El reto de la transición energética global ya no es tecnológico sino de velocidad y ejecución. Las tecnologías limpias escalan porque cada vez tienen más sentido económico frente a las alternativas fósiles: la demanda eléctrica creció 3% en 2025, impulsada mayoritariamente por fuentes limpias, mientras la oferta energética total lo hizo apenas 1%. Los vehículos eléctricos de pasajeros representarán más del 25% de las ventas de autos nuevos en 2026, con mercados emergentes superando a algunas economías desarrolladas; las instalaciones solares anuales han vuelto a superar los pronósticos previos con costos de módulos cayendo 20% cada año desde 2010; y los precios de baterías siguen bajando mientras su densidad energética mejora, habilitando aplicaciones como el transporte de carga eléctrico en mercados como China. La capacidad renovable global casi se ha duplicado desde 2022, aproximándose a 10 TW hacia 2030, aunque esa cifra queda 900 GW por debajo de la meta de triplicar la capacidad acordada en la COP28.

A pesar de este ritmo, las trayectorias actuales apuntan hacia un calentamiento de entre 2,5°C y 3°C para 2100, muy lejos de los objetivos del Acuerdo de París. El mundo ya experimenta cerca de 1,5°C de calentamiento y la Organización Meteorológica Mundial anticipa una alta probabilidad de superar ese umbral entre 2026 y 2030. Los costos de los daños climáticos alcanzan ya 1,4 billones de dólares anuales, equivalentes al 1% del PIB global, y el riesgo hídrico emerge como una de las amenazas de corto plazo más agudas, con presión creciente sobre la agricultura, la generación hidroeléctrica y nuclear, y la resiliencia urbana en múltiples regiones. La electrificación limpia podría abatir cerca del 60% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero a bajo costo, pero persisten obstáculos concretos: el carbón sin abatir no se está retirando al ritmo necesario, la electrificación del calor en edificios e industrias de baja y media temperatura avanza lentamente, y de aproximadamente 1.000 proyectos anunciados de industria limpia, menos del 20% ha alcanzado decisión final de inversión.

El panorama regional confirma liderazgos y rezagos diferenciados. China instala tanta energía renovable como el resto del mundo combinado y concentra 60% de los nuevos proyectos de industria limpia a nivel global, aunque enfrenta un problema creciente de vertimiento renovable, que alcanzó entre 8,5% y 9,2% a inicios de 2026 por el desfase entre la expansión de generación y la capacidad de sus redes de transmisión. India representa la mayor oportunidad de largo plazo para reducir la curva de emisiones global, con costos de energía solar más almacenamiento ya 50% más baratos que el carbón, aunque su despliegue avanza a solo una décima parte del ritmo chino, limitado por la debilidad financiera de sus distribuidoras estatales. Europa cuenta con el marco de política más sólido del mundo, con un precio al carbono de entre 70 y 80 euros por tonelada, pero enfrenta colas de conexión de 375 GW en renovables y 455 GW en almacenamiento que están frenando su despliegue. Estados Unidos continúa descarbonizando pese a los retrocesos de política federal, aunque el retiro de incentivos fiscales y las colas de interconexión de 2.300 GW amenazan con ampliar la brecha manufacturera frente a China.

El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita un tercio del comercio mundial de petróleo y una quinta parte del de gas natural licuado, ofrece una lección geopolítica de fondo: a diferencia de crisis petroleras anteriores como la de 1973, hoy existen alternativas limpias competitivas en costo que pueden desplegarse en meses en lugar de décadas. Países como Vietnam, Indonesia y Pakistán han acelerado su transición energética como respuesta directa a la crisis, evidenciando que la seguridad energética y la energía limpia se perciben cada vez más como el mismo argumento. Aun así, la creciente dependencia de la manufactura china de tecnologías limpias plantea preguntas legítimas sobre resiliencia y concentración de cadenas de suministro, que el informe aborda mediante seis principios orientadores para formuladores de política: diversificar cadenas de suministro sin buscar autarquía completa, diferenciar las dimensiones de seguridad energética, calibrar la política por sector, aplicar aranceles con base en evidencia y compatibles con la OMC, priorizar la localización del empleo y el valor agregado por encima de la propiedad de los activos, y trabajar con China para canalizar financiamiento climático hacia países de bajos ingresos. Para empresas de energía, reguladores y formuladores de política del sector eléctrico colombiano, este panorama ofrece referencias concretas sobre cómo secuenciar inversión en red y generación, gestionar la integración de renovables variables y anticipar los riesgos de dependencia tecnológica en un contexto de transición acelerada.

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