El objetivo de este informe es hacer una propuesta para la implementación de una transición energética justa en el Perú, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La propuesta es el resultado de un análisis de: (i) el marco legal y regulatorio, así como las instituciones responsables y los programas que buscan lograr el cumplimiento de los compromisos del Perú en materia de reducción de gases efecto invernadero (GEI) y cobertura universal; (ii) los estudios realizados en la materia por parte de organismos multilaterales, y (iii) las iniciativas de transición propuestas por el sector privado. Para dar cumplimiento a las metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 40% para 2030, se propone que el Gobierno de Perú, a través del MINEM y en coordinación con otras entidades nacionales relevantes, impulse una propuesta formal de política pública de transición energética justa denominada Agenda de Transición Energética para el Perú. Dicha agenda buscaría que el Gobierno lidere el esfuerzo conjunto para iniciar y acelerar este proceso estableciendo las principios o políticas energéticas básicas en los que se fundamentaría, las estrategias que permitirían habilitarla, así como las acciones legales y regulatorias, que junto con los planes o programas que deriven de estas, permitirían alcanzar sus objetivos. Específicamente se propone desarrollar una agenda basada en los principios de accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. En cuanto a las estrategias específicas se sugieren las siguientes: (i) Cobertura energética universal sostenible; (ii) Eficiencia energética y gestión eficiente de la demanda; (iii) Electrificación del consumo energético; (iv) Sustitución de combustibles fósiles; (v) Aprovechamiento de energías renovables en el sector eléctrico, incluyendo la generación distribuida; (vi) Transporte sustentable; (vii) Impulso a nuevas tecnologías de gran alcance (baterías, hidrógeno y otros), y (viii) Integración energética regional. Finalmente, para articular los principios y las estrategia, se requeriría como vehículo de una Ley de Transición Energética y otros ajustes al marco legal y regulatorio existente.

El plan de transición debe basarse en una serie de pilares o principios que ayuden en todo momento a no perder de vista la razón de ser de las acciones que se implementan. Se sugiere que dichos pilares coincidan con los tres criterios que deben usarse para evaluar la idoneidad de cualquier política energética: accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad2. Además, el plan debe contener una lista de estrategias habilitadoras con metas y plazos concretos para poder medir el avance en la implementación de las mismas y el plan en su conjunto. Finalmente, para implementar el plan se requiere una hoja de ruta con tres etapas básicas: (i) presentación de la propuesta; (ii) validación e (iii) implementación. De estas etapas la más importante es la segunda, cuyo objetivo es validar el plan ante los distintos participantes del sector (stakeholders), legisladores, medios de comunicación y sociedad en general. Partiendo del hecho de que la propuesta toma en cuenta muchas de las sugerencias que ha hecho el sector privado y que la diferencia radica básicamente en la forma en la que se estructura, es de esperar que este proceso no represente un obstáculo. Posteriormente al proceso de validación, y con base en los resultados de las mesas de trabajo, se empezaría a elaborar un proyecto de Ley de Transición Energética y se comenzarían a procesar los otros cambios legales y regulatorios que se han venido coordinando por la Comisión para la Reforma del Sector Eléctrico. Dado que ello sería resultado de un proceso inclusivo y participativo, los riesgos para la aprobación e implementación de la Agenda de Transición Energética se reducirían de manera considerable de tal manera que podría aprobarse y ponerse en marcha a la brevedad posible.

El informe aborda la necesidad de transformar el sector energético en el Perú hacia fuentes más sostenibles y bajas en carbono para abordar los desafíos del cambio climático y mejorar la seguridad energética. Propone una agenda integral de transición energética que incluye aspectos como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la modernización de la infraestructura energética y la diversificación de la matriz energética. El informe analiza el contexto energético actual del Perú y proporciona recomendaciones específicas sobre políticas y medidas que podrían adoptarse para acelerar la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. También aborda temas como la promoción de energías renovables, la movilidad sostenible y la adaptación a los cambios en la demanda y la tecnología. En resumen, el informe ofrece una guía detallada para la transición energética en el país. Proporciona recomendaciones específicas para abordar los desafíos energéticos y climáticos y promover el uso sostenible de los recursos energéticos en el Perú.

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