Cuando el Reino Unido abandonó la UE, se generó la preocupación de que la legislación medioambiental pudiera perderse o debilitarse, poniendo en riesgo una labor fundamental para la restauración de la naturaleza, la mejora de la calidad del agua y la protección del medio ambiente y la salud humana frente a sustancias químicas nocivas. El desarrollo de un marco de gobernanza coherente y sólido en todo el Reino Unido no ha sido un proceso sencillo, evolucionando a diferentes velocidades y con enfoques diversos, mientras enfrentaba dificultades políticas y el impacto de una pandemia global. Cinco años después, Gales aún carece de un sistema efectivo de sustitución para supervisar y hacer cumplir las infracciones de la legislación medioambiental. En la actualidad, la proximidad de los sistemas de gobernanza nacionales a las leyes de protección ambiental ha incrementado la responsabilidad y el interés en el proceso legislativo. Parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil han adquirido un papel más activo en la evaluación de cambios normativos y en la promoción de mejoras. Los nuevos órganos de gobernanza del Reino Unido han demostrado independencia y han generado impacto al exigir responsabilidades a los gobiernos.
Estos sistemas de gobernanza han sido utilizados y valorados, mostrando signos alentadores de que están impulsando reevaluaciones y promoviendo la acción ciudadana. En un contexto político cambiante, los mecanismos de control y equilibrio que ofrecen estos sistemas resultan esenciales. El futuro de la legislación medioambiental depende del uso efectivo de estos sistemas, requiriendo determinación y prudencia en su aplicación. Este informe es el primero de una serie de evaluaciones de la Unidad de Legislación y Gobernanza de Alianza Verde sobre la situación de la legislación medioambiental británica tras cinco años del Brexit. Se centra en los sistemas nacionales de gobernanza ambiental implementados en el Reino Unido durante este periodo, con el fin de garantizar que los gobiernos y autoridades rindan cuentas sobre el cumplimiento de las leyes y compromisos ambientales. Se examina su evolución y primeros años de funcionamiento, formulando recomendaciones para su fortalecimiento.
El análisis inicial aborda los componentes de la Ley de Medio Ambiente de 2021 del Gobierno británico, evaluando los cambios desde su promulgación y su impacto en la protección del medio ambiente. Posteriormente, se revisan los avances en Irlanda del Norte, Escocia y Gales, comparando sus enfoques con las medidas implementadas en Inglaterra. En 2017, la coalición Greener UK advirtió sobre la brecha de gobernanza medioambiental que surgiría tras la salida del Reino Unido de la UE, al quedar fuera del alcance de la supervisión de la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE. Inicialmente, el Gobierno sostuvo que los organismos existentes, el Parlamento y la revisión judicial serían suficientes para garantizar la responsabilidad en materia medioambiental. Sin embargo, posteriormente se reconoció la necesidad de crear un organismo independiente que diera voz al medio ambiente y exigiera responsabilidades a los actores gubernamentales.
Durante los debates parlamentarios sobre el Proyecto de Ley de la UE (Retirada) de 2018, se alcanzó un consenso interpartidista en torno a la creación de un nuevo organismo independiente para supervisar el cumplimiento de las normas medioambientales y la aplicación de principios ecológicos. Sin embargo, la preocupación por la posible erosión de salvaguardias medioambientales fue un tema recurrente en la tramitación del proyecto de ley. El retraso en la publicación de la consulta prometida por el entonces secretario de Medio Ambiente, Michael Gove, llevó a los parlamentarios a modificar el proyecto de ley y exigir propuestas legislativas concretas sobre gobernanza medioambiental. Como resultado, en 2018 el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que fue sometido a escrutinio prelegislativo, lo que permitió mejorar su contenido, otorgando al nuevo organismo facultades para iniciar investigaciones y garantizando su financiamiento estable.
El proyecto de ley de medio ambiente se publicó el 15 de octubre de 2019 y fue descrito por el entonces primer ministro, Boris Johnson, como un pilar clave para un futuro más limpio y verde. Sin embargo, su tramitación sufrió retrasos debido a las elecciones generales y la pandemia de COVID-19. Tras un prolongado proceso parlamentario, la ley recibió el Asentimiento Real el 9 de noviembre de 2021, tras 1.056 días desde su publicación y 648 días desde su primera presentación en el Parlamento. Esta legislación, compuesta por 149 secciones y 21 anexos, establece un marco amplio de gobernanza medioambiental.
En este contexto, se evalúa el progreso en las cuatro piedras angulares del nuevo sistema de gobernanza: los objetivos medioambientales, el Plan de Mejora Medioambiental (EIP), la Oficina de Protección Medioambiental (OEP) y los principios medioambientales. La ley otorga al Gobierno la capacidad de fijar objetivos a largo plazo para mejorar el medio ambiente natural. Estos objetivos, que deben incluir niveles específicos a alcanzar y fechas límite, generaron un alto interés público, con más de 200.000 personas apoyando la meta de abundancia de especies para 2030. En 2022, el Gobierno publicó un documento sobre su enfoque para fijar estos objetivos, seguido de una consulta pública con más de 180.000 respuestas, a pesar de retrasos en la publicación de documentos justificativos.
El Plan de Medio Ambiente a 25 años fue convertido en el primer Plan de Mejora Medioambiental (EIP), diseñado para establecer un ciclo de monitoreo, planificación e información sobre el medio ambiente. Sin embargo, la falta de consulta con partes interesadas externas antes de su publicación en 2023 debilitó su credibilidad. En enero de 2025, la OEP informó que los avances seguían rezagados y se habían ralentizado en 2023-2024, advirtiendo que la oportunidad de revertir el deterioro ambiental se estaba cerrando rápidamente y que se requería una acción urgente y decidida. El Gobierno debe garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los principios medioambientales, asegurando que todas las políticas, incluidas aquellas desarrolladas en procedimientos urgentes, respeten plenamente estos principios.
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