La transición energética es uno de los temas más relevantes en la agenda mundial, y su importancia radica en su capacidad para transformar los sistemas energéticos hacia modelos más sostenibles, con menos emisiones de gases de efecto invernadero y un uso más eficiente de los recursos naturales. En el contexto de un país como Ecuador, con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, este desafío se vuelve aún más apremiante. Durante décadas, la economía ecuatoriana ha estado estrechamente vinculada a la producción y exportación de petróleo, lo que ha proporcionado ingresos cruciales, pero también ha expuesto al país a fluctuaciones en los precios internacionales y a impactos ambientales significativos, especialmente en la región amazónica. En este escenario, el país se enfrenta a la necesidad de redirigir su matriz energética hacia fuentes más limpias, como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, que ya empiezan a desempeñar un papel más destacado, aunque aún limitado. El análisis de las fuerzas que impulsan la transición energética en Ecuador revela que el desarrollo económico y el crecimiento de la población son factores clave que determinan la demanda de energía en el futuro. Se proyecta que para 2050, la población ecuatoriana alcanzará los 22,27 millones de habitantes, lo que generará una presión significativa sobre la infraestructura energética actual. Para satisfacer esta creciente demanda, será necesario no solo incrementar la capacidad instalada, sino también mejorar la eficiencia del uso de la energía en sectores como el transporte, la industria y el sector residencial. El transporte, en particular, representa uno de los mayores retos, ya que actualmente está dominado por el uso de combustibles fósiles, y la electrificación del transporte masivo y de carga avanza lentamente. A pesar de iniciativas como el tranvía en Cuenca y el metro en Quito, la mayor parte del transporte en el país sigue siendo terrestre y altamente contaminante, lo que significa que este sector tiene un enorme potencial para contribuir a la reducción de emisiones si se implementan las políticas adecuadas.
La electrificación es vista como una de las medidas más prometedoras para avanzar hacia un sistema energético más limpio. En el sector residencial, la electrificación de usos como la cocción y el calentamiento de agua ya está en marcha, aunque aún hay margen para expandirla. En la industria, la adopción de electricidad como fuente de energía también podría incrementarse, especialmente en sectores como el alimenticio y otras industrias que actualmente dependen de combustibles fósiles para su operación. No obstante, uno de los obstáculos más grandes en esta transición es la necesidad de una infraestructura de transmisión y distribución más robusta, capaz de soportar el crecimiento de la demanda eléctrica sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Este desafío es particularmente relevante en un país donde las inversiones en infraestructura energética han sido limitadas en la última década, lo que ha contribuido a crisis energéticas como la experimentada en 2023, cuando los racionamientos afectaron a gran parte de la población debido a una combinación de sequías y fallas gerenciales en el manejo de los recursos. El sector eléctrico en Ecuador ha experimentado avances importantes, especialmente en términos de capacidad hidroeléctrica, que en años con condiciones favorables ha llegado a representar el 90% de la generación total. Sin embargo, las fuentes no convencionales de energía renovable, como la solar y la eólica, aún tienen una participación marginal en la matriz energética del país. A medida que el mundo se mueve hacia la descarbonización, la capacidad de Ecuador para integrar estas fuentes de energía será crucial para alcanzar los objetivos climáticos a largo plazo. Se espera que la tecnología evolucione de tal manera que los costos de las energías renovables sigan disminuyendo, lo que facilitará su adopción masiva. No obstante, para que esto ocurra, será necesario contar con un marco regulatorio que promueva la inversión en tecnologías limpias, así como con políticas que desincentiven el uso de combustibles fósiles mediante la eliminación gradual de subsidios a los mismos.
