En el contexto actual de Brasil, la necesidad de un ajuste fiscal se combina con la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ambos aspectos están íntimamente relacionados con la estabilidad económica y ambiental del país. A pesar de que el crecimiento económico ha mostrado señales de recuperación en años recientes, los déficits fiscales han persistido, lo que ha incrementado el nivel de deuda pública en relación con el PIB y ha limitado la capacidad del Estado para responder de manera contra-cíclica a los choques externos. En este sentido, se observa que la estructura del gasto público presenta rigideces importantes, con una gran proporción destinada a salarios y transferencias sociales, principalmente a pensiones, lo que restringe los márgenes para la inversión pública. Por otra parte, el desafío ambiental se refleja en la alta emisión de gases, derivada en gran medida de la deforestación y del uso intensivo del suelo para actividades agrícolas y ganaderas. Este fenómeno, que además contribuye a alterar patrones de lluvia y eleva el riesgo de eventos climáticos extremos, representa una amenaza directa para la economía y para las generaciones futuras, por lo que se requiere la implementación de políticas que incentiven prácticas sostenibles y promuevan la conservación de los ecosistemas.
En respuesta a estos retos, se propone la aplicación de políticas fiscales verdes, que no solo busquen estabilizar las cuentas públicas, sino que también aporten beneficios ambientales de largo plazo. Para ello, resulta pertinente considerar la eliminación de subsidios que fomentan actividades contaminantes y la implementación de impuestos que reflejen el impacto ambiental de determinadas actividades económicas, incluyendo el uso de combustibles fósiles en sectores como el transporte. Asimismo, la introducción de un mercado de emisiones regulado puede contribuir a guiar a las empresas hacia una reducción de sus emisiones, a la vez que genera ingresos para el Estado que pueden destinarse a la transición energética y a proyectos de adaptación climática. De igual forma, se identifica la necesidad de reformar el impuesto a la tierra rural, el cual ha mostrado una baja efectividad tanto en términos de recaudación como de incentivo para el uso eficiente del suelo. Ajustar los parámetros de este impuesto permitiría desincentivar la especulación y el uso extensivo de tierras, fomentando prácticas de conservación y reduciendo las emisiones asociadas al cambio de uso del suelo. Además, se sugiere reforzar las transferencias fiscales intergubernamentales con criterios ambientales, lo que permitiría alinear los intereses de los distintos niveles de gobierno en materia de protección de recursos naturales, especialmente en zonas sensibles como la Amazonía.
En el ámbito tributario, la ampliación de la base impositiva y la revisión de los gastos tributarios que carecen de alineación con los objetivos ambientales pueden contribuir a fortalecer la sostenibilidad fiscal sin incrementar de forma desproporcionada la carga tributaria sobre el consumo, que impacta de manera regresiva a la población de menores ingresos. Asimismo, vincular parte de las transferencias fiscales a resultados ambientales permitiría garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente y con impactos positivos en la protección de los ecosistemas. Se reconoce que el proceso de transición hacia una economía baja en carbono requiere inversiones significativas en infraestructura resiliente y en tecnologías limpias, por lo que se plantea la necesidad de movilizar recursos privados mediante incentivos adecuados, así como de priorizar el gasto público en áreas que promuevan el desarrollo sostenible y la mitigación de los riesgos climáticos. Con ello, se abren posibilidades para construir un modelo de desarrollo que combine estabilidad fiscal, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, generando beneficios tanto para la población actual como para las generaciones futuras.
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