La participación y el empoderamiento de los ciudadanos son elementos esenciales en la transición hacia una economía net-zero, que requiere cambios profundos en las conductas, percepciones y actitudes sociales. La incorporación de la ciencia del comportamiento en el diseño de políticas públicas permite crear mecanismos más inclusivos, efectivos y alineados con las dinámicas sociales. En este sentido, comprender cómo los individuos piensan, sienten y actúan posibilita potenciar la aceptación de las reformas climáticas, mejorar el cumplimiento de las normativas y fortalecer el apoyo público hacia las estrategias ambientales. Las autoridades están adoptando diversas estrategias para involucrar a la comunidad de manera activa. La realización de presupuestos participativos en los ámbitos locales, por ejemplo, permite a los ciudadanos decidir sobre el destino de recursos específicos en acciones de mitigación y adaptación, lo cual fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad que puede traducirse en cambios sostenibles. Además, las asambleas climáticas en diferentes niveles (nacionales y locales) favorecen la deliberación y el intercambio de ideas, enriqueciendo así las políticas con perspectivas diversas y reforzando la sensibilización respecto a los desafíos ambientales.

El empleo de la ciencia del comportamiento también se extiende a la optimización del contacto entre gobierno y ciudadanía. El análisis de actitudes, valores y percepciones ayuda a diseñar mensajes que resuenen con diferentes públicos, facilitando la difusión de normativas y la promoción de comportamientos responsables. Para lograrlo, se desarrollan intervenciones que reducen las barreras cognitivas e informativas, simplificando los procesos de participación mediante formatos adaptados a las necesidades específicas de los distintos grupos sociales. Por ejemplo, dividir sesiones de consulta en segmentos más cortos o incluir presentaciones de expertos y verificaciones en tiempo real durante las reuniones se traduce en experiencias más positivas y productivas para los participantes. Asimismo, la ciencia del comportamiento ayuda a entender qué motiva a las personas a involucrarse. El reconocimiento del papel de las normas sociales y la interacción con líderes comunitarios, así como la utilización de embajadores ciudadanos, fomentan acciones colectivas con impacto positivo en las políticas de cambio climático. Edificar confianza requiere, además, evaluar cómo los ciudadanos perciben la relación con el Estado y qué obstáculos enfrentan para participar. Una práctica útil en este contexto es la realización de auditorías conocidas como “sludge audits”, diseñadas para identificar obstáculos psicológicos y administrativos que impiden acciones proambientales. Con tales análisis, las instituciones pueden implementar ajustes que atenúen las fricciones y hagan más accesibles los procesos participativos.

La formación y la educación también resultan en elementos indispensable cuando se busca ampliar la comprensión social del problema climático y las posibles soluciones. Programas escolares y acciones educativas tempranas fomentan conocimientos y habilidades que potencian la participación activa. Sin embargo, la experiencia indica que el simple conocimiento del problema no es suficiente; las personas necesitan desarrollar capacidades para transformar esa percepción en acciones concretas y continuadas. Por ello, se recomienda no solo enseñar sobre el cambio climático, sino también brindar herramientas y oportunidades para que los individuos puedan intervenir en la formulación y ejecución de políticas. El análisis de datos y la evaluación constante de las políticas permiten, además, ajustar las intervenciones en función de los resultados observados. La recopilación de información mediante encuestas longitudinales y otras metodologías sistemáticas posibilita detectar avances, obstáculos y nuevas demandas sociales. Estos datos sirven para guiar decisiones y fortalecer la confianza en las acciones gubernamentales, generando un ciclo sostenido de aprendizaje y adaptación. Las iniciativas que integran estas prácticas evidencian un enfoque que combina ciencia, participación y comunicación en la búsqueda de mayor impacto social en la lucha contra el cambio climático.

Resulta evidente que las estrategias de participación ciudadana deben ser coherentes y complementarias, en tanto que cada mecanismo, desde presupuestos participativos hasta mesas de diálogo, tiene sus propias ventajas y limitaciones. La integración de distintas formas de participación en todas las etapas del ciclo de políticas públicas favorece mayor legitimidad y sensibilización social, elementos que contribuyen a sostener y ampliar los esfuerzos en materia de transición ecológica. La cooperación internacional y las alianzas globales también complementan estos esfuerzos, dado que los desafíos ambientales trascienden las capacidades nacionales y requieren respuestas coordinadas y efectivas.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd.org/en/publications/engaging-and-empowering-citizens-for-the-net-zero-transition_8d869640-en.html

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/04/engaging-and-empowering-citizens-for-the-net-zero-transition_6bd3d8e7/8d869640-en.pdf