Los costos asociados a los proyectos de infraestructura de transporte han experimentado un incremento considerable en los últimos años, lo que obliga a reconsiderar la asignación del gasto público hacia opciones que maximicen el impacto positivo por cada dólar invertido. Estudios exhaustivos muestran que la expansión de autopistas tiende a generar costos que superan ampliamente sus beneficios, al tiempo que la inversión en transporte público se traduce en resultados más favorables tanto económicos como sociales. Debido a su magnitud, la inversión en carreteras continúa eclipsando la destinada al transporte colectivo, incluso cuando existe evidencia que cuestiona la eficacia de estos proyectos para aliviar la congestión a largo plazo. Al examinar mecanismos de evaluación económica como el análisis de impacto y las valoraciones beneficio-costo, se descubre la presencia de supuestos y sesgos que sobrevaloran las ventajas del ensanchamiento de autopistas, particularmente en la valoración exagerada del ahorro de tiempo en los desplazamientos y en la omisión de considerar el uso y valor del suelo urbano.

Además, al contrastar los resultados de ambas modalidades, se observa que el transporte público genera beneficios tanto macroeconómicos como directos en la vida de las personas. Por una parte, incrementa la productividad ampliando las oportunidades laborales para sectores antes marginados, y fomenta la aglomeración urbana que facilita el intercambio de conocimiento. Por otra, permite a los hogares reducir significativamente sus gastos en movilidad, al poder prescindir de un vehículo privado y optar por abonos anuales accesibles. A esto se suman efectos positivos sobre el desarrollo inmobiliario en las zonas servidas por corredores de alta frecuencia, estimulando el crecimiento urbano sostenible y eficiente a partir de inversiones que multiplican varias veces su valor en nuevos activos. Estas ventajas contrastan con el deterioro y subutilización de áreas ocupadas por autopistas ampliadas, las cuales también conllevan la adquisición de terrenos a precios de mercado sin aportar a la generación directa de empleo local.

La creación de empleo representa otro aspecto revelador en cuanto al uso eficiente de los recursos. La expansión de autopistas, si bien puede generar un elevado número de empleos indirectos relacionados con la cadena de suministro, ofrece menos puestos de trabajo directos en comparación con el mantenimiento de vías y las operaciones de transporte público, que promueven empleos estables y mejor anclados en las comunidades. Además, la movilidad facilitada por el transporte público amplía el acceso a servicios esenciales, beneficio especialmente notable en áreas rurales y pequeñas ciudades, donde el acceso a vehículos propios suele ser limitado. Por último, se identifican cinco líneas de acción para los gobiernos estatales que optimizarían la eficacia de sus inversiones: transferir fondos federales del sector carretero hacia proyectos de transporte público, agilizar la programación de inversiones en corredores urbanos, dedicar recursos estatales al funcionamiento del transporte público, promover políticas que impulsen el desarrollo orientado al tránsito y fortalecer los sistemas rurales con apoyo financiero y técnico. Este conjunto de medidas apunta a construir redes de movilidad integradas y accesibles que respondan a las necesidades reales de la población, maximizando los beneficios económicos y sociales que la inversión pública en transporte puede aportar.

Para leer más ingrese a:

https://www.aceee.org/white-paper/2026/05/maximizing-state-transportation-investments

https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/maximizing_state_transportation_investments_0.pdf