El estudio corresponde a un documento de posición institucional elaborado por E.DSO (European Distribution System Operators for Smart Grids), la asociación que agrupa a los operadores de distribución eléctrica de Europa, publicado en Bruselas el 24 de julio de 2026. Su punto de partida es la propuesta de Reglamento que crea el Fondo Europeo para la cohesión económica, social y territorial, la agricultura, la pesca y la seguridad para el periodo presupuestal 2028-2034, un instrumento que introduce los denominados Planes de Asociación Nacionales y Regionales (National & Regional Partnership Plans, NRPP) como mecanismo central para vincular el financiamiento comunitario con las prioridades de inversión de cada Estado miembro. A partir de este marco normativo en discusión, la organización examina un vacío estructural: los planes de inversión financiados con fondos europeos rara vez incorporan de manera explícita el estado y la capacidad de las redes eléctricas como condición habilitante para que dichas inversiones puedan ejecutarse con éxito. La metodología del documento combina análisis regulatorio, revisión de literatura técnica y evidencia cuantitativa proveniente de fuentes oficiales.
E.DSO recurre a los datos abiertos de la Plataforma de Cohesión de la Comisión Europea para dimensionar el problema, al reporte del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la preparación de la red eléctrica para el objetivo de cero emisiones netas, y a las cifras del informe Draghi sobre competitividad europea, que estima que por cada euro invertido en generación limpia se requieren cerca de noventa céntimos adicionales en infraestructura de red. Con este soporte, el estudio construye un argumento técnico y económico sobre la necesidad de anticipar las restricciones de capacidad, congestión, retrasos de conexión y curtailment en la fase de diseño de los planes, en lugar de abordarlas una vez iniciada la ejecución de los proyectos.
Entre los hallazgos principales, el documento identifica que apenas alrededor del 4% de los fondos de cohesión destinados a energía en el periodo 2021-2027 se canalizó hacia categorías vinculadas a redes eléctricas, una proporción que la organización considera desproporcionadamente baja frente al papel que estas infraestructuras cumplen en la electrificación de la industria, el transporte, la edificación y la integración de renovables. El texto subraya, además, que la participación de las energías renovables conectadas a nivel de distribución seguirá creciendo, con proyecciones que la sitúan en 70% para 2030 y 80% para 2043, lo que convierte a las redes de distribución en una plataforma activa y determinante de la transición energética, y ya no en infraestructura meramente pasiva.
Sobre esta base, E.DSO plantea cuatro mensajes centrales: los NRPP deben identificar tempranamente las necesidades de infraestructura para evitar cuellos de botella en la ejecución del financiamiento; la inversión en red es una condición previa para alcanzar los objetivos de electrificación, despliegue renovable y transformación industrial que persiguen los propios planes; el balance actual de financiamiento europeo no refleja la magnitud real del reto de expansión y modernización de redes; y los beneficios de invertir en infraestructura eléctrica trascienden las fronteras del Estado miembro que realiza la inversión, al mejorar la integración de mercados, la seguridad de suministro y la asequibilidad energética en todo el bloque. Con este marco conceptual, el documento presenta enmiendas textuales concretas al considerando 30 y a los artículos 22 y 23 del reglamento, orientadas a que los Estados miembros evalúen la congestión y las restricciones de capacidad al diseñar sus planes, y a que la Comisión Europea consulte formalmente a los operadores de distribución y transmisión durante el proceso de evaluación. Para el sector eléctrico colombiano y para una alianza enfocada en la incorporación de redes inteligentes, el valor de este estudio radica en su enfoque de gobernanza del financiamiento: ofrece un modelo de argumentación replicable para vincular los instrumentos de inversión pública o de cooperación internacional con la planificación anticipada de la red, en lugar de tratarlos como procesos independientes. Ilustra también cómo cuantificar, con datos verificables, la brecha entre las metas de electrificación y descarbonización y la infraestructura disponible para sostenerlas, un ejercicio de diagnóstico útil para reguladores, operadores de red y entidades de planeación energética que buscan sustentar decisiones de inversión, digitalización y resiliencia con evidencia comparable al contexto europeo.
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