La economía de Cabo Verde ha demostrado una notable capacidad de recuperación, alcanzando un crecimiento estimado del 6,3 por ciento en 2025, impulsado predominantemente por una actividad turística robusta y una demanda sostenida de los mercados europeos. Este dinamismo se refleja en la creación de empleo y en una reducción de los niveles de pobreza, consolidando al sector servicios como el motor medular de la expansión nacional. Puesto que el país logró registrar su primer superávit fiscal en casi dos décadas debido al cobro de la concesión aeroportuaria, la trayectoria de la deuda pública se mantiene en descenso, acercándose al umbral del 100 por ciento del producto interno bruto. No obstante, la sostenibilidad de este impulso económico enfrenta riesgos derivados de la inestabilidad geopolítica global y la volatilidad en los precios de los productos básicos. Debido a que Cabo Verde es un importador neto de energía y alimentos, las presiones inflacionarias podrían erosionar el poder adquisitivo de los hogares y ralentizar el consumo privado en los próximos años. Por consiguiente, el fortalecimiento de los amortiguadores fiscales y la preservación de las reservas internacionales son acciones esenciales para navegar un entorno externo cada vez más incierto.

A pesar de los logros macroeconómicos, la fragmentación geográfica del archipiélago impone limitaciones sustanciales al desarrollo de mercados integrados y a la movilidad laboral. La debilidad en la conectividad entre islas se identifica como un obstáculo determinante que frena el crecimiento liderado por el sector privado y restringe el desarrollo de cadenas de valor nacionales. Visto que la oferta de transporte aéreo es volátil y costosa, el turismo permanece concentrado en Sal y Boa Vista, impidiendo que los beneficios económicos se extiendan de manera equitativa hacia las islas periféricas. De igual manera, el sector del transporte aéreo ha funcionado históricamente como un lastre para el crecimiento de los servicios, consumiendo en ocasiones más valor económico del que genera debido a ineficiencias operativas y altos costos de mantenimiento. Por tal motivo, la mejora de la logística resulta medular para reducir las pérdidas post-cosecha en el sector agroalimentario y potenciar la competitividad de las empresas locales. Siguiendo esta línea, la integración multimodal entre los servicios marítimos y aéreos permitiría optimizar el flujo físico de bienes y personas, reduciendo el «impuesto logístico» que actualmente afecta a las familias texanas y empresas del país.

Por otra parte, la participación del Estado en los sectores de conectividad genera riesgos fiscales persistentes y debilita la neutralidad competitiva en el mercado. Puesto que las empresas estatales como TACV representan la principal fuente de pasivos contingentes a través de garantías gubernamentales y capitalizaciones recurrentes, la reforma del sector empresarial público es una prioridad ineludible. Debido a que los incentivos comerciales a menudo se difuminan con los mandatos de servicio público, los operadores carecen de la disciplina de costos necesaria para alcanzar la autosuficiencia financiera. A este respecto, se propone una transición hacia un modelo de apoyo presupuestario transparente y basado en el desempeño, donde las compensaciones por rutas sociales sean explícitas y se separen de la gestión comercial de las empresas. De igual manera, la privatización de funciones auxiliares, como el manejo en tierra, y la concesión de infraestructuras a operadores internacionales especializados buscan profesionalizar la gestión y atraer inversión privada. Por consiguiente, al limitar la exposición del Estado a las pérdidas operativas de las aerolíneas, se libera espacio fiscal determinante para financiar inversiones en capital humano y resiliencia climática.

Para transformar la conectividad en un habilitador real del crecimiento, resulta imperativo ejecutar una agenda de reformas institucionales que priorice la transparencia de datos y la regulación económica efectiva. Esto implica adoptar marcos normativos que faciliten la entrada de operadores privados de tamaño adecuado, especialmente en nichos de mercado como la aviación regional y los servicios de helicópteros. Puesto que las licitaciones competitivas para las obligaciones de servicio público pueden mejorar la frecuencia y puntualidad del transporte marítimo, el enfoque debe trasladarse hacia contratos vinculados a indicadores de calidad medibles. Asimismo, la modernización de los regímenes tarifarios permitiría alinear los precios con los costos reales de operación, asegurando la previsibilidad de los ingresos para los prestadores de servicios. Visto que las lecciones de otros archipiélagos demuestran que la competencia puede coexistir con subsidios dirigidos a los residentes, Cabo Verde tiene la oportunidad de rediseñar sus esquemas de apoyo para maximizar el bienestar social. De este modo, la superación de los cuellos de botella geográficos mediante una gobernanza robusta permitirá que el país consolide su posición como una economía de ingresos medios-altos resiliente y sostenible.

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