Uno de los aspectos más interesantes de la transición energética en Ecuador es el papel que podría desempeñar la biomasa en el futuro. En los escenarios de descarbonización más ambiciosos, la biomasa energética emerge como una solución clave, tanto para la generación eléctrica como para la producción de biocombustibles avanzados. Esta tecnología permitiría reemplazar el diésel fósil utilizado en el transporte de carga pesada, que representa uno de los segmentos más difíciles de descarbonizar debido a la geografía del país y las largas distancias que se recorren en las rutas comerciales. Además, la biomasa podría ser utilizada en plantas termoeléctricas con captura y secuestro de carbono, una tecnología que se considera esencial para alcanzar la neutralidad de carbono en el largo plazo. Sin embargo, el éxito de la biomasa como fuente energética dependerá de la capacidad del país para gestionar de manera sostenible sus recursos forestales, evitando que la expansión de plantaciones energéticas tenga un impacto negativo en la seguridad alimentaria o en la conservación de los bosques primarios. A nivel de políticas públicas, la transición energética en Ecuador requerirá un enfoque integral que considere no solo los aspectos ambientales, sino también los sociales y económicos. La implementación de programas de electrificación en el sector residencial, por ejemplo, deberá ir acompañada de campañas de concientización que fomenten el uso de tecnologías más eficientes en los hogares, como cocinas eléctricas y calentadores de agua. Asimismo, será necesario regular la importación y producción de electrodomésticos de baja eficiencia, penalizando su uso e incentivando la adopción de tecnologías más avanzadas que consuman menos energía. De manera similar, el sector industrial necesitará incentivos para modernizar sus procesos y reducir su intensidad energética, lo que podría lograrse mediante la implementación de programas de eficiencia energética y la promoción de la cogeneración en industrias como la azucarera y la de palma africana. Otro elemento central en la transición será la electrificación del transporte, que hasta ahora ha mostrado avances limitados. Si bien el precio de los vehículos eléctricos sigue descendiendo, lo que los hace más competitivos en el mediano plazo, la falta de una infraestructura adecuada de carga sigue siendo un obstáculo importante. Para resolver este problema, será necesario que el Estado invierta en la creación de una red de electrolineras que cubra las principales rutas comerciales y urbanas, permitiendo así que los vehículos eléctricos se conviertan en una opción viable para los consumidores. Además, será fundamental desarrollar políticas que fomenten el uso del transporte público y la micro movilidad, mejorando la planificación urbana para reducir la necesidad de desplazamientos largos y promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles.
En el ámbito de las inversiones, la transición energética en Ecuador requerirá un esfuerzo financiero significativo. Se estima que la inversión total necesaria para alcanzar un escenario de descarbonización profunda superaría los 281 billones de dólares, con el sector eléctrico y el transporte siendo los que demandarían la mayor parte de estos recursos. Sin embargo, los beneficios a largo plazo en términos de reducción de emisiones, modernización de la infraestructura y mejora de la competitividad económica justificarían estos costos. Además, a pesar de que la transición implica una inversión inicial considerable, los costos operativos y de mantenimiento a largo plazo serían menores en comparación con un escenario tendencial, especialmente en sectores como el de los hidrocarburos, donde se espera una reducción significativa de la actividad debido a la disminución de la producción de petróleo en el país. La transición energética también tendrá importantes implicaciones para el empleo y la economía local. Si bien algunos sectores, como el de los combustibles fósiles, verán una reducción en su actividad, otros, como el de las energías renovables y la fabricación de tecnologías limpias, podrían experimentar un crecimiento considerable. Esto subraya la importancia de planificar una transición ordenada que no solo se enfoque en la reducción de emisiones, sino que también tenga en cuenta el impacto social y laboral de los cambios que se avecinan. La capacitación y la reconversión laboral serán fundamentales para asegurar que los trabajadores de los sectores en declive puedan encontrar nuevas oportunidades en las industrias emergentes, como la fabricación de baterías, la instalación de sistemas solares y el mantenimiento de infraestructuras de energías renovables. Finalmente, uno de los factores más determinantes para el éxito de la transición energética en Ecuador será la cooperación internacional. Dado que el país cuenta con recursos financieros limitados, será crucial atraer inversiones extranjeras y acceder a mecanismos de financiación climática para poder costear los proyectos necesarios. Además, la cooperación con otros países de la región será clave para fortalecer las interconexiones eléctricas y garantizar un suministro energético más estable y resiliente. En resumen, la transición energética en Ecuador representa un desafío monumental, pero también una oportunidad única para modernizar la economía, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la calidad de vida de la población mediante el acceso a energía más limpia y asequible.
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