La carrera hacia las energías renovables en Asia, incluida la extracción de minerales críticos y el impulso de soluciones cuestionadas como la valorización energética de residuos o las grandes represas, viene acompañada de un incremento documentado en los riesgos de represalia contra comunidades y defensores de derechos humanos, con afectación particular a pueblos indígenas y mujeres. Proyectos energéticos mal planificados, frecuentemente impuestos sin consentimiento libre, previo e informado ni consultas significativas, terminan perjudicando a las poblaciones que se supone deben beneficiar. Quienes alzan la voz frente a estos proyectos enfrentan intimidación, criminalización y otras formas de represalia.

El análisis se construye sobre doce proyectos financiados por bancos como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros, seleccionados por estar activamente monitoreados por organizaciones comunitarias aliadas. Cada caso documenta el financista, el monto involucrado, el tipo de proyecto, las preocupaciones planteadas por las comunidades y la naturaleza de las represalias sufridas. Entre los patrones más comunes destacan la exclusión y discriminación de líderes comunitarios en los procesos de consulta, la intimidación mediante vigilancia y amenazas telefónicas, las campañas de difamación que etiquetan a los defensores como antidesarrollo o terroristas, los ataques físicos durante desalojos forzados, y la criminalización mediante cargos fabricados o demandas estratégicas contra la participación pública. En el caso más grave documentado, nueve líderes indígenas tumandok en Filipinas fueron ejecutados extrajudicialmente en diciembre de 2020 tras oponerse a la represa multipropósito del río Jalaur.

Los hallazgos muestran que las fuerzas de seguridad estatales son el actor perpetrador más frecuente, desplegadas rutinariamente en los sitios de proyecto bajo el argumento de proteger la infraestructura, pero cuya presencia termina generando más temor que seguridad entre las comunidades. Funcionarios locales, personal de proyecto y empresas de seguridad privada contratadas por los clientes de los bancos también aparecen implicados de forma recurrente. El informe subraya que los mecanismos de queja a nivel de proyecto rara vez ofrecen una vía segura, dado que exponen a los denunciantes a mayor riesgo de identificación local, y que los mecanismos independientes de rendición de cuentas de los bancos logran soluciones efectivas en apenas 9,7% de los casos presentados. El desplazamiento resulta el impacto más citado: solo entre los doce casos analizados, se estima la afectación directa de más de 128.000 personas, incluidas 60.000 en el proyecto de la represa Rogun en Tayikistán, catalogado como la represa más alta del mundo una vez terminado.

Frente a este panorama, se plantean recomendaciones organizadas en cuatro ejes: en el diseño y aprobación de proyectos, los bancos deben priorizar modelos descentralizados con propiedad comunitaria y dejar de financiar soluciones que reproducen dinámicas extractivas; en la implementación, deben habilitar canales seguros de denuncia y suspender desembolsos ante riesgos identificados; en materia de reparación, deben garantizar remedio efectivo proporcional al daño sufrido; y en la prevención de repetición, deben ampliar sus marcos de sanciones para cubrir violaciones graves de derechos humanos y no solo fraude o corrupción. El planteamiento central sostiene que una transición rápida sin participación comunitaria genuina termina siendo más lenta, pues genera protestas, litigios y revocaciones de permisos que encarecen y retrasan los propios proyectos que se buscan acelerar. Para actores del sector energético y financiero interesados en modelos de inversión responsable en infraestructura de transición, este informe ofrece evidencia sistematizada sobre los riesgos sociales que puede generar un enfoque de despliegue acelerado sin salvaguardas adecuadas, y plantea criterios concretos de diligencia debida aplicables al diseño de proyectos de energías renovables en contextos con comunidades vulnerables. 

Para leer más ingrese a:

https://accountability.worldbank.org/en/news/2026/reporting-accountability-august-2026

https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/securepdfs/Brief_-JET-and-defenders-in-Asia_final.pdf