La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en Croacia refleja profundas desigualdades estructurales que afectan el acceso al empleo, la educación y las condiciones de vida. Aunque el país ha impulsado reformas institucionales y programas orientados a fortalecer los derechos de esta población, persisten amplias brechas frente al resto de la sociedad y frente a otros países europeos. La pobreza entre personas con discapacidad continúa aumentando, impulsada principalmente por niveles extremadamente bajos de participación laboral. Mientras el empleo de la población sin discapacidad ha mostrado mejoras sostenidas durante los últimos años, las tasas de ocupación de las personas con discapacidad permanecen estancadas e incluso han retrocedido recientemente. Esta situación produce efectos acumulativos sobre ingresos, autonomía y participación social, generando escenarios donde amplios sectores de la población dependen de transferencias y apoyos estatales sin lograr integrarse plenamente al mercado de trabajo. Además, la exclusión laboral no puede entenderse de forma aislada, debido a que también está vinculada con barreras educativas persistentes, dificultades de acceso a formación continua y procesos de discriminación que limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional desde etapas tempranas de la vida.

A su vez, el sistema de evaluación de discapacidad y capacidad laboral presenta problemas de fragmentación institucional, demoras administrativas y metodologías excesivamente centradas en criterios médicos. Las evaluaciones continúan dependiendo principalmente de diagnósticos clínicos y porcentajes de deterioro físico, dejando en segundo plano el análisis real de las capacidades funcionales, el entorno social y las posibilidades efectivas de participación laboral. Esta lógica genera inconsistencias entre instituciones, procedimientos repetitivos y decisiones poco homogéneas respecto al acceso a beneficios, rehabilitación y apoyos sociales. Además, las largas listas de espera dificultan intervenciones tempranas y reducen las probabilidades de reincorporación laboral, especialmente cuando las personas atraviesan periodos prolongados de inactividad. Las limitaciones del sistema resultan todavía más evidentes frente al aumento de condiciones asociadas a salud mental, cuyos impactos funcionales suelen ser subestimados por mecanismos de evaluación tradicionales. Mientras las solicitudes de valoración continúan creciendo, particularmente tras reformas recientes que ampliaron beneficios sociales, las instituciones encargadas enfrentan escasez de personal especializado y una sobrecarga administrativa cada vez mayor. Debido a ello, muchas personas deben esperar largos periodos para acceder a apoyos económicos, programas de rehabilitación o decisiones sobre su situación laboral.

Asimismo, las dificultades de inclusión también se relacionan con la persistencia de barreras culturales y sociales que condicionan la percepción de la discapacidad dentro del entorno educativo y laboral. Aunque Croacia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e introdujo reformas destinadas a fortalecer la rehabilitación profesional y promover incentivos de contratación, los resultados todavía muestran avances limitados. Las personas con discapacidad continúan registrando bajos niveles de educación secundaria y superior, situación que restringe considerablemente sus oportunidades laborales posteriores. Mientras otros países europeos han reducido progresivamente las diferencias educativas, en Croacia las brechas permanecen amplias y estables a lo largo del tiempo. Esta realidad contribuye al mantenimiento de altos niveles de desempleo y dependencia económica, especialmente entre quienes enfrentan limitaciones funcionales más severas o trayectorias educativas interrumpidas. Además, muchos empleadores todavía mantienen percepciones negativas frente a la contratación de personas con discapacidad, lo que reduce las posibilidades de inserción laboral incluso cuando existen incentivos estatales o esquemas de apoyo institucional. Bajo estas condiciones, la inclusión efectiva requiere transformaciones más profundas que superen la simple asignación de beneficios y promuevan entornos educativos y laborales realmente accesibles.

Frente a este panorama, se vuelve necesario avanzar hacia un enfoque integral basado en prevención, intervención temprana y evaluación funcional centrada en las capacidades reales de las personas. La incorporación de metodologías internacionales orientadas a medir desempeño cotidiano, autonomía y participación social permitiría construir procesos de valoración más objetivos y menos dependientes de criterios exclusivamente médicos. Del mismo modo, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de salud, empleo, protección social y rehabilitación contribuiría a reducir duplicidades administrativas y facilitar trayectorias de apoyo más continuas. También resulta necesario ampliar la capacidad de los programas de rehabilitación profesional y mejorar los mecanismos de transición entre educación, formación y empleo. A medida que aumentan las demandas sociales y laborales relacionadas con inclusión y diversidad, las políticas públicas requieren enfoques más preventivos capaces de identificar tempranamente riesgos de exclusión y promover respuestas adaptadas a distintas condiciones de discapacidad. Bajo esta perspectiva, la construcción de sistemas más inclusivos no depende únicamente de reformas administrativas, sino también de cambios sociales orientados a reducir estigmas, ampliar oportunidades educativas y garantizar condiciones laborales más equitativas para toda la población.

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https://www.oecd.org/en/publications/disability-work-and-inclusion-in-croatia_bb395574-en.html