanciones, sino de generar una relación más transparente, segura y responsable con las tecnologías basadas en inteligencia artificial, lo que puede fortalecer la confianza de los usuarios, mejorar la calidad de los servicios y abrir nuevas posibilidades para una innovación más equilibrada.

Para leer más ingrese a: