Los países que no logren sentar las bases inclusivas de sus economías digitales saldrán perdiendo económica y socialmente. A la hora de diseñar grandes políticas digitales, los responsables políticos deben tener en cuenta la interacción humana con las tecnologías que estas políticas desarrollan. Esto añade pasos al proceso de elaboración de políticas que alargarán el plazo desde la voluntad política hasta la adopción de dichas políticas; sin embargo, las intervenciones tempranas para construir la inclusión desde el diseño darán sus frutos en los años siguientes. Este informe ofrece un amplio panorama para informar a los responsables políticos que están a punto de embarcarse en el proceso de redacción de una estrategia o política de inclusión digital. Se parte de un contexto nacional; sin embargo, las lecciones y los detalles que aquí se presentan pueden aplicarse también a nivel internacional, subnacional o municipal. Las tecnologías digitales han cambiado el panorama político en los últimos diez años, con avances sin precedentes que han influido en la forma en que los gobiernos abordan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los gobiernos no solo se han apresurado a hacer que el acceso a Internet sea lo más amplio posible, sino que se ha sido testigos de la rápida digitalización de los programas y servicios públicos. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, actuó como catalizador y aceleró la adopción de tecnologías digitales para hacer frente a retos inmediatos como el trabajo y el aprendizaje a distancia, la educación, la atención sanitaria y la comunicación en situaciones de crisis. Esta transformación subraya la creciente importancia de las tecnologías digitales para crear economías integradoras, impulsar el crecimiento económico y proporcionar bienes públicos. A nivel mundial, las políticas digitales abordan uno de estos tres problemas: acceso, transformación o innovación. Rara vez una sola política gubernamental aborda todos los aspectos de la tecnología digital de forma integral. La mayoría de las políticas se centran en uno de estos tres retos o en un reto específico dentro de una de estas categorías. Sin embargo, todas estas políticas representan una oportunidad para considerar e incluir los principios de la inclusión digital. Las políticas de transformación digital se centran en las aplicaciones de las TIC en diversos aspectos de la vida pública, desde la sanidad electrónica hasta la educación electrónica y la inclusión financiera. Normalmente, implican el uso de las TIC para crear eficiencias, desarrollar la escala para un mayor impacto o generar una mayor adaptabilidad/personalización en la prestación de servicios. El desarrollo de estas políticas suele requerir la participación de varios ministerios, dependiendo del alcance y las aplicaciones que se consideren. 

Las políticas de innovación se centran en el desarrollo y las repercusiones de las nuevas tecnologías emergentes. Estas políticas pueden enfocarse, en primer lugar, en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como en prestar apoyo a la industria local para ello. Además de esta función, las políticas de innovación pueden abordar las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías a medida que proliferan en la sociedad. Estas consecuencias pueden ser positivas (como nuevas aplicaciones de la transformación digital) o negativas (como la proliferación de la ciberdelincuencia o la desinformación). Ejemplos de estas prácticas políticas pueden encontrarse en los informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre blockchain, inteligencia artificial generativa (IA) (BID, 2023b) y el metaverso. El alcance y la prominencia de estas políticas pueden verse afectados por la priorización de estos temas por parte de los funcionarios del gobierno, pero en general, trabajan para cultivar un futuro positivo y anticiparse a los posibles impactos negativos del desarrollo tecnológico. La inclusión digital es un tema presente en los tres tipos de políticas. Las áreas más comunes para los principios de inclusión digital se encuentran dentro de las políticas de acceso, centrándose en las brechas en el uso de las TIC según género, edad, ruralidad, etnia e ingresos. Informes como Hechos y Cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Perspectivas de la Economía Digital de la OCDE miden el progreso comparativo entre los distintos países según estas métricas. Sin embargo, además del acceso, las políticas pueden tener en cuenta los parámetros de inclusión y equidad en la transformación digital y la innovación. Por ejemplo, ¿a qué necesidades responde la innovación y quién se beneficia de la adopción de nuevas tecnologías? Estas preguntas pueden ser consideraciones críticas para la consulta y el co-diseño de políticas digitales inclusivas. La inclusión digital beneficia a un gran número de personas. Como ya se ha mencionado, las disparidades en el acceso y el uso de las TIC están bien documentadas en función del género, la edad, la procedencia, el origen étnico y la ruralidad. Además, otras comunidades pueden verse especialmente afectadas dentro de un país concreto. En América Latina y el Caribe (ALC), las comunidades indígenas tienen un contexto y una relación particulares con las TIC que merece la pena considerar en las estrategias de inclusión digital. Asimismo, los individuos pueden verse afectados de forma única por la intersección de diferentes características. Por ejemplo, es menos probable que una mujer mayor de una zona rural haya tenido acceso a la educación superior en comparación con un hombre más joven de una ciudad. Esto puede ampliarse rápidamente a una consideración de diversas barreras y retos para los responsables políticos, subrayando la importancia de la participación de las partes interesadas y de las consultas, como se verá en la sección final de este informe.  

