Durante la presente administración, la Procuraduría General de la Nación alcanzó un hito institucional a nivel nacional al transformar la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Esta transformación amplió su ámbito de acción para incluir asuntos minero-energéticos, dando lugar a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios. Con este cambio, el país cuenta actualmente con una Procuraduría Delegada que, desde su enfoque preventivo y de intervención, analiza de manera integral las problemáticas del sector minero-energético. Esta reestructuración refleja la prioridad de la Procuraduría General de la Nación de implementar un seguimiento preventivo riguroso, acompañado de una intervención judicial cuando sea necesario, para garantizar que la política energética del país no solo responda a los desafíos del cambio climático, sino que también se alinee con los principios de equidad, sostenibilidad y seguridad energética. Como resultado, la Procuraduría Delegada ha logrado establecer sinergias con diversos actores del sector energético y ambiental, promoviendo entendimientos sobre los retos asociados a los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía. Asimismo, ha abordado las problemáticas sociales y ambientales inherentes al sector, identificando soluciones que requieren implementación.
El trabajo coordinado de la Procuraduría ha evidenciado la necesidad de que el Estado colombiano analice y proponga soluciones para consolidar la transición energética, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico, los asuntos sociales, la seguridad energética y la protección del medio ambiente, así como el uso sostenible del suelo rural. En el marco de estas acciones, la Procuraduría elaboró el informe preventivo titulado “Colombia y la Transición Energética: Reflexiones y recomendaciones sobre una transición hecha a la medida de nuestro país”. Este documento presenta un análisis detallado de las particularidades ambientales, sociales, económicas e institucionales de Colombia que influyen en el proceso de transición energética. Además, incluye recomendaciones diseñadas para enfrentar los desafíos de la crisis climática desde la perspectiva energética, sin descuidar el progreso social y económico necesario para un país en desarrollo como Colombia.
El informe se organiza en tres capítulos. En el primero, se examina el contexto del calentamiento global, su relación con la generación de gases de efecto invernadero (GEI) y el proceso de transición energética. En el segundo, se analizan las condiciones ambientales, sociales, económicas e institucionales más relevantes para el sector energético en el país. Finalmente, en el tercer capítulo, se ofrecen recomendaciones basadas en el trabajo realizado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios. La Procuraduría General de la Nación espera que este informe, dirigido a los diversos actores de los sectores minero-energético y ambiental, sea considerado en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, busca que el documento se consolide como un aporte significativo para fortalecer el trabajo coordinado en la consolidación de la política de transición energética nacional.
En relación con el cambio climático, se destaca que los rayos solares rebotan de forma natural sobre la superficie terrestre, siendo en parte atrapados por una capa de gases que regula la temperatura media del planeta. Sin embargo, en las últimas décadas, las actividades humanas han incrementado significativamente la concentración de ciertos gases en la atmósfera, aumentando la retención de energía solar. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero, ha provocado un aumento acelerado de la temperatura media global. Si no se adoptan medidas globales coordinadas para mitigar este fenómeno, las consecuencias de mantener el aumento de la temperatura del planeta serán catastróficas para todas las formas de vida. Informes recientes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirman que la acumulación de GEI ha causado un incremento sostenido de la temperatura global, conocido como calentamiento global. Este cambio climático está generando impactos significativos, como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, alteraciones en los patrones de lluvia y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y huracanes.
Según la OMM, desde la era preindustrial (antes de 1850) hasta 2023, la temperatura media global ha aumentado en 1,45 °C. De continuar las emisiones de GEI al ritmo actual, se proyecta un incremento de entre 3 °C y 5 °C para finales de siglo, lo que tendría consecuencias devastadoras. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París, líderes mundiales acordaron reducir sustancialmente las emisiones de GEI con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a un máximo de 2 °C, y aspirar a no superar 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales, con el fin de evitar los peores efectos del cambio climático. El IPCC planteó diversos escenarios relacionados con el manejo de las emisiones de GEI y su impacto en la temperatura media global. En este contexto, la transición energética es una estrategia clave para reducir dichas emisiones. No obstante, en Colombia, este proceso debe adaptarse a las condiciones particulares del país, considerando factores como la disponibilidad de recursos naturales, la distribución de emisiones por sectores productivos, el aporte histórico y actual de emisiones, la configuración de la matriz energética, la relevancia económica de los combustibles fósiles y la capacidad institucional del sector energético.
Aunque se han logrado avances en la planeación de la transición energética, persisten retos significativos en la definición de un camino metodológico claro que incluya hitos específicos, acciones concretas y plazos definidos. Este enfoque es esencial para garantizar una transición energética efectiva y coherente con los objetivos climáticos globales y las necesidades del desarrollo sostenible en Colombia. En suma, el sector energético en Colombia es un pilar estratégico para el desarrollo del país, al ser fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social. Su transformación hacia un modelo más diversificado, competitivo y responsable permitirá garantizar el suministro de energía a largo plazo, cumplir compromisos internacionales frente al cambio climático y fomentar la innovación tecnológica. Además, un enfoque equilibrado que priorice la seguridad energética, el desarrollo socioeconómico y el respeto por los recursos naturales, será clave para resolver desafíos como la desigualdad en el acceso a la energía y los conflictos socioambientales. Un sector energético sólido no solo asegura el bienestar de las generaciones actuales, sino que también sienta las bases para un futuro más próspero y resiliente para Colombia. Por lo tanto, para la Procuraduría General de la Nación, el sector debe seguir esforzándose por tener una institucionalidad fuerte y unas reglas del juego claras, que impulsen y promuevan la inversión y su desarrollo.
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