El cambio climático se ha convertido en una presión creciente para las economías contemporáneas, puesto que altera ecosistemas, incrementa eventos climáticos extremos y genera impactos económicos y sociales de largo alcance. En respuesta a esta situación, diversos países han asumido compromisos internacionales orientados a limitar el aumento de la temperatura global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este escenario, Perú ha adoptado metas de mitigación alineadas con el Acuerdo de París, estableciendo objetivos de reducción de emisiones para la década actual y proyectando una trayectoria hacia la carbono-neutralidad a mediados del siglo. De esta manera, el país busca transformar progresivamente su estructura productiva mientras fortalece su marco institucional y normativo en materia climática.

En relación con lo anterior, comprender el perfil de emisiones resulta indispensable para identificar los sectores con mayor incidencia en la generación de gases de efecto invernadero. Las cifras disponibles muestran que la mayor proporción proviene del uso de la tierra, el cambio de uso del suelo y la silvicultura, situación asociada principalmente a la deforestación y a la expansión de actividades agrícolas. A continuación, el sector energético aparece como otro componente significativo, debido al uso de combustibles fósiles en el transporte y en la generación eléctrica. Asimismo, la agricultura contribuye mediante emisiones de metano y óxido nitroso relacionadas con la actividad ganadera y el manejo de fertilizantes. Aunque con menor participación relativa, también se registran emisiones provenientes de procesos industriales y de la gestión de residuos, lo que confirma la naturaleza multisectorial del desafío climático.

A partir de esta estructura de emisiones, la política pública peruana ha incorporado diversos incentivos, programas y subsidios destinados a orientar las decisiones económicas hacia prácticas más sostenibles. En el ámbito forestal, existen beneficios tributarios y mecanismos de financiamiento orientados a promover la conservación, la reforestación y el manejo responsable de los recursos naturales. Paralelamente, en el sector energético se han implementado programas que facilitan el acceso a combustibles menos contaminantes y fomentan el uso de energías renovables en zonas rurales. También se han desarrollado medidas en transporte que buscan mejorar la eficiencia energética, incentivar tecnologías menos intensivas en carbono y apoyar la modernización del parque vehicular. Sin embargo, el análisis de estos instrumentos muestra que algunos generan señales contradictorias o incentivos que no siempre se alinean con las metas climáticas de largo plazo.

En consecuencia, la discusión sobre instrumentos económicos adquiere relevancia dentro de la estrategia de descarbonización. El concepto de asignar un costo a las emisiones surge desde la economía ambiental con el propósito de incorporar los daños ambientales en las decisiones de producción y consumo. Bajo este enfoque, diferentes mecanismos pueden modificar los incentivos del mercado y promover la adopción de tecnologías más limpias. Entre ellos se encuentran los impuestos sobre emisiones o combustibles fósiles, los sistemas de comercio de emisiones basados en límites y permisos negociables, así como los mercados voluntarios de carbono que permiten compensar emisiones mediante proyectos de reducción o captura. A su vez, existen medidas fiscales complementarias, tales como la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles o los pagos por servicios ambientales, que refuerzan la señal económica orientada a reducir emisiones.

No obstante, la adopción de estos instrumentos exige considerar factores institucionales, económicos y sociales. La determinación de un nivel de precio adecuado para el carbono requiere evaluar su impacto sobre la competitividad, el consumo energético y la distribución del ingreso. De igual forma, la aceptación política y social influye de manera significativa en la viabilidad de cualquier reforma fiscal vinculada al carbono. Por esta razón, los análisis técnicos han priorizado ciertos instrumentos con mayor potencial de adaptación al contexto peruano, tomando en cuenta la experiencia internacional, la estructura económica del país y la disponibilidad de información sobre emisiones.

En este sentido, se han identificado opciones como un impuesto nacional al carbono, el fortalecimiento del mercado voluntario de carbono, la posible implementación de un sistema de comercio de emisiones y el desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales. Estas alternativas no se plantean de forma aislada, sino como parte de una estrategia gradual que combine instrumentos regulatorios, fiscales y de mercado. Así, la transición hacia una economía baja en carbono se concibe como un proceso progresivo que requiere coordinación institucional, fortalecimiento técnico y mecanismos de compensación social capaces de equilibrar los objetivos ambientales con las necesidades de desarrollo económico.

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https://publications.iadb.org/es/instrumentos-de-precio-al-carbono-y-esquemas-fiscales-para-la-transicion-hacia-una-economia-baja-en

https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Instrumentos-de-precio-al-carbono-y-esquemas-fiscales-para-la-transicion-hacia-una-economia-baja-en-carbono-en-el-Peru.pdf