En el desarrollo tecnológico, la inclusión digital puede ayudar a abordar las disparidades en materia de financiación y apoyo a las nuevas tecnologías. Las disparidades de género y etnia están bien documentadas. El diseño exacto de una intervención política pertinente a este problema debe adaptarse a las circunstancias de cada país; sin embargo, esto ejemplifica un aspecto crítico de cómo los principios de inclusión digital pueden extenderse más allá de las políticas de acceso y también a las de transformación e innovación. Económicamente, la inclusión digital permite efectos de escala para el comercio electrónico. Acabar con las disparidades de acceso representa no solo un avance moral, sino también un crecimiento de la base potencial del mercado. La investigación sobre los «costos de la exclusión» realizada por la Alliance for Affordable Internet (A4AI) estima el beneficio macroeconómico potencial de la paridad de género en el uso de Internet y perfila los beneficios económicos que las mujeres encuentran hoy en el mundo en línea. De hecho, el papel de la mujer en la economía digital es un área de creciente importancia para la política de desarrollo. El género es un ejemplo clave en este ámbito, pero se extiende también a otros campos de la inclusión digital: acabar con las disparidades en el acceso y el uso supone beneficios macroeconómicos tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda del comercio electrónico. La inclusión digital hace que las políticas sean más resilientes, al exigirles que tengan en cuenta una amplia gama de circunstancias diferentes y aumenta el potencial de impacto positivo a través de su implementación. Esto hace que el desarrollo de políticas sea un proceso más complejo; sin embargo, una buena política pública no se diseña sin tener en cuenta el entorno social. Los responsables políticos que deseen adoptar nuevas políticas digitales o renovar las ya existentes pueden reforzarlas en su posterior aplicación integrando los principios de la inclusión digital. La tecnología no crece en el vacío: la política y la regulación afectan a su desarrollo. Al alcanzar un delicado equilibrio entre el fomento de la innovación y la salvaguarda del interés público, los responsables políticos establecen las condiciones en las que la tecnología puede prosperar. Los marcos políticos y normativos pueden influir en una amplia gama de factores, como la competencia leal, la apertura de los datos públicos y la financiación de las nuevas empresas.  

A medida que las TIC siguen redefiniendo la forma de vivir y trabajar, la colaboración entre los sectores público (incluso a través de la representación de diversas comunidades) y privado se hace cada vez más crucial para afrontar los retos y oportunidades que surgen en este mundo interconectado. Los responsables políticos pueden cambiar el rumbo de la historia. El diseño de políticas eficaces para la inclusión digital requiere un enfoque sistemático e integrador. Los responsables políticos no deben limitarse a perseguir la inclusión digital como un objetivo, sino actuar de forma inclusiva para demostrar cómo lograrla. Esto requiere una participación constante de las partes interesadas y un grado de transparencia que les permita dar su opinión y sentirse partícipes del proceso de diseño de políticas. Esta complejidad e iteración pueden ralentizar el proceso de adopción de políticas, pero también aumentan las posibilidades de lograr un impacto a largo plazo. Los responsables políticos pueden sentar las bases de una economía digital escalable e inclusiva. Las políticas digitales están ampliando su tipología y sus resultados de desarrollo. A medida que crecen, también lo hace la necesidad de resultados inclusivos e impacto a largo plazo. La política y la regulación tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia en lo que respecta al desarrollo y la disponibilidad tecnológicos. El entorno político actual ofrece esperanza y demuestra claras oportunidades de crecimiento continuo y desarrollo político para crear sociedades digitales más inclusivas. Los ejemplos positivos de buenas prácticas en ALC demuestran el potencial de una estrategia global de inclusión digital. Este informe destaca ese potencial y pretende capacitar a los responsables políticos para hacer más en el futuro. El enfoque correcto para cada país dependerá del contexto local y de los actores locales. Los responsables políticos pueden aprender de lo que ya se ha hecho y adaptarlo a su propio contexto. 

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